Fuentes oficiales de Moncloa ratifican que los encuentros tuvieron lugar, aunque no se difundieron a la opinión pública.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sostuvo dos reuniones con el líder de ERC, Oriol Junqueras, para tratar el nuevo modelo de financiación autonómica, antes de la cita pública que tuvieron el pasado jueves 8 de enero en La Moncloa, encuentro que sirvió para concretar el acuerdo.
Desde Moncloa confirman que se realizaron dos encuentros previos, mantenidos en secreto, sin haberse divulgado a la opinión pública; no obstante, no precisan las fechas ni el lugar en donde se efectuaron.
El propio Junqueras confirmó este lunes la existencia de esas reuniones: «Por el bien de Cataluña nos reunimos, si hace falta bajo el infierno», declaró al responder sobre este tema.
Este martes, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la portavoz Elma Saiz indicó que no posee información sobre dichas reuniones, aunque subrayó que el Gobierno realiza una «intensa labor de diálogo» que en ocasiones se desarrolla «con total discreción». Según ella, lo relevante son los acuerdos alcanzados, que se han comunicado de manera transparente.
La portavoz fue consultada acerca de la razón para mantener en reserva estos encuentros y si se efectuaron reuniones similares con otros líderes independentistas, como el expresidente catalán, Carles Puigdemont (Junts) y Arnaldo Otegi (EH Bildu). En este sentido, fuentes gubernamentales afirman que Sánchez nunca se ha reunido con ninguno de ambos.
Después del encuentro del pasado jueves en Moncloa, Junqueras comunicó que, conforme al nuevo sistema de financiación, Cataluña recibiría 4.700 millones de euros adicionales y que se respetaría el principio de ordinalidad, lo que significa que esta comunidad sería la tercera tanto en aportar fondos como en percibirlos.
Al día siguiente, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, presentó la propuesta gubernamental dirigida a todas las comunidades, que asignará 20.000 millones de euros adicionales. Confirmó, asimismo, que la ordinalidad se garantizará para ciertas comunidades como Cataluña, pero no estará asegurada para otras como la Comunidad de Madrid.