Se calcula que cerca de medio millón de personas podrán aprovechar este proceso de regularización extraordinaria aprobado por el Gobierno, que comenzará en abril de este año y permanecerá abierto hasta el 30 de junio
Fruto de un acuerdo con Podemos, el Gobierno llevará a cabo una regularización de migrantes que enfrenta la oposición de PP y Vox.
El Gobierno de España ha iniciado los procedimientos para una regularización extraordinaria de migrantes que otorgará a aproximadamente medio millón de extranjeros en situación irregular el acceso a derechos y mejores condiciones laborales. Esta medida, resultado del acuerdo entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Podemos, tiene como objetivo asegurar la integración de quienes ya residen en el país y responde a las demandas del propio movimiento migrante y organizaciones sociales para fortalecer la protección de este colectivo. El proceso comenzará en abril y estará disponible hasta el 30 de junio (un periodo de tres meses).
Sin embargo, de acuerdo con los cálculos del centro de análisis Funcas (Fundación de las Cajas de Ahorros), alrededor de 840.000 personas viven en España en situación administrativa irregular, lo que representa el 17,2% de los extranjeros procedentes de fuera de la Unión Europea. Estos datos, con corte al 1 de enero de 2025, muestran un aumento considerable y sostenido en comparación con 2017, cuando la cifra estimada era aproximadamente 107.000 extranjeros en esta condición.
Requisitos para quienes soliciten
La nueva regulación está dirigida principalmente a solicitantes de protección internacional que puedan demostrar una residencia continua en España de al menos cinco meses antes de presentar la solicitud y que hayan ingresado al país antes del 31 de diciembre de 2025. La permanencia podrá acreditarse con cualquier documento público o privado, ampliando así las vías de acceso al proceso.
Entre los requisitos estipulados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones está la ausencia de antecedentes penales y no representar un riesgo para el orden público, conforme a los principios del Estado de Derecho. La autorización otorgada será de residencia con permiso de trabajo, válida en todo el territorio nacional y cualquier sector laboral. Por lo tanto, la autorización inicial tendrá una duración de un año y permitirá posteriormente integrarse a las modalidades ordinarias del Reglamento de Extranjería, lo que, según el Gobierno, “favorece una integración progresiva y estable”.
Un aspecto relevante es la protección de la unidad familiar, puesto que la regularización contempla que los hijos e hijas menores ya presentes en el país puedan acceder simultáneamente a la residencia regularizada, con una vigencia de cinco años para ellos. Según fuentes del ministerio dirigido por Elma Saiz, esta medida responde a la necesidad de asegurar la estabilidad de las familias y prevenir situaciones de abandono.
El tiempo máximo para la tramitación será de tres meses, aunque la admisión a trámite —resuelta en un plazo máximo de quince días— permitirá a los beneficiarios comenzar a trabajar desde el primer día. Esta disposición busca reducir la economía sumergida y la explotación laboral, facilitando la incorporación inmediata al empleo formal y la cotización a la Seguridad Social.
Desde el Gobierno afirman que esta regularización extraordinaria “refuerza un modelo de política migratoria basado en los derechos humanos, la integración y la convivencia, compatible con el crecimiento económico y la cohesión social”. Según datos del ministerio, esta medida beneficiará tanto a las personas migrantes, quienes adquieren derechos y protección, como a las empresas, que obtienen mayor seguridad jurídica al contratar. Además, la regularización contribuirá a reducir la economía informal, fenómeno ligado a la precariedad y la falta de protección laboral.
Las solicitudes podrán presentarse, según el calendario oficial, a partir de abril y hasta el 30 de junio de 2026, tras haberse completado los trámites del Real Decreto que regula este proceso.
Séptima regularización extraordinaria en España
La nueva regularización extraordinaria acordada entre el PSOE y Podemos no es la primera en la historia reciente de España. En realidad, es la séptima ocasión en que el país utiliza este mecanismo para abordar la situación irregular de miles de migrantes. A lo largo de las últimas décadas, tanto gobiernos del PSOE como del Partido Popular (PP) han impulsado regularizaciones masivas.
En 1986, bajo el mandato del socialista Felipe González, se realizó la primera regularización extraordinaria, beneficiando a unas 400.000 personas. Entre 1991 y 1992, también durante un gobierno del PSOE, más de 100.000 personas lograron obtener regularización. Posteriormente, bajo administraciones del PP, se implementaron otras regularizaciones extraordinarias en los años 1996, 2000 y 2001.
En 2005, durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, se llevó a cabo la regularización más amplia, que permitió a casi 600.000 personas acceder a la residencia legal.