La pareja de Ayuso critica a la máxima representante del Ministerio Fiscal por no haber informado oficialmente sobre la decisión tomada, a pesar de ser la víctima directa del delito de revelación.
El empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha presentado un recurso contra la polémica resolución de la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, quien decidió eximir a Álvaro García Ortiz de la expulsión y suspensión dentro de la carrera fiscal, pese a su condena por el Tribunal Supremo. Según informó EL MUNDO, el 23 de diciembre, Peramato emitió un decreto donde determinó que el ex fiscal general del Estado, condenado por revelar datos confidenciales del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, no debe ser separado de la carrera fiscal a pesar del delito doloso por el que fue sentenciado.
Actualmente, González Amador, que actuó como querellante y parte acusadora en el proceso penal, ha impugnado el decreto emitido por la fiscal general, del cual Peramato no informó a la opinión pública, a pesar de la relevancia del caso.
Fuentes jurídicas señalan que en el recurso de reposición, la pareja de Ayuso reprocha a la máxima autoridad del Ministerio Fiscal no haberlo notificado oficialmente sobre la decisión adoptada, siendo él la parte directamente afectada por el delito de revelación. González Amador solicita además su incorporación formal como interesado en el expediente administrativo y denuncia la falta de comunicación sobre el inicio del procedimiento o cualquier resolución vinculada, lo que le impidió ejercer sus derechos.
En noviembre pasado, la Sala de lo Penal condenó a García Ortiz al pago de una multa de 7.200 euros y a la inhabilitación especial para ocupar el cargo de fiscal general durante dos años. La misma Sala ordenó una indemnización de 10.000 euros a Alberto González Amador por daños morales, como parte civil. En su fallo, el Supremo aclaró que no era competente para determinar las «consecuencias» administrativas o disciplinarias derivadas de la condena.
No obstante, como primera medida significativa en su gestión, Peramato estableció, en pocos días, que la condena penal de García Ortiz no tendría repercusiones —ni expulsión ni suspensión— sobre su antecesor, manifestando públicamente al asumir el cargo que sentía «respeto» y «admiración» hacia él.
Esta decisión de la Fiscalía General se fundamentó en la interpretación de la Sala Tercera del Tribunal Supremo en la sentencia STS 1604/2017, que indicó: «Es cierto que quienes formen parte de la Carrera Judicial o Fiscal y sean condenados por delito doloso solo perderán su condición si se les impone una pena privativa de libertad superior a seis meses, conforme al artículo 379.1.d) de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el art. 44.2º del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Si la condena es inferior a seis meses de prisión, el Consejo General del Poder Judicial o el Fiscal General del Estado, motivadamente y atendiendo a la gravedad del delito, pueden sustituir la pérdida de la condición por una suspensión de hasta tres años. Sin embargo, si la condena dolosa no incluye pena privativa de libertad, no se perderá la condición judicial o fiscal».
No obstante, la defensa de la pareja de Ayuso rechaza esta argumentación en su recurso, señalando que la jurisdicción contencioso-administrativa «nunca» se ha pronunciado, ni existe jurisprudencia, sobre lo establecido por Peramato en el decreto del 23 de diciembre de 2025. Según aclara, el artículo 46.2 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal refiere como causa de pérdida de la condición de fiscal no la imposición de penas de inhabilitación para cargos públicos, sino exclusivamente a condenas que implican inhabilitación para el ejercicio dentro de la carrera fiscal.
El abogado de González Amador enfatiza que la jurisdicción contencioso-administrativa «nunca» ha determinado que el EOMF y su Reglamento consideren como motivo de inhabilitación (para acceso, suspensión, reingreso y rehabilitación en la carrera fiscal) no los delitos dolosos, sino las condenas privativas de libertad por estos delitos.
Además, indica que la sentencia a la que hace referencia Peramato en su decreto, emitida por la Sala Tercera del TS, no examina un supuesto de hecho comparable o similar al caso actual, ya que trata sobre el acceso de un aspirante a la carrera judicial con antecedentes penales al momento de concurrir a la oposición, a quien se le negó el ingreso pese a aprobar por esta causa.
El abogado Gabriel Rodríguez-Ramos recuerda que dicha resolución del Alto Tribunal no decide sobre la aplicación del EOMF ni del Reglamento Orgánico de la Fiscalía vigente en aquel momento.
Por estas razones, la defensa de la pareja de Ayuso solicita acceso al expediente administrativo, que se retrotraigan las actuaciones al trámite de audiencia de las partes interesadas y que se anule el decreto del 23 de diciembre de 2025 dictado por Peramato. En este contexto, González Amador pide que se declare la incapacidad de García Ortiz para ejercer funciones fiscales y la pérdida de su condición de fiscal. Añade que dicho individuo contará con antecedentes penales al menos hasta el 22 de enero de 2029.
Finalmente, el empresario exige que la Inspección Fiscal inicie un expediente disciplinario tanto contra el ex fiscal general como contra la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por su participación en las diligencias relacionadas con la posible comisión de un delito de fraude fiscal por parte del novio de la presidenta del PP madrileño.