El Ejecutivo respalda a las mujeres que presentan denuncias por abusos sexuales, abarcando además los recientes casos vinculados a Adolfo Suárez y Julio Iglesias.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, mantuvo un encuentro con la mujer que acusa a Suárez de presuntos abusos sexuales ocurridos entre 1982 y 1985.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional investiga una demanda contra Julio Iglesias por supuestos actos de agresión sexual y trata de personas contra extrabajadoras en sus residencias.
El Gobierno recalca que no pone en duda el testimonio de las víctimas y denuncia un problema estructural de violencia machista presente en la sociedad.
«No ponemos en duda la palabra de una víctima». El Ejecutivo expresa su apoyo a cualquier mujer que acuse abusos sexuales, sea contra un expresidente del Gobierno o contra una figura destacada de la música, y exige que se aclaren las responsabilidades correspondientes.
En esta línea, el Gobierno ha respaldado a las denunciantes tras las recientes acusaciones dirigidas al expresidente Adolfo Suárez, por supuestos abusos ocurridos hace 40 años, así como a Julio Iglesias, acusado por extrabajadoras de sus residencias en Bahamas y República Dominicana.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, se reunió días atrás con la mujer que acusa a Suárez de abusos sexuales supuestamente cometidos en el periodo de 1982 a 1985.
La denuncia se hizo pública en diciembre, más de diez años tras el fallecimiento de Suárez, y el encuentro con la denunciante se produjo casi de inmediato, el pasado 7 de enero, según confirmaron el martes fuentes oficiales del Ministerio de Igualdad.
«Ella deseaba mantener esa conversación y, como Ministerio de Igualdad, le abrimos las puertas. Estamos disponibles para escuchar a todas las víctimas», señalaron las mismas fuentes.
A pesar de la denuncia, la investigación parece poco viable, no solo por el fallecimiento de Adolfo Suárez en 2014 después de sufrir Alzheimer que le afectó la memoria, sino también porque los hechos presuntamente han prescrito.
No obstante, formaciones como Podemos exigen que, basándose en el testimonio actual, se le retiren distinciones tales como el nombre del aeropuerto de Madrid, que lleva «Adolfo Suárez-Barajas».
Casi simultáneamente, Redondo se manifestó sobre las denuncias relacionadas con Julio Iglesias.
Según una investigación conjunta de eldiario.es y Univisión, el cantante habría cometido abusos sexuales contra varias trabajadoras domésticas en sus residencias de Lyford Cay y Punta Cana.
Estas investigaciones fueron acompañadas por una denuncia presentada por dos supuestas víctimas ante la Audiencia Nacional, la cual ya está siendo indagada por la Fiscalía.
Al concluir las diligencias preliminares sobre esta querella, el Ministerio Público enfrentará dos posibles alternativas: archivar el caso o presentar una querella contra Iglesias en los Juzgados Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional, encargados de la investigación de delitos de españoles en el extranjero.
Aunque la Fiscalía aún no ha emitido un pronunciamiento, el Gobierno ha rechazado las supuestas conductas atribuidas a Iglesias basándose únicamente en la información disponible.
Para la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, la exclusiva «merece mucho respeto», aunque admitió no haberla leído completamente.
Desde Moncloa, se subrayó el «compromiso firme y categórico del Gobierno frente a cualquier violencia hacia las mujeres», y se prometió trabajar para que no exista «ningún ámbito de impunidad».
«Problema estructural»
No fue la única que habló. La ministra Redondo solicitó que se investigue «hasta el final» cualquier posible caso de acoso o abuso sexual perpetrado por el artista español más reconocido internacionalmente.
«Se puede ser un gran cantante y tener éxito, pero también un lado oscuro, machista y profundamente problemático», declaró Redondo, valorando el coraje de las mujeres que denuncian un «problema estructural» presente en la sociedad.
En opinión de la titular de Igualdad, «la violencia machista se manifiesta tanto dentro como fuera de las relaciones de pareja, en espacios públicos y privados». «Hay grupos especialmente vulnerables, como las empleadas del hogar, a menudo sometidas a las órdenes de sus empleadores», añadió.
Una de las denunciantes, quien comenzó a trabajar a los 22 años en una de las mansiones de Iglesias, asegura que fue contratada para limpieza y cocina, pero poco después le exigieron «favores sexuales».
Ella y otras compañeras describen sus condiciones laborales como «una esclavitud en pleno siglo XXI».
En la red social X, Redondo destacó que «sin poner en duda la presunción de inocencia», en España «la ley protege a las víctimas» y afirmó que «la ausencia de consentimiento implica agresión».
Agregó que el machismo «está presente en todos los ámbitos» y que «frecuentemente se combina con abuso de poder».
Casi al mismo tiempo, la ministra difundió un vídeo en redes sociales donde criticaba duramente a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, a quien calificó de «desubicada» por negarse a retirar la Medalla de la Comunidad de Madrid a Julio Iglesias, petición formulada por Más Madrid.
Ayuso defendió su postura en X con las palabras: «Las mujeres violadas y atacadas están en Irán, con el silencio cómplice de la ultraizquierda. La Comunidad de Madrid jamás contribuirá al desprestigio de los artistas y menos, al del cantante más universal de todos: Julio Iglesias».
Estas afirmaciones provocaron la indignación del Gobierno. «Ha mezclado todo indiscriminadamente. Lo hace de manera frívola y sólo para ganar protagonismo, cuando quienes deberían ocupar ese espacio son las víctimas», concluyó Redondo.