La ministra de Inclusión y Migraciones, Elma Saiz, destaca a Podemos frente a Sumar en la gestión de la medida: «Ha sido quien más ha trabajado»
Los inmigrantes en situación administrativa irregular que cumplan los requisitos para acceder a la regularización extraordinaria acordada por el Gobierno con Podemos podrán presentar sus solicitudes desde abril hasta el 30 de junio. Así lo ha explicado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en La hora de la 1. Señaló que «desde el momento de la petición, habrá un plazo máximo de 15 días» para admitirla a trámite.
El Ejecutivo busca ofrecer una respuesta «ágil, eficaz y segura» a estos colectivos, comprometiéndose a resolver las solicitudes en un periodo limitado que no supere los tres meses. No obstante, aseguran que la mera admisión a trámite habilitará a estas personas para comenzar a trabajar.
Todas aquellas personas que antes del 31 de diciembre de 2025 hayan solicitado protección internacional o hayan permanecido al menos cinco meses en España antes de esa fecha podrán acceder a esta medida tras acreditar dichas condiciones. Además, deberán demostrar la ausencia de antecedentes penales.
Fuentes del Ministerio de Inclusión afirman que la autorización otorgada corresponderá a una residencia con permiso de trabajo. Esto no conlleva la concesión automática de la nacionalidad española –no les permitirá votar en elecciones autonómicas ni generales– ni ofrece acceso inmediato a prestaciones no contributivas. Desde el inicio del trámite, esas personas podrán «emplearse en cualquier sector y lugar del país», remarcó la ministra.
En esta línea, Saiz recordó que «el 14% de los afiliados a la Seguridad Social son extranjeros», lo que evidencia «esa aportación positiva al conjunto de la sociedad». Esta regularización conllevará un incremento en la recaudación fiscal y en los ingresos del sistema de pensiones. «El impacto real y positivo es evidente a diario», afirmó la ministra.
Asimismo, esta regularización busca «proteger la unidad familiar», permitiendo la regularización simultánea de hijos menores que ya residan en España. Desde el ministerio señalan que en estos casos la vigencia será de 5 años.
La última regularización extraordinaria masiva de inmigrantes se realizó bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en 2005. Se recibieron 691.655 solicitudes y finalmente se concedió la regularización a 565.121 personas, cerca del 82% de quienes la solicitaron.
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Impacto social
Un informe de Funcas publicado este lunes señala que, a fecha 1 de enero de 2025, residían en España 840.000 personas sin papeles. El 60% de estas personas podrían beneficiarse de la regularización extraordinaria pactada por el Ejecutivo y Podemos, que será impulsada mediante un real decreto que superará la aprobación del Congreso.
El sindicato de Policía Nacional Jupol advirtió este martes sobre el «impacto operativo y funcional» que podría ocasionar esta regularización extraordinaria. Las unidades de Extranjería, indican, «ya están saturadas en la mayoría del territorio nacional». Esa sobrecarga es una de las causas que habrían motivado la irregularidad administrativa de algunos beneficiarios de esta medida.
También se prevé que el aumento de población legal afecte servicios públicos como la sanidad y sectores tensionados como el mercado de la vivienda, debido a la subida inmediata de la demanda frente a la escasez de oferta.
Por otra parte, el Sindicato Unificado de Policía advirtió que «no tener antecedentes penales no equivale a no tener antecedentes policiales», dado que hay personas relacionadas con delitos que todavía no han sido condenadas.
Vía de urgencia
El acuerdo con Podemos surgió a partir de una movilización ciudadana que reunió 700.000 firmas para respaldar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que llevaba más de un año y medio «guardada en un cajón» en el Congreso, recordó la ministra. En este sentido, Saiz valoró el esfuerzo de Podemos para impulsar la medida: «Ha sido uno de los grupos con mayor dedicación».
Asimismo, Elma Saiz detalló que la vía seleccionada para implementar la medida es compatible con la «modificación del reglamento de la Ley de Extranjería [vigente desde el 20 de mayo de 2025], respetando el marco constitucional y la jerarquía normativa».
Las fuentes ministeriales destacan que, «ante la urgencia social y el amplio consenso político, económico y social», el Gobierno optó por la vía de urgencia, que resulta «plenamente compatible con el debate legislativo».
Claves de la medida
Desplegable
¿Quién puede solicitarlo?
Personas que al 31 de diciembre hayan residido al menos cinco meses en España o que hayan solicitado protección internacional y puedan acreditarlo. También deberán demostrar ausencia de antecedentes penales.
¿Cuándo podrán solicitarlo?
El plazo para presentar las solicitudes comenzará a principios de abril y concluirá el 30 de junio. Las peticiones se tramitarán en un máximo de 15 días. Desde la admisión, los solicitantes podrán comenzar a trabajar.
¿Cuánto tardarán en resolverse?
El Gobierno se ha comprometido a resolver estas solicitudes en un plazo máximo de tres meses. La aprobación no implica la obtención de la nacionalidad española –por lo tanto, no podrán votar en elecciones autonómicas ni generales– ni el acceso inmediato a las prestaciones no contributivas.
Se estima que esta medida beneficiará a más de medio millón de personas. Sería la segunda regularización extraordinaria de inmigrantes más grande desde la realizada en 2005 por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que otorgó documentación a 576.506 personas.
Antes, José María Aznar impulsó dos regularizaciones, en 2001 y 2000, con más de 200.000 personas cada una; y Felipe González promovió tres: en 1986 (38.294 personas), entre 1991 y 1992 (114.423), y en 1996 (21.294).