El PP ha reclamado una comparecencia inmediata del ministro Félix Bolaños para que aclare el «desorden» ocasionado por la implementación de la Ley de Eficiencia de la Justicia.
Denuncian que la tercera fase introducida para los tribunales de instancia genera serios problemas en el funcionamiento judicial debido a su calendario «apresurado y poco factible».
El PP pone de manifiesto la inseguridad jurídica, la paralización administrativa, dificultades para los profesionales judiciales y demoras causadas por la Ley Bolaños.
Asimismo, critican que la normativa obliga a las víctimas de violencia de género a recorrer largas distancias para denunciar, lo que podría desincentivar estas acciones.
El PP ha presentado en el Congreso de los Diputados una solicitud de comparecencia urgente del ministro Félix Bolaños para que explique el «desconcierto, colapso y caos» que ha provocado la aplicación de la Ley de Eficiencia de la Justicia.
Según los populares, la tercera fase de implantación de los tribunales de instancia, iniciada el 1 de enero con un calendario «apresurado» y «irrealisable», está produciendo «graves problemas» en el funcionamiento de la Justicia.
«El Gobierno aspiraba a tener una imagen lista para el primero de enero de 2026, sin importarle que la Justicia dejara de funcionar», indicó este sábado la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra.
La responsable popular afirma que Bolaños intentó reorganizar el sistema judicial «sin consultar a jueces, fiscales, abogados, procuradores, letrados de la administración de Justicia ni funcionarios», quienes enfrentan actualmente las consecuencias de esta improvisación.
En su opinión, «esto no representa eficiencia judicial, sino desmantelar el sistema sin ofrecer alternativa alguna«.
El PP sostiene que la aplicación de la llamada Ley Bolaños provoca inseguridad jurídica, bloqueo administrativo, problemas para los operadores jurídicos, interpretaciones dispares, retrasos y «situaciones irracionales en el reparto, custodia y asignación de funciones».
Ya en octubre pasado, el PP promovió una iniciativa para que el Gobierno reformara los Medios Alternativos de Solución de Conflictos (MASC), con el propósito de evitar que obstaculicen el acceso de los ciudadanos al sistema judicial.
Cuca Gamarra afirmó este sábado que la Ley de Eficiencia Judicial de Bolaños provoca «otro fracaso legislativo». Solicitó «eliminar barreras y fortalecer recursos» para optimizar la Administración de Justicia.
En relación con la violencia de género, Gamarra señaló que la Ley Bolaños está generando un efecto desincentivador para las víctimas a la hora de presentar denuncias, dado que muchas mujeres deben desplazarse más de 80 kilómetros para testificar contra su agresor.