«La responsabilidad sobre las personas que ya se encuentran en un país recae en los Estados miembro para decidir cómo actuar», subraya la Comisión, frustrando así el intento del PP y Vox de llevar la decisión de Sánchez a la UE
Este miércoles, la Comisión Europea ha dado a conocer un endurecimiento en su política de visados y retornos, con el objetivo de «prevener la migración irregular» y mantener «fronteras más firmes«. Esta medida contrasta notablemente y surge apenas dos días después de la decisión del Gobierno de España de regularizar a medio millón de inmigrantes.
Aunque no abordan exactamente los mismos aspectos —pues la primera se centra en la migración ilegal y la decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez busca legalizar la situación de quienes ya están en suelo español—, la diferencia en los enfoques es evidente. Más aún, pone en evidencia las discrepancias entre la postura predominante en la UE y la adoptada en España.
España ha quedado prácticamente aislada en su postura contraria a los centros Meloni de deportación fuera de la UE, manteniendo el Gobierno una estrategia basada en la cooperación estrecha con los países de origen para reducir los flujos migratorios. En Europa, sin embargo, casi nadie comparte esta visión. «Fronteras fuertes para la UE, que aseguren un control eficaz de las entradas en nuestra Unión, son esenciales para la política migratoria europea», explica la Comisión, que añade que «un retorno rápido, eficaz y digno es clave para el buen funcionamiento y credibilidad del sistema de migración y asilo».
Desde Bruselas, no obstante, evitan comentar la decisión española. «Conocemos la nueva ley aprobada en España. Las políticas y decisiones para regularizar la situación de nacionales de terceros países en situación irregular son competencia de los Estados miembro«, ha indicado el comisario de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, al ser preguntado sobre la compatibilidad de la nueva política de la Comisión con la medida de Sánchez.
«Sí que hay que diferenciar entre ilegal y legal, pero están relacionados, y por supuesto, hallar soluciones para las vías legales es también un tema en el que debemos trabajar», continuó Brunner, insistiendo luego: «Nuestro objetivo es prevenir, hacer todo lo posible para combatir la migración irregular. Pero este asunto es diferente. Se trata de personas que ya están en Estados miembros de la UE. En estos casos, es, por supuesto, competencia de los Estados miembros decidir cómo responder, cómo actuar y cómo gestionar la parte de migración legal y la mano de obra que sus países necesitan. Eso es lo que está haciendo España».
Las declaraciones del comisario austríaco resultan especialmente significativas al frenar a PP y Vox, que han intentado elevar el proceso de regularización masiva a nivel europeo, argumentando que si en España se produce un movimiento de tal escala, esto podría repercutir en el resto de países.
«El Partido Popular ha remitido a la Comisión Europea la regularización masiva de inmigrantes anunciada por el Gobierno de España para que analice si esta medida va en contra de los acuerdos de política migratoria europea, así como si una acción de tal magnitud puede aplicarse de forma general o, por el contrario, debe abordarse de manera individual, conforme a los compromisos de los Estados miembros», informaron fuentes del PP este mismo día.
Asimismo, la eurodiputada y vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, manifestó que las decisiones unilaterales en materia migratoria tienen «efectos que trascienden el ámbito nacional y afectan a toda la Unión Europea», por lo que considera esencial «garantizar el respeto a los compromisos europeos y la coherencia con el marco común de migración y asilo». Sin embargo, Bruselas ha sido contundente: no forma parte de sus competencias pronunciarse o legislar sobre este asunto.