El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha interpuesto una querella criminal por difamación contra la portavoz local del PSOE, Rocío Arrabal.
Landaluce acusa a Arrabal de divulgar información falsa y dañina para su reputación y carrera pública, tras las acusaciones formuladas por ella sobre supuestos delitos de acoso y malversación.
La denuncia que Arrabal presentó contra Landaluce se registró en el Tribunal Supremo debido a que el alcalde ejerce como senador y está aforado.
A pesar de estar de baja provisional en el PP, Landaluce sigue en su cargo de alcalde y advierte que emprenderá acciones legales contra quienes amplifiquen estas acusaciones que califica de infundadas.
El alcalde de Algeciras responde a las acusaciones. José Ignacio Landaluce, el primer edil, ha interpuesto una querella criminal contra la secretaria general del PSOE de Algeciras, Rocío Arrabal, acusándola de difundir de manera reiterada informaciones «falsas» sobre su persona.
Landaluce sostiene que la socialista, quien además es diputada en el Parlamento de Andalucía, ha divulgado hechos relativos a él que resultan «gravemente dañinos para su honor, su dignidad personal y su trayectoria pública».
Esta querella se presenta tras la denuncia formulada por Arrabal contra Landaluce, en la que se le imputan presuntos delitos de malversación y acoso o abuso sexual a compañeras de su formación política.
Vale recordar que dicha denuncia fue presentada ante el Tribunal Supremo debido a que Landaluce, como senador, goza de aforamiento,
En su querella, Landaluce señala que Arrabal ha difundido alegaciones de “extrema gravedad” basadas únicamente en anónimos y declaraciones previamente desmentidas de manera expresa por las personas que se pretendía presentar como víctimas.
Alcalde
El primer edil, habiéndose dado de baja del PP, pero conservando la alcaldía del municipio gaditano, añade que algunas de las imputaciones de la socialista le atribuyen «conductas constitutivas de delitos contra la libertad sexual».
Por lo que se ha detallado, estas afirmaciones fueron realizadas «consciente plenamente de su falsedad o al menos con un temerario desprecio por la verdad», pese a que «las personas directamente mencionadas habían negado públicamente los hechos y solicitado respeto ante el uso político de su identidad y vida privada».
Las medidas legales se fundamentan en la probable comisión de delitos de injurias y calumnias con publicidad, así como en un delito contra la integridad moral, considerando que «la campaña de difamación ha excedido el debate político legítimo» para convertirse «en un ataque personal constante con graves impactos a nivel individual, familiar e institucional».
En el comunicado, Landaluce ha afirmado que «ha manifestado con claridad y sin equívocos su condena total a cualquier forma de violencia contra las mujeres, así como su rechazo absoluto a la manipulación de temas delicados con fines partidistas».
«El uso de acusaciones falsas o insinuaciones sin fundamento no solo vulnera derechos fundamentales, sino que trivializa una realidad social que merece el máximo respeto y rigor», señaló el alcalde de Algeciras, quien mantiene sus funciones a pesar de su baja provisional en el PP mientras se esclarecen los hechos.
Previo a la presentación de la acción penal, el alcalde intentó un acto de conciliación con Rocío Arrabal con el objetivo exclusivo de obtener una rectificación pública. Este intento finalizó sin acuerdo tras la ausencia de Arrabal en el Juzgado de Instrucción de Algeciras, lo que motivó finalmente la presentación de una querella criminal en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
El alcalde ha remarcado que estas acciones buscan «proteger el derecho al honor, a la presunción de inocencia y a la verdad», y advierte que se reserva el derecho de ejercer todas las acciones legales «frente a quienes reproduzcan o amplifiquen esas acusaciones falsas por cualquier medio».