La ministra provoca malestar en Garamendi al asumir su apoyo «sin haber remitido ni un solo documento» sobre el acuerdo con Podemos
La ministra portavoz, Elma Saiz, ha generado una crisis con la patronal CEOE al utilizar a los empresarios como herramienta contra el Partido Popular en la regularización de inmigrantes sin haberlos consultado previamente.
Fuentes oficiales de la patronal han informado a EL MUNDO que la ministra distorsionó la postura de CEOE al presentarla como respaldando la medida durante la rueda de prensa después del consejo de ministros el pasado martes: «La disyuntiva para el Partido Popular es evidente. ¿Está con la sociedad? ¿Con la Iglesia Católica? ¿Con la CEOE que valora positivamente esta medida o con Vox? Esa es la pregunta que debe responder el Partido Popular», afirmó Saiz.
«La ministra no representa a CEOE. No está autorizada para expresarse en nuestro nombre», aseguran desde la patronal. Añaden que su presidente, Antonio Garamendi, siente un profundo descontento hacia Saiz y desmienten que ella cuente con el respaldo de la organización. «En CEOE apoyamos una regularización ordenada, pero el Gobierno no nos ha facilitado ningún documento para emitir una opinión. Además, desaprobamos que una medida tan relevante no haya pasado por el Parlamento», afirman.
En su afán por atacar a la oposición, Saiz ha actuado con imprudencia, porque como ministra de Seguridad Social mantiene un contacto habitual con Garamendi y precisa la colaboración de la patronal para alcanzar acuerdos en el diálogo social.
La postura tradicional de CEOE apoya las regularizaciones, ya que facilitan la mano de obra para sectores que enfrentan creciente demanda, como construcción y hostelería. Las carencias actuales se suman al problema del absentismo laboral que, según Garamendi, implica que ya 1,6 millones de trabajadores no acudan diariamente a sus puestos.
No obstante, CEOE aclara que este respaldo general no equivale a un apoyo sin condiciones a la regularización pactada con Podemos. Un caso ilustrativo es la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), que se ha mostrado especialmente activa a favor de una regularización, pero condicionada a que los inmigrantes irregulares reciban cursos formativos rápidos antes de integrarse en la construcción de viviendas. Según la CNC, faltan aproximadamente 700,000 trabajadores en este sector clave para abordar el problema de la vivienda.
Por su parte, Elma Saiz no ha cambiado de postura, aunque ayer miércoles evitó volver a involucrar a CEOE. En declaraciones a Onda Cero, argumentó que apoyan la regularización «Cáritas y la Iglesia Católica», pero no mencionó nuevamente a la patronal.
La ministra no ha explicado en sus diferentes intervenciones por qué no impulsó esta regularización con anterioridad si, como ella misma recuerda, recibió un respaldo casi unánime en el Congreso de los Diputados -todos menos Vox- cuando se tramitó como Iniciativa Legislativa Popular (ILP) el 9 de abril de 2024. ¿Qué ocurrió para que no se transformara en una norma? «Se guardó en un cajón», declaró la responsable gubernamental. Sin embargo, atribuyó esta demora al principal partido de la oposición: «Es claro el cambio de postura del PP en todo lo relacionado con política migratoria».
El cambio público del líder de la oposición respecto a la regularización tuvo lugar a partir de septiembre de 2025, más de un año después de la aprobación parlamentaria.