El Ejecutivo tiene previsto llevar a cabo una regularización masiva de más de 500.000 inmigrantes en situación irregular mediante un real decreto, eludiendo así el debate parlamentario.
Feijóo critica al Gobierno de Sánchez por «premiar la ilegalidad» y sostiene que solo aquellos que aportan y cumplen la ley deberían tener derecho a permanecer en España.
Especialistas en derecho administrativo ponen en duda la legalidad de esta medida, dado que la Ley de Extranjería no contempla una regularización de esta magnitud por real decreto.
El PP advierte que esta regularización masiva incrementará la presión sobre los servicios públicos y perpetuará la precariedad laboral y social.
El lunes, el Gobierno anunció a través de Podemos una regularización masiva de inmigrantes en situación ilegal. La iniciativa afectaría a más de 500.000 personas y se implementaría mediante un real decreto, evitando así debates y votaciones en el Parlamento.
Alberto Núñez Feijóo reaccionó con firmeza. El líder del PP acusa al Gobierno de «premiar la ilegalidad» y de incumplir sus propias normas en este ámbito. En declaraciones a este medio, Feijóo destacó que su partido defiende una política migratoria totalmente diferente.
El pasado octubre, el PP presentó su Plan Nacional para una Inmigración Legal, Ordenada y Mutuamente Beneficiosa. En dicho documento, según Feijóo, se establece un principio claro: «Quien contribuye y respeta la ley puede quedarse». Siempre bajo el criterio de que toda decisión se tome «caso por caso», garantizando así un análisis personalizado de cada situación.
Esta regularización masiva llega en un momento especialmente delicado para el Ejecutivo. La tragedia del tren de Adamuz dejó 45 fallecidos y numerosos heridos, y apenas 48 horas después, el caos en Rodalies (Cercanías de Cataluña) provocó otro accidente mortal… así como una semana con un servicio prácticamente inexistente en toda la región.
El sistema ferroviario español se encuentra «al borde del colapso», denuncian desde el PP.
En este panorama, fuentes del PP aseguran que el acuerdo entre PSOE y Podemos representa «una estrategia de distracción política«.
Se busca cambiar el foco mediático para desviar la responsabilidad del Gobierno sobre dos tragedias que han conmovido al país. Según estas fuentes, el Ejecutivo trata de «cambiar el tema con urgencia».
La iniciativa también coincide con la campaña electoral en Aragón. La socialista Pilar Alegría no cuenta con posibilidades reales de ganar, pero la reactivación del debate migratorio abre un nuevo frente que favorece al PSOE… dado que sirve para alimentar el electorado de Vox.
Fuentes del PP sostienen que los socialistas sólo pueden desear que la formación de extrema derecha continúe creciendo para presentarse como «la única alternativa» frente a la ultraderecha.
Cuestionamientos legales
No obstante, la mayor polémica gira en torno a la forma de tramitación elegida. El Gobierno ha optado por un real decreto ordinario, evitando cualquier debate en el Congreso. Expertos en derecho administrativo ponen en tela de juicio la legalidad de este procedimiento.
La regulación sobre extranjería en España se encuentra en la Ley Orgánica 4/2000, que representa el marco jurídico principal en esta materia. Una regularización masiva de tal naturaleza «incide directamente en los derechos y obligaciones de los extranjeros».
Un real decreto ordinario sólo puede desarrollar y aplicar lo que ya está previsto por ley, advierten estos expertos. No está permitido crear nuevas categorías de regularización ni instaurar procedimientos extraordinarios sin respaldo legal explícito. Y la Ley de Extranjería no autoriza de forma expresa un procedimiento de esta envergadura.
Para modificar aspectos esenciales de la norma sería necesario reformar la ley orgánica o aprobar una ley específica, tal como planteaba la Iniciativa Legislativa Popular presentada hace casi dos años y cuya tramitación el PP apoyó, proponiendo enmiendas.
La Constitución española reserva a la ley orgánica las cuestiones relativas a los derechos y libertades de los extranjeros. Según el PP, el Gobierno no tiene facultad discrecional para evitar este control parlamentario.
«Legal sí, ilegal no»
Feijóo insiste en que una regularización masiva sin garantías reales de integración «resulta contraproducente», según el plan presentado por el PP en octubre. Porque esta medida no solventa problemas estructurales: la falta de empleo, el desconocimiento del idioma, la carencia de vivienda, y especialmente en la actualidad, la «presión sobre los servicios públicos».
El PP pone de relieve que medidas sin base integradora «afianzan la precariedad laboral y social». Fomentan la economía sumergida y «generan competencia desleal» en sectores donde el trabajo irregular está extendido.
Los barrios enfrentan una presión excesiva en sanidad, educación y servicios sociales, trasladando así el costo de decisiones nacionales «a gobiernos locales y autonómicos sin los recursos suficientes» para atenderlas correctamente.
Feijóo se posiciona en contra del «efecto llamada» y del «desvío de atención», rechazando la iniciativa y proponiendo un enfoque totalmente diferente. Para el político gallego, la nacionalidad y la residencia en España deben ser un mérito, no solo un trámite burocrático. «Contribuir debe ser la condición para quedarse».
El líder de la oposición promete además una reforma profunda cuando asuma el Gobierno, con una política migratoria «ordenada, mutuamente beneficiosa y basada en principios claros».