Durante casi cincuenta años de Democracia en España, han sido juzgados militares, ministros, banqueros, folclóricas, aristócratas e incluso la hija de un rey. Sin embargo, hasta el momento, nunca se había sentado en el banquillo un familiar tan cercano como un hermano de un presidente del Gobierno en funciones.
Es probable que esa circunstancia cambie cuando sea juzgado el músico David Sánchez, hermano menor del actual jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.
Este jueves, la juez que llevó a cabo una investigación de un año sobre el artista decidió ordenar la apertura de juicio oral en su contra. También lo hizo respecto a Miguel Ángel Gallardo, dirigente del PSOE en Extremadura.
La magistrada Beatriz Biedma imputa a ambos los delitos de prevaricación y tráfico de influencias debido a supuestas irregularidades en la creación y adjudicación posterior de una plaza en la Diputación de Badajoz, que preside Gallardo.
La posición en cuestión, coordinador de los conservatorios de Badajoz, terminó siendo asignada al músico, considerado el candidato más apto. No obstante, renunció a la plaza en febrero, mientras la investigación judicial seguía en curso.
«Capacidad para influir»
Además, en otra resolución también fechada este jueves, Biedma destaca la «capacidad para influir» en el PSOE de Badajoz que Pedro Sánchez habría tenido ya desde 2017, año en que se concedió el puesto a su hermano.
Según la magistrada, esa circunstancia pudo facilitar que la Diputación de Badajoz apoyara la asignación del cargo al músico, en detrimento de otros aspirantes.
«Si en el momento de la creación y asignación del puesto, David Sánchez no tenía relaciones en Badajoz —o, al menos, no existen indicios de ello—, sí consta que su hermano [Pedro Sánchez] ejercía como secretario general del PSOE y había visitado la provincia en varias ocasiones», señala la juez.
«Por sólo ese cargo y por su afiliación política [PSOE], él y su círculo más cercano mantenían vínculos estrechos con otros miembros del partido en Extremadura, capaces de influir en quienes tenían potestad para crear la plaza», concluye la instructora.
A menos que haya imprevistos, David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo serán juzgados por estos hechos. Sin embargo, impugnaron la decisión de Biedma de enviarlos a juicio y presentaron un recurso ante la Audiencia Provincial de Badajoz. Esta instancia, superior a la juez, debe aún confirmar o revocar su decisión.
No aguardando este pronunciamiento —ya que no está obligado a ello—, la magistrada decidió este jueves ordenar la apertura de juicio oral contra el músico y el dirigente político.
Aforamiento
Esta medida no estuvo exenta de controversia, pues sólo horas antes Gallardo había tomado posesión como diputado en la Asamblea de Extremadura. Esta nueva situación conlleva el aforamiento, es decir, el derecho exclusivo de ser juzgado por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJExt).
Sin embargo —probablemente por desconocer esta condición—, la juez Biedma firmó este jueves la resolución que envía a juicio al político, a pesar de que ya gozaba de ese privilegio.
EL ESPAÑOL ha publicado el documento oficial que, al miércoles a las 13:17 horas, confirma que Gallardo ya era diputado electo. De acuerdo con el reglamento de la Asamblea, por tanto, dispone de aforamiento.
Por ello, al ser ya parlamentario autonómico, sólo el TSJExt tiene jurisdicción para juzgarlo. El abogado de Gallardo ha informado a la juez de este detalle, pues considera que, debido a esa avanzada condición, la instructora no estaba facultada para ordenar juicio oral contra su cliente.
El asesor de Moncloa
Además de Sánchez y Gallardo, Biedma ha enviado a juicio a Luis Carrero, quien trabajó como asesor en Moncloa hasta 2022 y, en 2023, fue incorporado a la Diputación de Badajoz. Fue contratado en el Área de Cultura, el mismo departamento en que David Sánchez estaba desde 2017.
De hecho, Carrero se convirtió en colaborador de Sánchez, ocupando el cargo encargado de impulsar la cultura en la zona transfronteriza entre Portugal y Badajoz.
En junio de 2023, antes de su ingreso en la Diputación, Carrero remitió un correo electrónico a Sánchez, dirigiéndose a él como «hermanito». En ese mensaje, se ofrecía para trabajar en el organismo provincial, lo que finalmente ocurrió.
Cuando declaró ante la juez como investigado, Carrero mencionó la amistad de casi 20 años que mantiene con David Sánchez y explicó que ese correo tenía un tono cotidiano, informal y desenfadado.
Además de estos tres, Biedma ordenó este jueves la apertura de juicio oral contra varios cargos y empleados de la Diputación de Badajoz que han sido investigados en esta causa: Ricardo Cabezas, Cristina Núñez, Juana Cintas, Manuel Candalija, Félix González Márquez, Elisa Moriano y Francisco Martos Ortiz.
Hasta hace pocos meses, el Código Ético del PSOE estipulaba que la apertura de juicio oral contra alguno de sus miembros implicaba la suspensión de militancia, que podía culminar en la expulsión del partido.
No obstante, esta norma se ha flexibilizado y basta con que Gallardo alegue ser víctima de un «uso de instrumentos jurídicos para objetivos políticos» para continuar en el partido y conservar sus cargos. La denuncia que originó la investigación contra el músico y el diputado fue presentada por el sindicato Manos Limpias, al que el PSOE considera «ultraderechista».