Todas las medidas sociales, fiscales y económicas vigentes desde diciembre quedan anuladas, y el Ejecutivo deberá buscar nuevas alternativas para asegurar pensiones, ayudas a colectivos vulnerables y apoyos a autónomos y empresas
El Congreso de los Diputados rechazó este martes el real decreto ley conocido como ómnibus, una normativa que agrupaba diversas medidas económicas, sociales y fiscales. La votación contó con el rechazo de PP, Vox, Junts y UPN, provocando que su contenido quede completamente derogado y deje de tener validez en cuanto se publique el resultado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Este decreto fue respaldado de manera provisional por el Gobierno a finales del año pasado y congregaba iniciativas de distintas áreas. Entre las más significativas se encontraban la revalorización de las pensiones basada en el IPC, la prórroga de la suspensión de desahucios para familias vulnerables y la continuidad de diversas ayudas relacionadas con el coste de la energía, la fiscalidad y el respaldo a empresas y autónomos. Su rechazo implica la desaparición conjunta de todas estas medidas, sin excepción.
Pensiones y escudo social en estado de incertidumbre
La disposición de mayor impacto social es, sin duda, el aumento de las pensiones. El texto contemplaba una revalorización del 2,7% conforme a lo establecido en el Pacto de Toledo, que aconseja mantener el poder adquisitivo de los pensionistas. Aunque el Gobierno ya ha efectuado el pago de enero con dicho incremento, la falta de apoyo parlamentario obliga a aprobar una nueva normativa para garantizar que el alza se mantenga durante los próximos meses. De no ser así, la actualización quedaría en suspenso, lo que afecta a más de nueve millones de beneficiarios.
Otro de los fundamentos del decreto era la extensión del denominado “escudo social” en materia de vivienda. La regulación prohibía temporalmente los desahucios de familias en situación vulnerable y prorrogaría esta protección mientras se mantuvieran las actuales dificultades económicas. Con la derogación, esta salvaguarda desaparece, así como la prohibición de cortar suministros básicos como electricidad, agua o gas a estos grupos. También se elimina la ampliación del bono social eléctrico, un descuento en la factura de luz destinado a hogares con bajos ingresos.
El alcance económico de las medidas que pierden vigencia
El efecto también se percibe en los trabajadores autónomos. El real decreto incluía la congelación de algunas cuotas a la Seguridad Social y la ampliación de los límites para tributar bajo el régimen de módulos, un sistema simplificado muy común en pequeños negocios. Estas prórrogas buscaban aliviar la carga de los autónomos ante la alta inflación y el aumento de costes. Con la derogación, se restablecen las reglas originales, implicando un mayor peso de obligaciones para parte de este colectivo.
El Pleno del Congreso, con los votos de PP, Vox y Junts, ha dejado sin efecto este martes el decreto ley del llamado 'escudo social', que contenía la revalorización de las pensiones y la prohibición de desahucios y cortes de suministros básicos para personas en situación vulnerable. (Fuente: Europa Press/Congreso)
En el ámbito fiscal, el texto ahora derogado incluía una amplia variedad de incentivos y alivios. Entre ellos se destacaban las bonificaciones para la adquisición de vehículos eléctricos, pieza esencial dentro de la estrategia para promover la movilidad sostenible, y varias ayudas tributarias para personas y empresas afectadas por desastres naturales recientes, como inundaciones o incendios. También se eliminaba la obligación para quienes reciben prestaciones por desempleo de presentar la declaración de la renta, simplificando así los trámites para desempleados con menores ingresos, pero esta medida queda ahora sin efecto.
Las empresas tampoco resultan indemnes ante el rechazo parlamentario. El decreto prorrogaba un criterio contable excepcional que permitía no contabilizar las pérdidas sufridas durante 2020 y 2021, los dos años más complicados de la pandemia, en la determinación de si una sociedad debía disolverse por causa legal. Esta flexibilidad estaba vigente hasta 2026 y buscaba evitar cierres empresariales derivados de un impacto extraordinario ya superado. Con la derogación, muchas compañías enfrentan nuevamente requisitos más estrictos.
La norma incluía también disposiciones específicas para ciertos colectivos profesionales, como una cotización adicional que facilitaba la jubilación anticipada de bomberos forestales y agentes medioambientales. Esta disposición desaparece con la caída del decreto.
Conflicto político y desafío legislativo para el Gobierno
Desde el punto de vista político, los partidos que votaron en contra argumentaron que el texto incorporaba temas muy diversos. Aunque algunos manifestaron disposición para respaldar la revalorización de las pensiones mediante una norma específica, rechazaron un decreto que, a su juicio, incluía medidas controvertidas, particularmente en materia de vivienda.
Incluso entre los socios del Gobierno se registraron críticas al planteamiento, considerando que algunas protecciones trasladaban el costo a propietarios privados o que el escudo social debería establecerse con carácter permanente.