El juez José Luis Calama ha decidido archivar por segunda ocasión la investigación sobre el ‘hackeo’ mediante Pegasus a los teléfonos móviles de Pedro Sánchez y varios ministros, debido a la falta de cooperación por parte de Israel.
Israel, creador del programa Pegasus, no ha respondido a las solicitudes de asistencia judicial remitidas por España para esclarecer la responsabilidad sobre el espionaje.
Los datos facilitados por Francia señalan a Marruecos como posible autor del espionaje, dado que el correo electrónico utilizado para infectar los dispositivos españoles también está vinculado a otros casos en Francia.
El juez intentó recabar información de la empresa NSO Group, propietaria de Pegasus, y tomar declaración a su CEO, pero la falta de colaboración israelí lo hizo inviable.
El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha archivado nuevamente el denominado caso Pegasus.
En esta causa se investigaba el hackeo, mediante el software Pegasus, de los móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de los ministros Margarita Robles (Defensa), Fernando Grande-Marlaska (Interior) y Luis Planas (Agricultura).
En una resolución fechada este jueves, Calama lamenta que «la frustración en la ejecución» de las comisiones rogatorias por parte de Israel «impide avanzar en la atribución de la autoría de los hechos investigados a una persona concreta».
Esto significa que dicho país, creador del software Pegasus, ha desatendido las peticiones de auxilio judicial remitidas por la Audiencia Nacional.
Por consiguiente, la pesquisa está paralizada y no puede continuar. El juez ha optado por cerrarla.
Esta decisión se tomó tras reclamar que las autoridades israelíes «no ofrecen a España el nivel de cooperación brindado», en casos «similares» que conciernen a nuestro país.
Calama había archivado inicialmente la investigación en julio de 2023, pero la reabrió meses después para incluir la información proporcionada por las autoridades judiciales francesas sobre un proceso análogo iniciado en Francia.
La justicia francesa indagaba sobre la infección con el mismo software de teléfonos pertenecientes a periodistas, abogados, figuras públicas, asociaciones tanto gubernamentales como no gubernamentales, así como miembros del Gobierno francés, ministros y parlamentarios.
La información, revelada por EL ESPAÑOL, apuntaba a Marruecos como posible responsable del espionaje.
Concretamente, el correo electrónico empleado para infectar los teléfonos de Sánchez, Robles y Marlaska es el mismo que se relaciona con el espionaje dirigido a Claude Mangin, activista francesa prosaharaui.
Además, también se vincula con un diplomático del Frente Polisario, un periodista marroquí que debió exiliarse en Francia y un alcalde francés.
Sin embargo, tal como indica Calama, la ausencia de colaboración israelí imposibilita «la atribución de autoría de los hechos investigados a una persona específica, lo que nos obliga, inevitablemente, a ordenar el sobreseimiento provisional por falta de autor conocido».
Esto corresponde a lo que el Tribunal Supremo denomina «impotencia investigadora».
Mediante esas comisiones rogatorias, solicitudes formales de cooperación jurídica internacional enviadas en diversas ocasiones, el juez intentaba obtener datos de la empresa NSO Group, propietaria del software Pegasus, así como tomar declaración al CEO de la compañía como testigo.
No obstante, la falta de apoyo de Israel imposibilita continuar con la investigación. «Esto provoca que el caso permanezca paralizado o en estado de latencia», señala Calama.
¿Es posible que el caso se reabra? Sí, pero depende, según explica el juez, de «un eventual y poco probable cumplimiento» de la comisión rogatoria bloqueada por Israel, o bien del surgimiento de «nuevas pruebas» que permitan reanudar las pesquisas.