UPTA denuncia que miles de autónomos quedan fuera de la protección social y reclama alternativas dignas para quienes no pueden continuar con su actividad.
El sistema de cese de actividad para los trabajadores por cuenta propia, conocido como el ‘paro de los autónomos’, no satisface las demandas del colectivo y se ha transformado en la práctica en un mecanismo “ineficaz y sumamente restrictivo”, según expresan los portavoces de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA España).
Se sostiene que, de acuerdo con datos oficiales de la Seguridad Social, apenas el 45,7% de las solicitudes de cese de actividad han sido concedidas, mientras que el 58,8% fueron denegadas. Esta tendencia deja desprotegidos a cerca de seis de cada diez trabajadores por cuenta propia que cotizaron específicamente para acceder a esta ayuda.
UPTA España lleva tiempo advirtiendo sobre la urgencia de reformar esta prestación “fundamental” para la seguridad social del sector, debido a que actualmente “se está excluyendo” del sistema de protección a miles de autónomos que tienen que suspender su actividad de forma involuntaria, especialmente en sectores tradicionales con mayores retos para su continuidad, según indicó en un comunicado.
Un sistema alejado de la realidad
La organización, bajo la presidencia de Eduardo Abad, sostiene que el ‘paro de los autónomos’ está desconectado de la realidad de este colectivo. Abad señala que “no es aceptable que, tras años cotizando para esta prestación, más de la mitad de las solicitudes sean rechazadas”. A su parecer, “nos encontramos ante un sistema que lejos de proteger a los autónomos, termina excluyéndolos”.
El elevado porcentaje de denegaciones del cese de actividad refleja una problemática estructural que afecta especialmente a sectores tradicionales con mayor dificultad para mantener la continuidad de sus actividades.
Por ello, UPTA España denuncia que la excesiva complejidad administrativa junto a requisitos de acceso excesivamente estrictos han acabado convirtiendo el sistema en un mecanismo prácticamente inaccesible para la mayoría de los autónomos.
Cotizaciones por ingresos
Asimismo, Eduardo Abad considera una “auténtica negligencia” que durante todo 2025 no se hayan avanzado en la adaptación del sistema de cotización por ingresos reales, que, entre otros aspectos, “tenía como prioridad modificar el cese de actividad”.
En consecuencia, desde UPTA exigen al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que “deje de ignorar el problema y retome las negociaciones de manera urgente”.
La organización también solicita reactivar el Observatorio del Cese de Actividad, junto a asociaciones representativas y agentes sociales, con la finalidad de revisar los criterios y simplificar el proceso de tramitación.
El secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, ha manifestado que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha presentado en la mesa de negociación sobre autónomos una nueva propuesta que contempla congelar las cuotas de los autónomos con ingresos bajos (entre 670 y 1.166,7 euros mensuales) y aumentar las del resto entre 2,91 y 14,75 euros al mes para 2026. (Europa Press)
El 25% de los autónomos son “pobres”
Según datos de UPTA, más de 500.000 trabajadores autónomos “malviven” con rendimientos netos de su actividad por debajo de 900 euros mensuales y 795.413 subsisten con ingresos iguales o inferiores a 670 euros mensuales, lo que equivale a cerca del 25% del total de afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).
Esta situación “pone de manifiesto el crecimiento de un colectivo cada vez más numeroso de autónomos pobres: personas que, a pesar de trabajar intensamente, no obtienen ingresos suficientes para vivir dignamente ni para asegurar su futuro”, alertan desde la confederación.
Para mitigar este escenario, desde UPTA reclaman la implementación de mecanismos que faciliten la salida ordenada del autoempleo. Proponen que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) promueva un sistema, replicable en todas las comunidades autónomas, que combine programas específicos de orientación laboral individualizada, recualificación profesional y acreditación de competencias, permitiendo a estos trabajadores “transitar hacia empleos asalariados que se correspondan con su experiencia y habilidades”.
Sostienen que impulsar estas iniciativas no implica renunciar al apoyo al trabajo autónomo, sino que es un acto de responsabilidad hacia las personas autónomas: “Defender la dignidad laboral requiere reconocer cuándo un proyecto es inviable y brindar alternativas reales y seguras”. Subrayan que apostar por un autoempleo de calidad también significa contribuir a cerrar etapas “precarias” y abrir nuevas oportunidades laborales que garanticen estabilidad, derechos y salarios adecuados.