Vox, Más Madrid y PSOE han coincidido en reprochar la gestión que realiza la Mesa de la Asamblea de Madrid y su presidente Enrique Ossorio debido al veto impuesto sobre ciertas iniciativas parlamentarias.
El Tribunal Constitucional ha anulado la negativa a admitir varios proyectos de la oposición, señalando que la Mesa del PP violó derechos fundamentales al impedir que fueran debatidos en el Pleno.
Vox ha presentado un recurso ante el Constitucional para denunciar lo que consideran un veto constante a sus propuestas relacionadas con inmigración, seguridad, gasto público, vivienda, sanidad e igualdad.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso defiende la actuación de la Mesa y acusa a la oposición de plantear preguntas sin sentido, destacando que el Gobierno regional es el que más se expone al control parlamentario.
Vox, Más Madrid y el PSOE han iniciado el año político con un objetivo común: la Asamblea de Madrid y el Gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso. Por primera vez en esta legislatura, las fuerzas de izquierda y el partido de Santiago Abascal coinciden en criticar al presidente de la Cámara regional, ex portavoz del Ejecutivo autonómico, Enrique Ossorio, por su gestión de la Mesa de la Asamblea.
El punto de inflexión se produjo este jueves, tras la decisión del Tribunal Constitucional de tumbar el «veto» que la oposición denuncia que el PP ha aplicado sistemáticamente a iniciativas parlamentarias incómodas para el Gobierno regional.
El alto tribunal considera que la Mesa, dominada por la mayoría absoluta del PP, excedió sus competencias al rechazar preguntas, comparecencias y propuestas que deberían haberse debatido en el Pleno.
En una sentencia divulgada este miércoles, el TC ha estimado un recurso de amparo interpuesto por Más Madrid y ha anulado la inadmisión de diez iniciativas, entre ellas la creación de una comisión de investigación sobre la contratación sanitaria durante la pandemia y varias solicitudes de comparecencia de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso.
Según el Constitucional, la Mesa hizo «valoraciones de oportunidad política» que exceden sus facultades, infringiendo así el derecho de representación política contemplado en el artículo 23 de la Constitución.
La resolución obliga a retroceder en las actuaciones para que la Mesa adopte nuevos acuerdos que respeten los derechos fundamentales de los diputados y el propio Reglamento de la Asamblea. Esta decisión ha sido celebrada como un triunfo por la izquierda.
La repercusión del fallo del Constitucional ha trascendido a la izquierda. Vox ha optado por subirse a esa misma corriente y ha interpuesto su propio recurso de amparo ante el TC, denunciando lo que califica como un «veto sistemático» de la Mesa a sus propuestas parlamentarias, con la intención de «silenciar a la oposición».
En un comunicado, el partido liderado por Isabel Pérez Moñino en la Asamblea denuncia una «inadmisión arbitraria y reiterada» de preguntas, solicitudes de información y peticiones de comparecencia a lo largo de la legislatura, especialmente en temas vinculados a inmigración, seguridad, control del gasto público, vivienda, sanidad e igualdad.
Vox sostiene que numerosas de sus iniciativas fueron rechazadas bajo el argumento de falta de competencia o concreción, mientras que otras similares, presentadas por distintos grupos, sí fueron tramitadas.
El recurso solicita que el Constitucional declare nulos los acuerdos de inadmisión, ordene retroceder en las actuaciones y obligue a la Mesa a admitir las iniciativas vetadas. Igualmente, demanda medidas cautelares para evitar que el archivo definitivo de las preguntas durante el proceso judicial anule el amparo solicitado.
Vox enfatiza que este veto afecta a asuntos de gran relevancia política y social, desde el control del gasto público y la gestión sanitaria hasta las políticas de vivienda, inmigración e igualdad.
Consideran que la Mesa no solo menoscaba los derechos de los diputados, sino que «privaría a cientos de miles de madrileños de su derecho a obtener información y de que sus representantes fiscalicen al Gobierno».
Defensa de Ayuso
La controversia ha llegado a la Puerta del Sol, donde el Gobierno regional ha mostrado apoyo firme a Enrique Ossorio, uno de los políticos de mayor confianza para la presidenta.
Isabel Díaz Ayuso ha sido la encargada de defender a la Mesa y ha criticado lo que considera un uso abusivo del control parlamentario por parte de la oposición.
Desde el Real Jardín Botánico, Ayuso destacó que su Ejecutivo es el «Gobierno regional que más se somete al control parlamentario» y aportó cifras concretas.
«De las 64.861 iniciativas registradas en esta legislatura, el Constitucional está evaluando ahora unas 16», explicó, para luego señalar que la oposición tiende a «utilizar el contador para multiplicar preguntas absurdas que carecen de sentido alguno».
La presidenta ironizó sobre algunos ejemplos de iniciativas rechazadas por la Mesa, como preguntas relativas a qué medidas piensa adoptar el Gobierno para «mitigar el malestar masculino», si existe relación entre tauromaquia y sequía o el presupuesto destinado a «la compra de televotos en Eurovisión a favor del Estado genocida de Israel».
«Hay preguntas que la Mesa no puede admitir», concluyó, aunque invitó a los diputados a plantearlas por otras vías parlamentarias.