Dos tercios de los presos etarras cumplen su condena desde sus domicilios, disfrutan de libertad condicional o tienen permiso para entrar y salir de prisión.
Así lo revela el informe mensual más reciente elaborado por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), que recibe del Ministerio del Interior información sobre traslados y concesión de beneficios penitenciarios a los presos de ETA.
Este informe, al que ha accedido EL ESPAÑOL, indica que únicamente un 34% de los reclusos vinculados a la banda terrorista están clasificados bajo el régimen penitenciario ordinario. Son 47 de un total de 135.
El resto dispone de algún tipo de beneficio que les permite cumplir la pena en sus casas, han obtenido el tercer grado —viven libres y sólo regresan a prisión para dormir— o alguna otra modalidad de flexibilización.
El informe de la AVT refleja que actualmente hay 135 presos de ETA en cárceles de toda España.
La mayoría de ellos (127) están alojados en centros penitenciarios en el País Vasco. Ocho se encuentran en prisiones navarras.
De esos 127, 47 cuentan con tercer grado y otros 17 se benefician del régimen de flexibilidad previsto en el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario. Además, cerca de veinte disfrutan de libertad condicional.
Es decir, 84 de los 127 no están en el régimen penitenciario ordinario, sino en alguna modalidad más favorable.
En Navarra, un caso similar ocurre: de los ocho reclusos allí, uno posee tercer grado y dos cuentan con libertad condicional.
En 2021, el Gobierno central transfirió las competencias penitenciarias al Ejecutivo vasco. Por ello, en la actualidad es el Departamento de Justicia y Derechos Humanos, controlado por el PSOE, el encargado de conceder los terceros grados.
Sin embargo, la Fiscalía de la Audiencia Nacional tiene autoridad para recurrir estas decisiones. La simple presentación de un recurso detiene la semilibertad hasta que el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria resuelva definitivamente.
En su informe, la AVT critica la política penitenciaria trazada por el Gobierno de Pedro Sánchez, describiendo un plan dividido en varias etapas.
La primera fase promovió los «traslados a cárceles cercanas al País Vasco (principalmente, Logroño, Asturias, Zaragoza, Cantabria, Burgos y Soria) y la progresión a segundo grado o flexibilizaciones del primer grado».
Desde el 13 de septiembre de 2018 hasta el 31 de agosto de 2022, se autorizaron 263 traslados de presos a prisiones limítrofes a Euskadi o Navarra.
Según la AVT, la segunda etapa se dirigió al «traslado de todos los presos a cárceles del País Vasco y Navarra».
La tercera fase, ya con las competencias penitenciarias transferidas, se centró en las progresiones a tercer grado, que abren el camino hacia la libertad condicional posterior.
«En esta [tercera] fase ha sido fundamental la transferencia de las competencias de Prisiones al Gobierno Vasco, dado que la administración penitenciaria vasca ha adoptado un modelo específico que potencia el régimen abierto (tercer grado)», apunta la AVT.