El convenio entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras permitirá que Cataluña reciba aproximadamente 4.700 millones de euros adicionales a través de un renovado sistema de financiación autonómica.
Este acuerdo reconoce el principio de ordinalidad, que estipula que Cataluña obtendrá fondos en proporción a su contribución, lo que ha suscitado críticas por parte de varias comunidades autónomas gobernadas por el PP y también del presidente socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.
Líderes autonómicos del PP junto a García-Page opinan que el pacto vulnera el principio de igualdad entre territorios y advierten sobre posibles acciones legales, incluyendo la presentación de recursos ante el Tribunal Constitucional.
Pedro Sánchez defiende que el nuevo modelo financiero será más equitativo y permitirá mejorar la financiación de los servicios públicos en todas las comunidades autónomas.
Las once comunidades con gobiernos del PP y el presidente socialista de Castilla‑La Mancha, Emiliano García Page, han criticado el acuerdo bilateral entre Pedro Sánchez y el líder de ERC, Oriol Junqueras, que proporcionará a Cataluña un nuevo sistema de financiación, con un pacto que le asegura recibir en torno a 4.700 millones adicionales.
Este pacto favorece el principio de ordinalidad, es decir, “si Cataluña es la tercera en aportaciones, también lo será en las cuantías que reciba”, tal como ha defendido el líder de ERC, inhabilitado para ocupar cargos públicos hasta 2031 debido a su condena relacionada con el referéndum ilegal del 1‑O de 2017.
Reconocer por parte del Gobierno ese principio de ordinalidad supone, según el resto de comunidades autónomas, una ruptura del principio de igualdad.
“La financiación autonómica debe orientarse al bien común”, expresó en un mensaje en X el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, enfatizando que “la igualdad de los españoles no debe ser objeto de negociación”.
El pacto entre Sánchez y ERC enfrenta la oposición del PP, que controla 11 comunidades, y también de una de las tres comunidades de régimen común gobernadas por socialistas: Castilla‑La Mancha.
“Aunque mi partido ha traspasado muchas líneas rojas en los últimos años, saltarse la línea roja de la igualdad supondría el mayor daño a la ideología del PSOE en toda su historia”, afirmó Emiliano García‑Page durante un acto público en Villanueva de Alcardete (Toledo).
Al único barón socialista con mayoría absoluta tampoco le ha gustado la forma en que se pactó, dado que fue de manera bilateral con Junqueras.
“Lo preocupante es que un independentista esté definiendo la financiación de un país”, subrayó Page, advirtiendo que el líder de ERC persigue “primero la independencia económica y luego la independencia política”.
La reunión de Pedro Sánchez con Junqueras en La Moncloa constituye la primera fotografía conjunta tras la condena al líder separatista y también después del indulto a la pena de prisión otorgado por el propio ejecutivo del PSOE.
Estas críticas no son compartidas por Pedro Sánchez. En un mensaje en X señaló que se trata de un modelo que será «más equitativo y que proporcionará más recursos a todas las comunidades para financiar mejor y en mayor medida los servicios públicos».
El acuerdo entre Sánchez y ERC se produce en plena precampaña para las elecciones en Aragón, seguidas por las de Castilla y León y, finalmente, las de Andalucía, donde la candidata del PSOE es la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien este viernes presentará la propuesta de financiación.
El primer presidente popular que enfrentará las urnas, el aragonés Jorge Azcón, ha sido uno de los primeros en reaccionar, criticando un pacto que “supone desigualdad, insolidaridad y un agravio para Aragón sin precedentes”.
Según su opinión, se trata de un sistema “diseñado para beneficiar a Cataluña” que perjudicará tanto a Aragón como al conjunto de las comunidades autónomas, y ha solicitado la convocatoria inmediata del Consejo de Política Fiscal.
Azcón recordó que la imagen de Sánchez junto a Junqueras representa “la foto de la desigualdad y la imagen de la insolidaridad con Aragón”.
Las críticas contra el Gobierno de España también proceden de la región de origen de su adversaria electoral, pues hasta hace pocas semanas, la candidata del PSOE, Pilar Alegría, fue ministra de Educación y portavoz del Ejecutivo.
También se ha mostrado contundente el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, quien ya ha anunciado que recurrirán a todas las vías legales para oponerse al acuerdo, incluso ante el Tribunal Constitucional, argumentando que genera “privilegios que rompen la igualdad entre personas y territorios”.
Mientras tanto, los populares andaluces, a través de su secretario general, Antonio Repullo, han cargado contra la ministra de Hacienda, que será la candidata del PSOE en las autonómicas del próximo primavera.
El hombre fuerte de Juanma Moreno ha acusado a Montero de “hipotecar el futuro de Andalucía” y de permitir que “siga estando infrafinanciada”, lo que, según denuncia, “afecta directamente a nuestra sanidad, educación y dependencia”.
Quien fuera consejero de Hacienda en Andalucía y ahora vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, se mostró “sorprendido” porque “dos partidos que se autodefinen como de izquierdas hayan acordado que quien más tiene reciba más”.
Desde Madrid, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha declarado que esta financiación especial “a cambio de votos” es una forma de “corrupción política” y ha censurado que Pedro Sánchez esté “subastando el país”.
“Que un golpista como Junqueras acceda al Palacio de la Moncloa con casi honores resulta lamentable”, enfatizó la mano derecha de Isabel Díaz Ayuso.