Trabajo plantea un aumento de 37 euros mensuales y se compromete a mantener la exención del IRPF
El Ministerio de Trabajo y Economía Social propuso este miércoles a los agentes sociales un incremento del salario mínimo interprofesional (SMI) del 3,1%, lo que supondría un sueldo de 1.221 euros al mes en 14 pagas. Esta cifra, planteada en la primera sesión de negociación para el aumento del salario mínimo de 2026, implica un alza de 37 euros mensuales respecto al importe vigente.
La comunicación fue realizada por el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, quien detalló que la propuesta gubernamental mantiene la exención del SMI en el IRPF y se basa en las recomendaciones emitidas por el Comité de Expertos que asesora al Ejecutivo en este ámbito.
En este sentido, el monto sugerido por el Gobierno corresponde a una de las dos opciones contempladas en el último informe del comité sobre el salario mínimo. Dicho organismo planteó un aumento del 3,1% para 2026 siempre que el SMI siga sin tributar en el IRPF, o un incremento superior, del 4,7%, en caso de que se comenzara a tributar.
Con la propuesta actual, el salario mínimo pasaría de los 1.184 euros mensuales vigentes a 1.221 euros brutos repartidos en catorce pagas, lo que significaría un aumento de 37 euros mensuales para los beneficiarios. Durante su intervención, Pérez Rey defendió que «el salario mínimo interprofesional no puede perder ni una décima parte de poder adquisitivo» y destacó que la fiscalidad debe aplicarse «a quien más tiene, no a quien menos».
El SMI como eje de la política laboral del Gobierno
El secretario de Estado de Trabajo enmarcó la propuesta dentro de la evolución del salario mínimo desde el comienzo del actual Gobierno. Recordó que el SMI ha crecido un 63% desde el inicio de la legislatura, lo que, a su parecer, ha contribuido a disminuir la desigualdad.
«El SMI es probablemente la reforma o norma más exitosa impulsada por este Gobierno», afirmó Pérez Rey, ubicándola junto a la reforma laboral como uno de los pilares centrales de la política laboral. Para él, el salario mínimo ha sido «el principal remedio contra la desigualdad» y ha tenido un efecto directo sobre los salarios más bajos.
Además, el secretario de Estado subrayó que la subida del SMI ha colaborado en reducir la brecha salarial de género, beneficiando especialmente a mujeres, jóvenes y trabajadores en categorías de ingreso inicial.
La gran pérdida de la clase trabajadora: sus salarios rozan el poder adquisitivo de 2019, pero ni se acercan al de hace 15 años.
Compromiso para mantener la exención fiscal
Uno de los aspectos centrales de la propuesta del Ejecutivo es que el aumento del 3,1% permanezca exento de tributación en el IRPF. Pérez Rey reafirmó la promesa del Ministerio de Trabajo de que «no tributen quienes reciben el salario mínimo interprofesional».
Comentó que este ha sido un tema recurrente planteado por los agentes sociales y públicamente respaldado por la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz. «Quien percibe el salario mínimo interprofesional no debería ser sujeto de tributación», afirmó.
Posible flexibilización en la contratación pública
Además del aumento salarial, el Gobierno planteó la posibilidad de revisar las normas de indexación en la contratación pública para mitigar el impacto de la subida del SMI en los contratos existentes. Esta propuesta, según Pérez Rey, respondió a una solicitud unánime de las organizaciones presentes en la mesa de diálogo social.
El Ministerio de Trabajo se comprometió a explorar esta opción junto con los departamentos competentes, con la finalidad de «flexibilizar las reglas de desindexación» dentro del marco fiscal y laboral vigente.
Sin acuerdo aún, pero en un “clima de diálogo constructivo”
Por ahora, la propuesta no cuenta con una respuesta definitiva por parte de sindicatos y patronales. Pérez Rey explicó que ninguna organización ha emitido un sí o un no inmediato y que todas trasladarán la propuesta a sus respectivos órganos de gobierno.
De todos modos, valoró positivamente el desarrollo de la reunión, que calificó como un encuentro realizado en un “clima de diálogo franco, sincero y muy constructivo”. El Gobierno espera recibir una respuesta “a la mayor brevedad posible” y alcanzar un acuerdo que permita consensuar la subida del SMI para 2026.
«Un incremento de 37 euros brutos mensuales marca la diferencia entre salarios dignos y aquellos que no lo son», concluyó el secretario de Estado, expresando su intención de lograr un acuerdo con CEOE, Cepyme, UGT y CCOO en las próximas semanas.