Interior degradó su categoría tras defender ante el Director Adjunto Operativo al jefe de los antidisturbios.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid asestó un duro golpe al Ministerio del Interior al declarar nula la rebaja de categoría aplicada a un alto comisario de la Policía Nacional como represalia por su postura sobre el operativo durante la publicación de la sentencia del procés en Cataluña, octubre de 2019. Según una resolución a la que tuvo acceso EL MUNDO, el Tribunal autonómico respalda al comisario principal Tomás González de la Oliva, quien fue destituido al frente de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) tras confrontar su opinión sobre el operativo ejecutado en Barcelona el 1-O con la de José Ángel Jiménez, Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional y máxima autoridad del cuerpo, cargo designado por Grande-Marlaska.
La Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso dictaminó que la Dirección General de la Policía actuó en su contra. «Limitaron su derecho a la carrera horizontal» y González de la Oliva «ha tenido que soportar, de manera injusta e ilegal, permanecer indefinidamente en una plaza inferior a su cualificación». Se impuso a la Dirección General, a la que se acusa de «una flagrante irregularidad», la obligación de reinstalarlo en su rango profesional de comisario principal, el máximo dentro del cuerpo.
El conflicto que motivó la intervención judicial surgió a raíz de los sucesos en Barcelona en otoño de 2019, tras darse a conocer la condena a líderes independentistas por la consulta ilegal. La habitual «armonía» entre el DAO y el jefe de la UDEV Central se rompió. Esto ocurrió en una reunión que José Ángel Jiménez mantuvo con varios líderes sindicales, entre ellos González de la Oliva, quien representaba a la Escala Superior de la Policía Nacional y formaba parte del Consejo de Policía.
Fuentes fiables presentes en ese encuentro informan que el DAO expresó su intención de cesar al jefe de las Unidades de Intervención —los antidisturbios—, también comisario principal, Miguel Iguzquiza, por su insatisfacción con la gestión de las cargas policiales en Cataluña.
Después de ese anuncio, González de la Oliva advirtió que su sindicato no consentiría esa medida y recordó, según las mismas fuentes, que había participado en todas las decisiones junto con el Comisario General de Seguridad Ciudadana y el Jefe Superior de Cataluña.
«En esa reunión se pactó que Miguel Iguzquiza sería destinado como Consejero de Interior, tal como él solicitaba, en la embajada de Roma o Moscú», detallan. El 20 de septiembre de 2021, Interior destituyó a González de la Oliva y lo asignó coordinador zonal III de la Jefatura Superior de Madrid, cargo que aún ocupa. Este nuevo destino se ubica fuera de la capital, contrariando el artículo 6 del Reglamento y Funcionamiento Interno del Consejo de la Policía, que señala que los miembros «no pueden ser trasladados durante su mandato ni en el año siguiente a su finalización».
Desde su perspectiva, la asignación a este destino interrumpía su avance en la carrera policial —está en nivel 28 cuando los comisarios principales corresponden al nivel 29—, motivo por el cual solicitó la vacante de jefe de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO) de la Comisaría General de Policía Judicial. Dicha plaza no estaba ocupada por un comisario principal, requisito indispensable. Solicitó su asignación, que Interior rechazó.
Todas las principales unidades de investigación de la Comisaría General de Policía Judicial corresponden para ser dirigidas por comisarios principales con niveles asignados de 29 y 30. El 28 de marzo de 2023, González de la Oliva pidió que se convocaran todas las vacantes de nivel 29 en Madrid, pero su petición fue denegada.
Fuentes cercanas al cuerpo señalan que se ha implantado un sistema para cubrir estas jefaturas con policías «leales», ejecutado mediante comisiones de servicio. El comisario perjudicado por el Ministerio del Interior lleva más de cuatro años en comisión de servicios, en una plaza que, según las fuentes, «ha sido desprovista de funciones para hostigarlo, desacreditarlo y dejarlo aislado, situación que empeora con cada medida discrecional de los responsables en la Dirección General de la Policía».
«Tras cada concurso de vacantes en que no es asignado a ninguna de las plazas solicitadas, se le margina y provoca un retroceso en su carrera profesional, injustificable e irreversible». La sentencia, que es definitiva, lo confirma. «Se mantiene en contra de su voluntad en una plaza de nivel 28 bajo comisión de servicios desde 2021, habiendo superado ampliamente el periodo máximo para esta modalidad, pese a que podría acceder como titular a cualquiera de las numerosas vacantes nivel 29 si se convocaran».