La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), dependiente del Ministerio de Transportes, está llevando a cabo el análisis del accidente ferroviario en Adamuz, que ha dejado al menos 41 víctimas mortales.
A pesar de la aprobación de la Ley 2/2024 y las recomendaciones emitidas por la Unión Europea, el Gobierno todavía no ha puesto en marcha la Autoridad Administrativa Independiente encargada de investigar estos incidentes.
La Comisión Europea y la Agencia Ferroviaria Europea han señalado la falta de independencia de la CIAF, destacando deficiencias en investigaciones previas, como la del siniestro de Angrois en 2013.
La demora en la formación del organismo independiente se atribuye a la ausencia de desarrollo reglamentario y falta de asignación presupuestaria, manteniendo a la CIAF como entidad temporalmente activa.
La indagación sobre el accidente de Adamuz, que ha provocado al menos 41 muertes, está siendo realizada por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), un organismo vinculado al Ministerio de Transportes. Esto sucede debido al retraso del Gobierno en la constitución de un ente independiente.
El Ejecutivo resolvió, siguiendo las recomendaciones europeas tras el accidente del tren Alvia en Santiago de Compostela en 2013, crear una Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil.
Esta creación fue formalizada mediante la aprobación de la Ley 2/2024, el 1 de agosto.
La legislación implica un cambio radical del esquema previo, sustituyendo las comisiones sectoriales adscritas a ministerios por un organismo único con personalidad jurídica propia y autonomía orgánica y funcional.
El preámbulo de la ley destaca que la creación de la Autoridad responde a la evolución del marco europeo y a la necesidad de reforzar las garantías de independencia, ajustándose a los estándares comunitarios.
Esta entidad debería encargarse de investigar el incidente ocurrido en Adamuz el pasado domingo, aunque el Gobierno acumula más de un año y medio de retraso en la puesta en marcha de su funcionamiento.
En efecto, a pesar de que la ley fue aprobada y entró en vigor en agosto de 2024, la Autoridad aún no ha comenzado a operar debido a la necesidad de aprobar un estatuto orgánico mediante Real Decreto, que regule su estructura interna, régimen de personal y presupuesto.
Hasta la fecha, no se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) ningún Real Decreto que desarrolle dicho estatuto, tampoco se ha nombrado oficialmente a los órganos directivos ni existe una partida presupuestaria específica o anuncio formal de inicio de actividades.
Según la disposición final sexta de la norma publicada en el BOE, el plazo para este real decreto era de «máximo un año» desde la entrada en vigor de la ley.
Esta situación fue cuestionada por el PP en el Congreso al considerar que había un «incumplimiento sistemático de los mandatos legales emanados de las Cortes por parte del Ejecutivo«.
Los populares pidieron al Gobierno que explicara por qué «en el caso del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible» se ha incumplido el plazo fijado por el Parlamento.
Este vacío operativo justifica que la CIAF continúe realizando investigaciones sobre accidentes ferroviarios. La Ley 2/2024 no elimina automáticamente los órganos anteriores ni dispone la finalización inmediata de sus funciones, precisamente para evitar una interrupción en la seguridad.
Por lo tanto, la CIAF mantiene su actividad de forma temporal, a la espera de que la nueva Autoridad asuma sus competencias. Pero, ¿por qué se decidió crear un nuevo organismo?
Tras el accidente del tren Alvia en Angrois, con 80 víctimas en 2013, la Unión Europea cuestionó el funcionamiento y la investigación realizada por la CIAF.
El hecho de que dependa de la Subsecretaría del Ministerio de Fomento, ahora Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, motivó críticas de la Unión Europea sobre su modelo y falta de independencia, a pesar de que sus miembros son propuestos por el Ministerio y aprobados por el Congreso.
Un informe de la Agencia Ferroviaria Europea (ERA) de 2016 determinó que la investigación del accidente del tren Alvia en Angrois realizada por la CIAF fue poco independiente y omitió el análisis de «elementos clave».
«El organismo investigador no cumplió con los requisitos de independencia establecidos en la Directiva Europea de Seguridad Ferroviaria (artículo 21) y, en consecuencia, la obligación de investigar accidentes (artículo 19) no se ha cumplido adecuadamente», afirmaron en aquel momento.
Concretamente, según la ERA, la CIAF incumplió la Directiva europea al no ser independiente en su organización, estructura jurídica y capacidad decisoria frente a cualquier empresa ferroviaria, administrador de infraestructuras, usuario o entidad contratante cuyo interés pudiera estar en conflicto con la investigación, lo que puso en duda el trabajo del equipo investigador.
En otras palabras, lo que se cuestionó fue que el organismo investigador dependía orgánica y funcionalmente del mismo Ministerio responsable del sistema ferroviario analizado.
Así, en 2019, la Comisión Europea anunció que iniciaría un procedimiento de infracción contra España por, entre otros motivos, las «deficiencias» detectadas «en la forma en que el organismo nacional de investigación español, CIAF, aborda el análisis e investigación de accidentes e incidentes».