Ábalos entrega su escaño en el Congreso pero mantiene su proceso judicial en el Supremo por supuesto caso de corrupción

El diputado José Luis Ábalos durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados

José Luis Ábalos ha abandonado su escaño como diputado mientras permanece en prisión preventiva en relación con el caso de la adquisición de mascarillas durante la crisis sanitaria.

La Fiscalía Anticorrupción solicita una condena de 24 años de cárcel para Ábalos; por su parte, las acusaciones populares reclaman hasta 30 años de prisión.

El desistimiento de su acta no impedirá que el primer proceso judicial contra Ábalos se lleve a cabo en el Tribunal Supremo, dado que el juicio ya estaba programado.

La investigación sobre la supuesta adjudicación de contratos públicos a cambio de sobornos continuará en la Audiencia Nacional tras la pérdida del fuero que tenía Ábalos.

José Luis Ábalos renunció este miércoles a su escaño en el Congreso, según anunció su perfil oficial en Twitter.

En la actualidad, Ábalos se encuentra en prisión provisional, a la espera del juicio en su contra vinculado a una parte del denominado caso Ábalos.

Concretamente, se le imputa por presuntas irregularidades en la adquisición de millones de mascarillas por parte del Ministerio de Transportes, en los primeros meses de la pandemia de Covid-19, compradas a la empresa Soluciones de Gestión SL.

Fuentes del Tribunal Supremo (TS) aclaran que, en principio, la renuncia a su escaño no impedirá que el referido tribunal celebre el juicio, ya programado previamente.

La Fiscalía Anticorrupción reclama para Ábalos una pena de 24 años de prisión, mientras que las acusaciones populares, encabezadas por el Partido Popular, solicitan penas que alcanzan los 30 años.

Estas fuentes añaden que la jurisprudencia establece que la competencia del tribunal supremo se mantiene si la pérdida del fuero ocurre después de la apertura del juicio oral, como es este caso.

La audiencia preliminar está prevista para el 13 de febrero, fecha en la que se podrá analizar si el Supremo continúa con su jurisdicción sobre el asunto.

En 2014, la Sala Penal del TS emitió una resolución que aborda las consecuencias de perder el fuero tras la renuncia del acusado.

En dicha resolución se establece que, en procedimientos con aforados, el tribunal mantiene la competencia definitiva una vez se dicta la apertura del juicio oral, incluso si posteriormente se pierde el estatus de aforado.

Este es precisamente el escenario en el que se encuentra este caso: el juicio ante la Sala Penal del Supremo ya está fijado y la renuncia de Ábalos a su acta de diputado se produjo después de ello.

No obstante, esta acción implicará que Leopoldo Puente, magistrado del Supremo que hasta ahora investigaba otra pieza separada del caso Ábalos —relativa a la supuesta adjudicación fraudulenta de obras públicas en Transportes a cambio de sobornos percibidos por Ábalos, su asistente Koldo García y el exdirigente socialista Santos Cerdán según las pesquisas—, pierda su competencia.

Esta parte del caso probablemente continuará siendo investigada en la Audiencia Nacional debido a la pérdida del fuero de Ábalos tras la renuncia a su escaño.

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