La nueva normativa busca incrementar la transparencia en el mercado de arrendamientos y facilitar a los ayuntamientos la imposición de recargos fiscales sobre viviendas desocupadas
El Govern de Cataluña establecerá la obligación de especificar si la propiedad en alquiler pertenece a un gran tenedor en todos los anuncios inmobiliarios. Esta medida está incluida en las modificaciones contempladas en la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat para 2026, enviada al Consell de Treball Econòmic i Social de Cataluña (CTESC) y a la que EFE ha tenido acceso. El propósito principal es mejorar la transparencia del mercado del alquiler y simplificar la aplicación de recargos fiscales en viviendas vacías.
La ley de haciendas locales ya permite a los ayuntamientos aplicar un recargo de hasta el 50% sobre la cuota líquida del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) en inmuebles residenciales que permanezcan sin ocupar más de dos años sin justificación. El Ejecutivo catalán busca ahora reforzar el control sobre estas viviendas vacías y dotar a los consistorios de herramientas para ejecutar estas medidas fiscales, agilizando los procesos de inspección y supervisión del impuesto.
Nuevas responsabilidades para propietarios en los anuncios de alquiler
Dentro de las novedades introducidas, la Generalitat de Cataluña elimina 19 tasas y crea tres nuevas, como parte de una estrategia de ajuste fiscal y simplificación administrativa. No obstante, el enfoque principal de la reforma se sitúa en el ámbito de la vivienda, buscando fortalecer la seguridad jurídica tanto para las administraciones como para los arrendatarios.
La ley de acompañamiento incorpora una serie de cambios a la normativa autonómica sobre el derecho a la vivienda, vigente desde 2007. Una de las principales novedades es la definición clara de los requisitos mínimos obligatorios en la publicidad de las viviendas de alquiler. Así, los anuncios deberán mostrar el precio máximo permitido según el sistema de contención de rentas, la cédula de habitabilidad, el certificado de eficiencia energética y, de forma destacada, la indicación explícita sobre si el propietario está clasificado como gran tenedor.
Los altos precios del alquiler impulsan la compra apresurada de viviendas (para quienes pueden): “No hay opción porque no hay oferta”
Actualmente, la obligación de informar sobre el índice de referencia del precio del alquiler ya se aplica en los contratos nuevos firmados en Cataluña. Sin embargo, el Govern subraya la obligatoriedad de adjuntar el documento que certifica el precio conforme al índice oficial junto a los contratos de arrendamiento. Esta exigencia tiene como objetivo prevenir irregularidades y reforzar la evidencia documental en caso de procesos sancionadores.
Sanciones reforzadas y aumento de viviendas protegidas
El texto también intensifica la responsabilidad de registrar tanto el contrato de alquiler como el certificado del precio de referencia en el Registro de Fianzas. Así, la Agencia de la Vivienda de Cataluña podrá automatizar la inspección y acceder directamente a la documentación necesaria para identificar posibles infracciones. “El régimen sancionador se refuerza, incorporando sanciones específicas por falsificación de información y exigiendo que la renta contractual cumpla estrictamente con la normativa vigente”, establece la ley de acompañamiento.
Otra medida contemplada en la reforma permite aumentar el número de viviendas de protección oficial sin necesidad de incrementar la edificabilidad, lo que ayuda a mantener el precio de los inmuebles resultantes. Además, en las denominadas “áreas tensionadas”, que son zonas donde el mercado residencial sufre una presión especial, se habilita la opción de destinar terrenos clasificados con uso terciario a proyectos de vivienda pública protegida, conforme a la legislación urbanística vigente.
El objetivo explícito de la Generalitat es facilitar la aplicación de recargos fiscales en viviendas vacías y dotar a los municipios con más recursos para combatir la desocupación injustificada. Paralelamente, se busca incrementar la transparencia y la seguridad en el mercado del alquiler, informando a los posibles inquilinos sobre la condición del propietario y las condiciones legales relacionadas con la vivienda.
Con información de EFE.