Tampoco ha remitido el informe sexenal correspondiente al periodo 2019-2024 que evalúa el estado de conservación de las especies en peligro como el lobo ibérico
La Comisión Europea ha señalado a España por diversas normativas incumplidas, tanto en el ámbito económico como en el social, y ha iniciado procedimientos por vulnerar las reglas de protección laboral frente al amianto, no implementar las directivas de transparencia en créditos al consumo y contratos de servicios financieros, no simplificar las obligaciones informativas relativas al ruido ambiental, no actualizar los umbrales sobre el tamaño de las empresas y no remitir el informe sobre la situación del lobo.
El primer procedimiento de infracción se origina porque España no ha incorporado completamente a su legislación nacional las nuevas normas comunes destinadas a mejorar la protección de los trabajadores frente a la exposición al amianto. En concreto, la actualización legislativa establece límites más estrictos de exposición y medidas adicionales para reducir los riesgos asociados a este material carcinógeno.
El inicio del procedimiento de infracción se formaliza mediante una carta de emplazamiento enviada por los servicios comunitarios a las autoridades nacionales, otorgándoles un plazo de dos meses para solucionar la situación. Si no se logra una solución en ese tiempo, Bruselas puede conceder un nuevo período de diálogo de entre uno y dos meses antes de considerar llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).
España continúa sin aplicar normativas aprobadas en 2014
Otro procedimiento abierto se debe a que España no ha transpuesto completamente varias directivas sobre transparencia en créditos al consumo, contratos de servicios financieros suscritos en línea y mercados hipotecarios. En particular, la primera medida fue adoptada por la UE en 2014 y regula la actividad de los proveedores en préstamos hipotecarios dentro de la Unión, además de proteger a los consumidores que los firman.
La Comisión Europea indicó este jueves que corresponde al Gobierno español «decidir» sobre las soluciones legales para migrantes en España, dado que es una competencia nacional, a la vez que consideró que la regularización extraordinaria adoptada el miércoles es una opción legal viable para responder a las «necesidades» del mercado laboral. (Fuente: Comisión Europea)
Adicionalmente, la Comisión Europea ha abierto un expediente a España y otros 22 socios (todos excepto Italia, Dinamarca, Hungría y Eslovaquia) por no haber aplicado a nivel nacional la nueva directiva sobre contratos de crédito al consumo, que fue aprobada en 2023 para reflejar los cambios introducidos por la digitalización del mercado y fortalecer la transparencia en estas transacciones. Esta norma “persigue reforzar la protección del consumidor en el mercado de créditos, garantizando transparencia y equidad en las operaciones crediticias”.
Además, la CE llevará a España al Tribunal de Justicia de la UE por no completar la actualización de los umbrales que definen el tamaño de las empresas según su balance y volumen de negocios, según informó la institución mediante un comunicado. “La transposición de esta directiva es esencial para el funcionamiento del mercado único, ya que asegura la coherencia y comparabilidad de las categorías de tamaño en toda la Unión, y garantiza que empresas o grupos de tamaño similar estén sujetos a las mismas obligaciones jurídicas europeas”, defiende la Comisión.
Especies protegidas y ruido ambiental
La Comisión también ha puesto en cuestión a España por no haber presentado a Bruselas el informe de ejecución de la Directiva Hábitats que los Estados deben remitir cada seis años, con una evaluación del estado de conservación de los hábitats y especies cubiertos por la normativa. Los informes incluyen además información sobre las medidas de conservación adoptadas y la contribución de la red Natura 2000 a los objetivos de conservación fijados en las Directivas. España no ha entregado el documento correspondiente al período 2019-2024, cuyo plazo venció el 31 de julio de 2025.
En igual sentido, Bruselas ha abierto otro expediente por no remitir el informe sexenal correspondiente a los años 2019-2024 que evalúa el estado de conservación de las especies en peligro, el cual el Gobierno debía enviar a Europa antes del 31 de julio de 2025. Este documento evalúa la situación de las especies y sirve como base para definir las acciones de gestión que pueden implementarse sobre ellas.