Las CCAA gobernadas por el PP, críticas y a las puertas de su encuentro con Feijóo, denuncian que el acuerdo entre Sánchez y ERC les deja «las sobras»
Las once comunidades autónomas bajo la presidencia del PP acuden hoy al Consejo de Política Fiscal y Financiera con una propuesta propia sobre financiación autonómica, convocadas por Alberto Núñez Feijóo para una cumbre programada el próximo sábado en Aragón. Manifiestan de forma unánime su rechazo a que Pedro Sánchez haya cerrado ya el modelo con el líder de ERC, Oriol Junqueras, aunque entre los presidentes autonómicos existen diferencias, ya que algunos aguardan a que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, avance los detalles para posicionarse con mayor claridad.
ANDALUCÍA
Han expresado su queja porque el Ministerio de Hacienda no les ha facilitado la información técnica necesaria para analizar con precisión el nuevo modelo. La consejera de Economía, Carolina España, opina que, con los datos proporcionados por el Gobierno, no se puede concluir que Andalucía deje de estar «infrafinanciada». “Que no se confunda a la opinión pública afirmando que Andalucía es la comunidad que más fondos adicionales recibirá”, manifestó ayer, y señaló que el modelo es «un traje hecho a medida» para Cataluña. El Ejecutivo andaluz exige que la negociación sea «transparente y multilateral con todas las comunidades» y defiende su «autonomía fiscal» tras conocer que el Gobierno propone nuevas herramientas de «armonización fiscal» para evitar el «dumping». La Junta considera esta una «línea roja» en defensa de las rebajas fiscales impulsadas por Juanma Moreno, que no piensa revertir.
ARAGÓN
Su rechazo se fundamenta en cuatro principios: «que la negociación debe incluir a todas las comunidades y no a un delincuente inhabilitado; que debe ser solidaria y no mostrar prejuicios hacia distintas regiones; que sea transparente y redistributiva»; además de «considerar particularidades como la despoblación o la orografía». Fuentes del partido estiman que Aragón solo recibirá «las migajas». A pesar de ello, asistirán al Consejo para «escuchar toda la información» sin intención de boicotear a la ministra, pero advierten que si la tramitación no recoge sus demandas, votarán en contra y llevarán la propuesta al Constitucional.
BALEARES
Su postura difiere del resto de barones autonómicos de Feijóo. La presidenta, Marga Prohens, ha defendido siempre la necesidad de un nuevo modelo y ha respaldado, con ciertas reservas, la fórmula de la ordinalidad. Baleares se presenta a la reunión con «un espíritu constructivo», explican desde la Consejería de Hacienda a EL MUNDO. Sin embargo, no apoyarán el plan de Sánchez tal como está, al considerar que se adapta para Cataluña. «Si falta voluntad negociadora, votaremos claramente en contra», sostienen desde el Ejecutivo insular. Califican de «incomprensible» que se reduzca el peso de la insularidad y no se contemple el aumento poblacional para incrementar los recursos de regiones «que crecen». Son demandas históricas que han sido ignoradas. Otra línea roja es la devolución o incremento del impuesto de sucesiones, eliminado por Prohens, con una advertencia clara: «No permitiremos ataques a nuestra autonomía tributaria».
CANTABRIA
Junto a Extremadura, es una de las pocas CCAA que recibirían menos recursos. En compensación, Montero asegura una transferencia adicional de 46 millones mediante el Fondo de Compensación Interterritorial. La presidenta, María José Sáenz de Buruaga, calificó la propuesta como «indefendible, insoportable» y «un agravio flagrante», adelantando que recurrirá «por todos los caminos legales», inclusive presentando un recurso ante el Constitucional si fuera necesario.
CASTILLA Y LEÓN
Defenderá que se anule el acuerdo con ERC y se inicie «una negociación equitativa entre todas las comunidades». Según el presidente, Alfonso Fernández Mañueco, la propuesta es «totalmente injusta», y reclama un sistema financiero que ampare a todos los españoles «sin importar dónde residan, por alejados que estén de los grandes centros urbanos». Señaló que Castilla y León recibirá solo el 1,29% de los nuevos fondos, a pesar de tener casi el 20% del territorio y el 5% de la población, y anticipó que hará «todo lo posible, y más allá», para frenar esa financiación.
MADRID
El portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, adelantó que solo participarán en la conversación si se plantea algo que «beneficie a todos» y no implique «peajes ni privilegios». Según su opinión, la citación de Hacienda es un «imposición» donde se busca imponer «sin condición» los «pactos vergonzosos» firmados entre Sánchez y ERC. Ratificó que rechazará cualquier limitación a su capacidad normativa y defendió la política fiscal de Madrid.
COMUNIDAD VALENCIANA
Aunque es una de las comunidades más afectadas por el sistema vigente, consideran que la reforma propuesta no es suficiente. El consejero de Hacienda, José Antonio Rovira, indicó que “las cifras iniciales no son negativas”. Valencia obtendría una compensación adicional anual de 3.667 millones, casi el doble de la partida ficticia considerada en los presupuestos de la Generalitat y por encima de lo solicitado para alcanzar la media autonómica. Sin embargo, el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, anticipó que no respaldará un modelo que, según el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, supondría un «incremento significativo de recursos», pero que no resuelve el problema principal de la deuda valenciana, cercana a los 60.000 millones. Por ello, tanto la Generalitat como expertos piden «de forma simultánea» la condonación de la parte de la deuda derivada de la infrafinanciación (40.000 millones) y la creación de un fondo transitorio de compensación.
EXTREMADURA
Con el nuevo modelo, no recibiría recursos adicionales, aunque el Gobierno se compromete a aportar 21.000 millones más. Elena Manzano, consejera de Hacienda en funciones, acudirá para señalar que el plan «perjudica de manera especial a nuestra región». Afirma que se consagra «la desigualdad territorial» con la introducción del principio de ordinalidad: «Es un agravio para Extremadura y un error jurídico grave», y por ello planea presentar un recurso de inconstitucionalidad si se aprueba.
GALICIA
Asiste con un rechazo rotundo a la propuesta gubernamental, considerándola «insuficiente» e «inaceptable». La Xunta sostiene que se rompe la igualdad entre territorios y que Galicia resultaría afectada al reducir el peso de factores como el envejecimiento y la dispersión poblacional, que incrementan el coste de servicios públicos. El consejero de Hacienda, Miguel Corgos, asistirá para «escuchar» y solicitar aclaraciones sobre un modelo que, advierte, podría dejar a Galicia por debajo de la media. El presidente, Alfonso Rueda, defendió que la financiación «debería distribuirse íntegramente», sin acuerdos previos que dejen al resto repartiendo «las sobras».
MURCIA
El presidente, Fernando López Miras, adelantó que defenderá un modelo basado en la igualdad y sin privilegios que garantice recursos suficientes para la sanidad y educación. Manifestó que reclama «lo mismo que los demás, ni más ni menos», y aseguró que rechazará cualquier propuesta que suponga una reducción de recursos para los murcianos.
LA RIOJA
Critica la ruptura del principio de redistribución y solidaridad interterritorial. El consejero de Hacienda y portavoz, Alfonso Domínguez, se opone al «principio de ordinalidad» y pide que se considere la despoblación, aunque espera «conocer todos los detalles y analizar si beneficia o perjudica a los riojanos».
* Con información de Teresa López Pavón, Ismael Poveda, Edu Colom, Noa de la Torre, David Vigario y Juan B. Cañellas.