El lunes, Mónica García envió una carta instando a las consejerías a pronunciarse sobre las reivindicaciones de los sindicatos médicos
Las comunidades gobernadas por el PP han expresado su desacuerdo con la ministra de Sanidad, Mónica García, al responsabilizarles del Estatuto Marco y le han demandado que «corrija el rumbo«, abandone una gestión del proceso calificada como «abiertamente sectaria» y reúna a todos los actores involucrados en la reforma.
Esta ha sido la reacción de los consejeros populares a la carta enviada el lunes por la ministra, en la que se les solicita pronunciarse sobre las peticiones de los sindicatos médicos que van más allá del Estatuto Marco y afectan a las competencias autonómicas, como la demanda de un estatuto propio o la voluntariedad y retribución por guardias.
En su comunicación, los consejeros manifiestan su «voluntad de diálogo y colaboración institucional«, pero siempre fundamentada en el «respeto a las competencias, la transparencia, el rigor técnico y la corresponsabilidad financiera».
Por ello, consideran inadmisible que la ministra «haya alcanzado preacuerdos parciales con un sector de los profesionales», excluyendo a otros, y que ahora pretenda «trasladar a las Comunidades Autónomas la responsabilidad de una situación marcada por la falta de rigor, la ausencia de informes y un claro clima de confrontación».
Los dirigentes del PP rechazan «el uso» que Mónica García hace de la reforma del Estatuto Marco como un «herramienta de confrontación«, enfrentando a categorías profesionales, administraciones e incluso a «ministerios del propio Gobierno», y le exigen que «corrija el rumbo» y «dea por finalizada una gestión visiblemente sectaria del proceso».
De hecho, denuncian que la carta de la ministra «parece responder más a una estrategia mediática que a un genuino ejercicio de colaboración institucional» y le reprochan intentar atribuir un «papel fundamental» en la renovación del Estatuto Marco a las comunidades cuando, en muchas ocasiones, los consejeros conocen los anuncios del Gobierno por medios de comunicación y redes sociales.
En conjunto, exigen al Ministerio de Sanidad que convoque a todos los actores implicados, incluidos los sindicatos médicos, que incluya a los Ministerios de Hacienda y Función Pública en las negociaciones y que acompañe el texto con las obligatorias memorias jurídica, técnica y económica para poder discutir cualquier reforma.
La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez que no ponga en riesgo la estabilidad y las condiciones laborales de los profesionales sanitarios y que garantice la financiación de las medidas, especialmente tras la oferta del presidente a Oriol Junqueras de un cupo catalán «sin considerar la Sanidad de todos”.