Se dirigirá a la Justicia para pedir «la suspensión inmediata de cualquier trámite de regularización extraordinaria»
Vox ya contempla acudir a los tribunales con la intención de impedir la regularización de inmigrantes que el Consejo de Ministros aprobará este martes. La medida se tramitará mediante un real decreto, lo que evita la necesidad de obtener la aprobación del Congreso; aunque gobiernos anteriores ya han usado esta vía para legalizar la situación de personas inmigrantes, el partido de Santiago Abascal ahora busca que la Justicia frene esta nueva regularización.
La portavoz parlamentaria de Vox, Pepa Millán, anunció este martes que su partido interpondrá un recurso contra el decreto ante el Tribunal Supremo. Según explicó, con esta acción pedirán «la suspensión inmediata de cualquier regularización extraordinaria».
El líder de la delegación de Vox en Bruselas y coordinador jurídico del partido, Jorge Buxadé, señaló que solicitarán al Supremo la adopción de «medidas cautelares» para detener el trámite de las regularizaciones. Este dirigente calificó de «escándalo» la posibilidad de que, en el futuro, el Alto Tribunal dictamine la anulación del real decreto, «sin que se puedan revertir los graves daños causados a empresas, trabajadores, servicios públicos sanitarios o a las arcas públicas».
La iniciativa que hoy recibirá luz verde en La Moncloa permitirá que cerca de medio millón de inmigrantes residentes actualmente en España puedan legalizar su estatus. Esta regularización extraordinaria, que será la séptima en democracia, cuenta con un amplio respaldo social, ya que, además de las formaciones de izquierda que la apoyan, se suman más de 600.000 personas que firmaron una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) con objetivos similares hace más de un año. La Iglesia también ha celebrado su aprobación.
No obstante, para Vox, esta medida significa que «el PSOE está destruyendo España». «No solo ataca nuestra identidad, que será el primer efecto de esta medida, sino que también la colapsa», afirmó Millán, responsabilizando al partido gobernante de pretender «incorporar de golpe a todos estos inmigrantes en unos servicios públicos ya saturados». Abascal, en sus redes sociales, calificó esta iniciativa como «un nuevo crimen de [Pedro] Sánchez que atenta directamente contra la soberanía y la convivencia».
«Todo con tal de que Sánchez permanezca unos meses más en La Moncloa, mientras se premia la ilegalidad y se castiga a los españoles con impuestos abusivos», criticó la portavoz de Vox, quien considera que esta regularización incentiva «el efecto llamada» y provoca una «sustitución del censo». Sin embargo, conviene aclarar que la iniciativa promovida desde La Moncloa no otorga la nacionalidad española a los inmigrantes, por lo que no podrán votar en elecciones autonómicas ni generales.
En relación con la medida que este martes aprobará el Consejo de Ministros, Millán elevó el tono del discurso habitual de Vox sobre esta cuestión, afirmando que España «no puede permitirse más inmigración, sea cual sea su origen o el tiempo que lleven aquí». «Los nacionales», según su opinión, «deben tener preferencia», y considera que la regularización anunciada por el Gobierno contradice este principio.