Moncloa intentó impulsar cambios en áreas como vivienda y política exterior, pero esa estrategia ha terminado colapsando
Quienes recorren los pasillos de La Moncloa durante la noche aseguran que existen habitaciones donde la luz permanece encendida hasta entrada la madrugada. Además de las jornadas en las que el tiempo escasea para afrontar crisis como la actual por el accidente de tren en Adamuz, que ha provocado la muerte de 45 personas, o el caos en Rodalies —donde el mal funcionamiento y el fallecimiento de un maquinista tras el derrumbe de un muro por el temporal han generado tensión—, también se trasnocha reflexionando sobre la estrategia y el porvenir. En algunas de esas estancias donde más tarde se apaga la luz, durante la Navidad se debatió cómo enfrentar el arranque del año para retomar la iniciativa, después de que el Gobierno llegara a finales de 2025 en una situación crítica debido a casos de corrupción y abusos sexuales perpetrados por integrantes del PSOE.
Se concibió un cambio de rumbo, centrado en medidas sociales, como vivienda, y en iniciativas que el Gobierno pudiera respaldar sin necesidad de aprobación parlamentaria, además de en política exterior, con un enfrentamiento a las posiciones de Donald Trump. No obstante, la tragedia ferroviaria y los problemas en la red, principalmente en Cataluña pero también en otras áreas del país, han desbaratado esta estrategia.
Dentro del PSOE y el Ejecutivo existen posturas distintas acerca del efecto que la tragedia en Adamuz o el caos en Rodalies pueda tener en sus expectativas. «Nos perjudicará. Son millones las personas que usan el tren», argumentan algunos; mientras que otros consideran que la gestión y las explicaciones del ministro Óscar Puente son suficientemente válidas para no desestabilizar aún más el gobierno. «Comprendemos que debe haber control sobre lo ocurrido, pero habrá momento para exigir responsabilidades», indican fuentes socialistas.
Ayer, durante la reunión de la dirección nacional del PSOE en Ferraz, en las intervenciones que se realizaron, comenzando por Pedro Sánchez, los participantes aprovecharon para respaldar a Puente y «elogiar su gestión», según testigos, justo cuando incluso el gobierno catalán, también socialista, reclamaba que Renfe asumiera responsabilidades.
Además de ver bloqueado su objetivo de retomar la iniciativa con una agenda social, política internacional y enfrentamiento con las comunidades del PP, se añade que uno de los integrantes más cercanos al presidente del Gobierno está en el centro de las críticas. Puente es uno de los ministros políticos, quienes actúan como portavoces y protectores, y, según explican en el equipo de Sánchez, transmite lo que el jefe del Ejecutivo no puede decir. Asimismo, es uno de los que gozan de mayor respaldo entre la militancia.
En estos primeros meses de 2026, Sánchez buscaba recuperar el aliento, enfocarse en la gestión de los servicios públicos y volver a desafiar a las comunidades del PP. La disposición para enviar tropas a Ucrania o Palestina en misiones de paz, el acuerdo con la Iglesia para compensar a víctimas de abusos, la nueva financiación autonómica para aumentar los fondos hacia los servicios públicos regionales, y el pacto con Podemos para una regularización extraordinaria de personas migrantes forman parte de esa hoja de ruta, que ahora está desplazada. Además, con esos gestos hacia ERC, Bildu, PNV o Podemos, Sánchez pretende recomponer la frágil coalición que lo sostiene.