España elimina sus reservas y respaldará la propuesta de que la UE clasifique a la Guardia Revolucionaria iraní como ‘entidad terrorista’ durante la reunión del Consejo de la UE en Bruselas.
El cambio de enfoque de España e Italia deja a Francia como el único país que se opone a la medida, argumentando riesgos para el diálogo diplomático y la liberación de ciudadanos franceses detenidos.
La incorporación de la Guardia Revolucionaria iraní en la lista de organizaciones terroristas pretende responder a la violenta represión en Irán, donde se han documentado miles de manifestantes asesinados y graves violaciones de derechos humanos.
Esta acción tendría repercusiones financieras y operativas para la Guardia Revolucionaria en Europa, dificultando su acceso a fondos y reduciendo su influencia en el área.
«España apoya las sanciones contra Irán, incluyendo las que afectan a la Guardia Revolucionaria». Así lo confirmaron fuentes oficiales del Ministerio de Asuntos Exteriores consultadas por este medio, con motivo de la reunión clave del Consejo de la UE que tendrá lugar este jueves en Bruselas.
Esta declaración refleja una modificación significativa en la postura, según confirmaron hasta tres fuentes oficiales presentes en la reunión previa, que antes indicaban la oposición del Gobierno de Pedro Sánchez.
El martes 13 de enero, en una reunión a puerta cerrada a nivel de embajadores, España, Francia e Italia bloquearon la clasificación de la Guardia Revolucionaria iraní como «entidad terrorista».
La propuesta, promovida por Alemania y Portugal, entre otros, formaba parte del paquete de sanciones por la represión de las protestas contra el régimen de los ayatolás.
De acuerdo a las mismas fuentes de Exteriores, José Manuel Albares respaldará que la UE incluya al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) en su lista de «entidades terroristas», conforme a la resolución que el Parlamento Europeo aprobó la semana pasada.
Este aparente cambio de rumbo de Madrid, que supuestamente ha retirado sus reparos legales frente a la medida, llega acompañado por la reversión de postura en Roma.
Antonio Tajani, ministro de Exteriores de Italia, anunció este lunes en su cuenta de X que promoverá la medida, considerándola una «respuesta contundente» al asesinato de decenas de miles de iraníes a manos del CGRI.
De esta forma, Francia queda aislada en su bloqueo, lo que impediría la aprobación de esta sanción que exige unanimidad. Sus argumentos son dobles.
Por un lado, temen que esta designación cierre prácticamente todos los canales de diálogo diplomático con Teherán, incluso los relacionados con el acuerdo nuclear y la seguridad regional.
Por otro lado, sostienen que catalogar a la Guardia Revolucionaria como terrorista podría entorpecer la liberación de ciudadanos franceses detenidos en Irán, en un contexto donde el régimen utiliza a los rehenes como herramienta de presión en negociaciones.
«Represión brutal»
En el resto de capitales, la balanza de fuerzas es clara. Alemania, Países Bajos, Portugal, Suecia, Austria, entre los promotores, y otros socios respaldan la iniciativa.
Consideran que es el único castigo coherente con la «represión brutal» de las manifestaciones y la participación del CGRI en la «desestabilización regional», desde los hutíes en Yemen a Hezbolá en Líbano y Hamás en Gaza.
En el terreno, la situación en Irán continúa marcada por violencia y terror. Las últimas estimaciones de ONG y redes de activistas indican hasta 20.000 manifestantes asesinados en enero, con picos mortales concentrados los días 8 y 9, durante un apagón informativo por el bloqueo de internet.
Organizaciones como Amnistía Internacional e Iran Human Rights documentan el uso sistemático de fuego real, ametralladoras pesadas, escopetas de perdigones y gases lacrimógenos contra multitudes indefensas. Se reportan ataques a hospitales, detenciones de personas heridas y desapariciones forzadas en diversas ciudades.
El balance represivo se completa con otras decenas de miles de arrestos. Redes de abogados y ONG alertan sobre juicios sumarios, amenazas explícitas de ejecuciones masivas por «moharebeh» (delito de odio contra Dios) y denuncias de torturas, agresiones sexuales y administración de sustancias desconocidas a detenidos políticos.
Dentro de este contexto, declarar al CGRI «entidad terrorista» representaría «mucho más que un mero símbolo», según fuentes populares y socialistas en el Parlamento Europeo explican.
Esto supondría «interrumpir su financiación internacional» vinculada a bancos o intermediarios europeos, «restringir su influencia en grupos y ONG asentadas en la UE» y, en última instancia, «proteger las democracias» frente a interferencias y operaciones encubiertas.
Ausencia de vetos formales
El proceso negociador en el Consejo ha sido complejo desde la reunión de embajadores del 13 de enero. Ese encuentro del Comité Político y de Seguridad en Bruselas se llevó a cabo en formato reducido y, según fuentes diplomáticas, sirvió para medir posiciones, no para concluir una decisión definitiva.
En ese momento, varias capitales señalaron a España e Italia, junto con Francia, como obstáculos claros para la inclusión del CGRI en la lista terrorista.
Actualmente, fuentes cercanas desmienten que Madrid bloquease entonces la decisión y señalan que es «un proceso en desarrollo, no vetos formales», donde España «planteó dudas jurídicas y políticas que ya se han resuelto».
Esas dudas giraban en torno al hecho de que la Guardia Revolucionaria forma parte de las fuerzas armadas de un Estado soberano, y la necesidad de adecuar su designación al marco jurídico europeo, originalmente pensado para grupos no estatales, sin romper los mínimos canales de interlocución con Teherán.
Mientras tanto, el Parlamento Europeo ha avanzado notablemente.
La presidenta Roberta Metsola envió el 12 de enero una carta a la Comisión, a la Alta Representante y al Consejo, a la que este diario tuvo acceso, instándoles a utilizar «todos los medios disponibles» para responder a la represión, «incluyendo la designación del CGRI como organización terrorista».
Además, el 22 de enero, la Eurocámara aprobó una resolución en esta dirección, con amplias mayorías entre populares, socialistas y liberales.
En España, voces como la del popular Antonio López-Istúriz llevan años demandando este paso. Eurodiputadas socialistas como Hana Jalloul han defendido una postura firme contra el régimen por su rol regional y apoyo a grupos como Hezbolá, los hutíes o Hamás, subrayando que «es momento de actuar con firmeza» cuando el sistema está debilitado y la sociedad iraní se moviliza.