Pedro Sánchez presenta un decreto sobre vivienda que incluye beneficios fiscales dirigidos a propietarios que mantengan los precios del alquiler, además de establecer límites a los arrendamientos temporales y a los por habitaciones.
La iniciativa ha sido rechazada por Sumar, Podemos, ERC y EH Bildu, quienes la califican de insuficiente, injusta y un «engaño».
El decreto busca impedir incrementos bruscos en los alquileres tras la renovación de 1,6 millones de contratos en 2026, ofreciendo una exención del 100 % en el IRPF a los caseros.
Además, el PP se opone a la medida y ha presentado una propuesta alternativa centrada en facilitar la construcción, simplificar trámites administrativos y brindar seguridad jurídica a propietarios y compradores.
El primer gran anuncio de Pedro Sánchez para frenar la crisis habitacional en 2026 llega sin respaldo alguno.
El decreto sobre vivienda que el presidente comunicó este lunes fue rechazado de inmediato por sus aliados parlamentarios, quienes lo consideran «insuficiente», «injusto» o directamente un «engaño».
¿Qué implica la medida? El decreto se sostiene sobre tres bases. La primera es una bonificación del 100 % del IRPF para los propietarios que renueven contratos sin incrementar el alquiler, con el fin de compensar las ganancias que dejarían de percibir en un mercado tensionado.
El segundo y tercer punto se enfocan en los alquileres temporales y los arrendamientos por habitaciones.
El Gobierno pretende limitar ambos sistemas, que Sánchez considera en muchos casos como «fraudulentos«, y frenar incrementos encubiertos relacionados con la «codicia» de determinados propietarios.
La propuesta será presentada en el Consejo de Ministros en las próximas semanas. Sin embargo, ni siquiera los socios del Ejecutivo la respaldan.
Sumar ha comunicado que no votará a favor en el Congreso en estos términos, al igual que Podemos, EH Bildu y ERC.
La oposición se centra particularmente en el incentivo fiscal para los arrendadores, o como lo llaman los partidos de izquierda, los «rentistas».
En 2026 vencerán miles de contratos de alquiler de larga duración firmados durante la pandemia. El Gobierno calcula que esta «gran renovación» impactará a 1,6 millones de inquilinos, en un contexto de fuerte presión sobre los precios.
Desde Moncloa se teme que esta actualización conlleve incrementos abruptos en las rentas, que en ciertas ciudades podrían superar los 300 euros mensuales si se aplican los precios vigentes en el mercado.
Para evitar esta situación, Sánchez propone una desgravación del 100 % en el IRPF para propietarios que extiendan los contratos sin aumentar el alquiler. Según el presidente, esta deducción compensará lo que perderían con dichos incrementos.
Desde Sumar, Yolanda Díaz manifestó que «entregar recursos públicos a los rentistas es un error grave que no resuelve el problema».
El ministro Pablo Bustinduy calificó la iniciativa como «ineficaz» e «injusta» y abogó por una prórroga obligatoria para los contratos de alquiler que vencen este año.
«Que ardan las calles»
Podemos, con un tono más contundente, también expresó su rechazo. Ione Belarra anunció que su partido votará en contra de los «beneficios fiscales para los rentistas».
«Estamos indignadas, las calles deben llenarse de movilización social hasta lograr superar la grave crisis habitacional que enfrentamos», denunció en X la eurodiputada Irene Montero.
EH Bildu también mostró su oposición. Su portavoz adjunto, Oskar Matute, defendió que el Ejecutivo debería prorrogar automáticamente los contratos que expirarán este año y no «entregar fondos públicos a propietarios para que aumenten sus ganancias».
«Es un insulto que pretendan eximir de impuestos a quienes ya cobran alquileres elevados», afirmó Matute en Twitter.
ERC también criticó la iniciativa. «¿Qué opinión puede tener un trabajador sin vivienda al ver que alguien no paga impuestos por poseer casas?», cuestionó Gabriel Rufián en redes sociales. Para él, o se legisla contra la especulación o «la izquierda se va al fracaso».
Ante el rechazo de sus aliados, Sánchez mostró confianza en que acabarán apoyando el decreto. «Es una medida beneficiosa para la ciudadanía», aseguró en rueda de prensa tras reunirse con el primer ministro griego.
El presidente afirmó que el contenido del decreto está siendo trabajado «con todos los socios» y justificó la vía fiscal debido a la inacción en la aplicación de la Ley de Vivienda por parte de varias comunidades autónomas. «Tenemos que emplear nuestras propias herramientas», señaló.
El PP también manifestó su rechazo al decreto. Coincidiendo con el anuncio de Sánchez, Alberto Núñez Feijóo presentó el plan de vivienda de su partido, enfocado en facilitar la construcción, reducir la burocracia y otorgar seguridad jurídica a propietarios y compradores.
Los populares critican que el Gobierno «no impulsa la construcción, no facilita el desarrollo, no garantiza seguridad a los propietarios ni simplifica trámites» y reprochan que tampoco reduzca impuestos a la adquisición para jóvenes sin ahorros.
«Cada día lanzan propuestas diferentes», criticó Ester Muñoz, portavoz del Grupo Popular en el Congreso.