El nuevo decreto para la regularización permite considerar a los inmigrantes sin antecedentes penales si el país de origen no responde en un plazo de un mes y se presenta una declaración responsable.
Los criterios laborales y económicos para la regularización se flexibilizan notablemente, facilitando el acceso por simple situación de vulnerabilidad o por haber trabajado alguna vez en España.
El proceso será más rápido, con formularios simplificados y autorización provisional en 15 días, además de que se suspende automáticamente cualquier procedimiento de expulsión.
El Gobierno justifica la medida como una respuesta a una realidad social, mientras que la oposición alerta sobre un posible efecto llamada y el impacto en los servicios públicos.
El Gobierno ha establecido una regularización extraordinaria que, teóricamente, realiza un filtro basado en los antecedentes penales, pero que en la práctica permite una vía amplia sin controles de seguridad. Si el país de origen no responde «en un mes», bastará con que el solicitante firme una «declaración responsable» para que España «considere» que no ha cometido delitos.
De esta manera, la presunción de inocencia se transforma en una presunción administrativa de ausencia de antecedentes penales, sin necesidad de pruebas y con un plazo muy corto.
El detalle esencial está en las disposiciones del decreto aprobado el pasado martes en el Consejo de Ministros para regularizar, como mínimo, a 500.000 inmigrantes. La norma disminuye considerablemente las precauciones establecidas en el reglamento vigente desde 2024.
Lo que antes se consideraba una excepción «en circunstancias excepcionales debidamente justificadas» se transforma ahora en una norma general aplicable a toda esta regularización masiva.
Hasta ahora, el reglamento de extranjería requería al extranjero demostrar la ausencia de antecedentes penales en los países en los que hubiera residido durante los últimos cinco años. Solo se permitía una «excepción» en casos muy específicos y siempre con una justificación sólida de la imposibilidad de obtener el certificado.
La responsabilidad de aportar las pruebas recaía en el solicitante y la excepción estaba diseñada para contextos extremos, como estados fallidos, conflictos bélicos o persecuciones.
Sin embargo, con el nuevo reglamento, ese requisito desaparece. El texto establece que, si el país de origen no responde en un plazo de un mes, la Administración española informará al interesado.
A partir de entonces, el inmigrante puede «presentar una declaración responsable sobre la inexistencia de antecedentes penales». Y esa única firma bastará para interpretar que «no posee antecedentes penales» en esos países. No se requiere prueba ni se menciona una evaluación individual, contraviniendo lo que exige la UE.
Relajación del requisito laboral
Además, en España se facilita la cancelación de antecedentes penales vigentes. Si el extranjero tiene condenas susceptibles de cancelación, la responsabilidad se traslada desde el inmigrante a la propia Administración. Será el órgano encargado de tramitar la regularización quien notificará el caso al Ministerio de Justicia.
Los defensores del decreto alegan que muchos países no expiden los certificados penales en tiempos razonables.
Sostienen que un sistema riguroso dejaría «en el limbo» a personas que ya están integradas de facto en España. Sin embargo, sus críticos advierten que este sistema es un posible coladero y que no se puede «tratar a los inmigrantes como paquetes».
La configuración del resto de requisitos se orienta en la misma dirección. Formalmente, el decreto requiere tres condiciones para optar al «proceso extraordinario»: un vínculo laboral, una unidad familiar o una situación de vulnerabilidad.
No obstante, el tercero anula el sentido de los dos primeros, al asumir que cualquier migrante sin documentación está en situación vulnerable.
Además, será suficiente haber trabajado alguna vez durante la estancia en España (sin requerir una duración mínima) o presentar un contrato de trabajo (sin precisar duración ni jornada laboral).
En caso de no cumplir esas condiciones, se habilita la vía de la «vulnerabilidad», que puede acreditarse con informes de servicios sociales o del Tercer Sector. Sin embargo, el propio decreto introduce una nueva vía, pues la simple irregularidad administrativa se convierte en llave de acceso.
Otras facilidades
El régimen vigente hasta ahora establecía que el arraigo social requería dos años de residencia y medios económicos entre 600 y 1.200 euros mensuales dependiendo de la composición familiar. El arraigo sociolaboral exigía un contrato mínimo de seis meses, 20 horas por semana y un salario conforme al SMI.
Esta estructura se justificaba como un filtro para seleccionar a quienes ya estaban integrados.
El nuevo decreto baja ese umbral. La autorización única se concede con sólo cinco meses de residencia antes del 31 de diciembre de 2025. No requiere demostrar capacidad económica ni exige condiciones laborales específicas, como se mencionó antes.
Asimismo, el procedimiento se simplifica al máximo.
La Administración creará un formulario simplificado que podrá presentarse en diversas oficinas públicas, no únicamente en Extranjería.
Además, la admisión a trámite tendrá un plazo máximo de 15 días. Desde ese momento, el solicitante recibirá una autorización provisional para residir y trabajar en cualquier sector y territorio, tanto por cuenta propia como ajena. El plazo máximo de resolución será de tres meses, con trámite preferente.
De igual modo, la simple presentación de la solicitud detendrá automáticamente cualquier procedimiento de retorno o expulsión hasta que se resuelva el expediente.
Aunque este permiso de un año se presenta como un puente temporal hacia el sistema ordinario, la realidad es que, si el solicitante no accede a otra figura, el decreto permite prorrogarlo indefinidamente.
La protección se extiende también a familiares. Los hijos menores o mayores con discapacidad podrán regularizarse junto con sus padres, sin requisitos adicionales de residencia, medios económicos o vivienda, y con autorizaciones de hasta cinco años.
Lo mismo aplicará para los ascendientes de primer grado que convivan con el beneficiario.
Argumentos a favor y en contra
El Gobierno sostiene que se ofrece «una respuesta ordenada a una realidad ya existente»: cientos de miles de personas que ya residen en España. Señala que la regularización permitirá que coticen, paguen impuestos y salgan de la economía sumergida.
Subraya que la iniciativa responde a una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) respaldada por más de 700.000 firmas, aunque los criterios de selección se han modificado de manera significativa a la baja.
Por su parte, el PP califica la medida de «decisión irresponsable» y de «traición» a los socios europeos. Explica que el voto favorable del PP a la tramitación de la ILP en abril de 2024 buscaba garantizar una regularización «caso por caso» y considerar antecedentes policiales además de penales.
«Esto afectará a nuestros socios de la UE, porque los regularizados podrán circular libremente por toda la UE. Es también una traición al Pacto de Migración y Asilo que España ha firmado», denuncia la dirigente del PP Ester Muñoz.
La portavoz popular en el Congreso recuerda que «gobiernos del PP sí han realizado regularizaciones», pero insiste en que «cuando Aznar lo hizo fue conforme a la ley y sin un Pacto vigente en la UE». En ese entonces, en España residían menos de un millón de extranjeros, «y ahora se acercan a los ocho millones«.
Muñoz advierte sobre el impacto en los servicios públicos. «¿Se ha realizado un estudio sobre el estado actual de nuestros servicios públicos y cómo se pueden colapsar? Porque se jubilarán 5.000 médicos en los próximos años».
Además, alerta sobre el efecto llamada: «Decir que la gente puede venir sin control también es inhumano. Esto llevará a que más personas arriesguen sus vidas cruzando el mar».
Muñoz sostiene que la resolución del Ejecutivo responde, en realidad, a intereses electorales. «No lo hacen por ideología, sino por interés político: nada ha cambiado desde 2024 salvo que han perdido la mayoría parlamentaria… es deplorable este uso de las personas más vulnerables«.