El magistrado de la Audiencia Nacional ratifica el procesamiento de Álvaro Romillo, conocido como CryptoSpain, por estafa agravada y pertenencia a organización criminal.

Romillo, quien financió la campaña de Alvise Pérez, está acusado de presidir una supuesta estafa piramidal que habría afectado a 3.062 inversores por un importe de 185 millones de euros.

La Fiscalía además atribuye a Romillo una posible defraudación fiscal y solicitó al juez ampliar la investigación, pero el magistrado mantiene la imputación solo por estafa y organización criminal.

Las víctimas de la supuesta estafa están divididas: algunas apoyan la investigación del supuesto delito fiscal, mientras otras opinan que no debe incorporarse a este caso.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha ratificado el procesamiento de Álvaro Romillo, conocido como CryptoSpain y que actualmente se encuentra en prisión preventiva.

Este empresario fue el responsable de entregar 100.000 euros en efectivo al agitador Alvise Pérez durante su campaña en las últimas elecciones europeas, realizadas en junio de 2024.

Luis Pérez (nombre verdadero de Alvise) consiguió tres escaños en el Parlamento Europeo con la candidatura que lideraba, llamada Se Acabó La Fiesta (SALF).

Calama ya había propuesto, en diciembre pasado, que Romillo fuese juzgado por estafa agravada y también por pertenecer a una organización criminal. Además, procesó a otras nueve personas, incluyendo miembros de su familia como su padre, tío y pareja.

A todos ellos les impuso una fianza solidaria de 250 millones de euros, como presuntos responsables de una estafa valorada en 185 millones de euros y que afectó a 3.062 inversores.

Sin embargo, la Fiscalía apeló ese procesamiento, pues también atribuye a Romillo un posible fraude fiscal. La fiscal del caso solicitó al juez revocar el auto anterior y realizar más investigaciones para determinar si los implicados cometieron asimismo delitos tributarios.

No obstante, en una resolución fechada el 7 de enero, Calama confirmó el procesamiento únicamente por estafa agravada y pertenencia a organización criminal.

El juez rechaza así la solicitud de la fiscal, aunque abre la posibilidad a que el Ministerio Público, tras efectuar diligencias pendientes, como recibir un informe policial, pueda imputar un fraude fiscal a los investigados.

El magistrado aclara que el auto de procesamiento «no cierra la instrucción». Esta se finaliza con el llamado auto de conclusión del sumario, que marca el fin de esta fase investigadora.

«Por tanto, el auto [de procesamiento] recurrido y la pretensión del Ministerio Fiscal no son incompatibles», añade Calama.

La petición de la Fiscalía también provocó división entre las víctimas de la presunta estafa.

El abogado Víctor Soriano, representante de parte de los denunciantes, se mostró contrario a la solicitud de la fiscalía y pidió al juez mantener el procesamiento de Romillo, como finalmente sucedió. Su argumento es que los supuestos delitos fiscales no están vinculados con la estafa piramidal.

Por este motivo, considera que dichas investigaciones no deben incluirse en esta causa judicial —sino en otra distinta— ni competencia de la Audiencia Nacional.

En contraste, otra parte de las víctimas sí respaldó la solicitud de la Fiscalía. El bufete Zaballos Abogados, que representa a otra porción de denunciantes, pidió, conforme a la fiscal, que el juez realizase las diligencias necesarias para cuantificar el presunto fraude fiscal.