La cuantía corresponde a los pagos periódicos que Eurocontrol efectúa al proveedor estatal español de servicios de control aéreo Enaire, cuya sede y cuentas están ubicadas en Bélgica
Los recortes retroactivos en energías renovables implementados por los gobiernos de José Luís Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy han derivado en una disputa legal entre el Estado español y la empresa OperaFund, debido a la cual la justicia belga -donde la compañía interpuso la demanda- bloqueó 482 millones de euros a España este martes. Esta medida actúa como una garantía de compensación para asegurar la indemnización de los acreedores, que equivale al monto retenido.
En 2019, la firma con sede en Malta obtuvo una resolución vinculante por parte del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), un tribunal bajo el Banco Mundial, del cual España es miembro. El Ciadi alegó que el laudo se emitió conforme al Tratado de la Carta de la Energía, del que España era firmante al momento de aplicar las reducciones retroactivas.
De esta manera, hace siete años, España fue sentenciada a pagar a OperaFound y a Schwab (Suiza) más de 29 millones de euros, monto al que se añadían intereses y costas judiciales. Tras esta decisión, el Estado español presentó numerosas alegaciones, incluyendo la supuesta extralimitación de las competencias del Tribunal Arbitral, pero Ciadi rechazó todas estas objeciones, concluyendo que la resolución fue adecuada y que no se vulneraron derechos fundamentales de España.
Frente a la negativa del Gobierno a cumplir con los pagos, OperaFound inició procedimientos en varios tribunales para embargar bienes y créditos del Estado español. En este contexto, el equipo legal encabezado por Cuatrecasas presentó una demanda ante la justicia belga, solicitando la intervención de los pagos que Eurocontrol, el organismo europeo de navegación aérea, realiza regularmente al proveedor estatal español de servicios de control aéreo Enaire, que tiene su sede y cuentas bajo la jurisdicción belga.
Los fallos en contra de España suman <b> </b>2.292 millones de euros
Mientras que los municipios con centrales nucleares reciben compensaciones por su impacto, la mayoría de la energía renovable se genera en áreas rurales que no reciben ningún tipo de retribución.
La reclamación de OperaFound no es el único conflicto legal que enfrenta el Estado. En julio de 2025, la firma japonesa Eurus Energy -filial de Toyota- presentó un caso similar, que también resultó favorable para ella, con un embargo ordenado por más de 207 millones de euros. En este proceso, la deuda pendiente de indemnización ascendía a 106,2 millones de euros, a los que se sumaban 9,4 millones en intereses por demora.
Las 27 empresas demandantes del Estado español, que lograron sentencias favorables en varias jurisdicciones, incluyendo Estados Unidos, Australia, Reino Unido y Bélgica, han expresado su voluntad de alcanzar un “acuerdo con el Gobierno que ponga fin a esta prolongada litigiosidad y recupere un entorno básico de seguridad jurídica y certidumbre para la inversión extranjera”.
Tras estos veredictos en contra del Estado español, la cantidad pendiente con las 27 compañías afectadas por los recortes ascendía en diciembre de 2024 a 1.754,7 millones de euros, a los que se suman 297,6 millones en intereses de demora y 238,7 millones adicionales en costas, honorarios legales y otros costos derivados de la estrategia de impagos adoptada por España, alcanzando un total de 2.292 millones de euros.
Ante esta sucesión de fallos adversos, el Gobierno español ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo, mientras que los inversionistas iniciaron un procedimiento formal de rastreo de bienes (discovery order) para localizar activos del Estado que puedan ser embargados dentro de la jurisdicción norteamericana.