El presidente del Gobierno enfrenta en este año un vía crucis judicial que podría implicar a su familia, su partido y su Ejecutivo.
En 2026, Pedro Sánchez se enfrenta a un proceso judicial que podría involucrar a su familia, a su partido y a su Gobierno. Se trata de alrededor de diez causas penales que se encuentran en distintos niveles de desarrollo: algunas recién iniciadas —lo que genera inquietud por la incertidumbre en su alcance— y otras mucho más avanzadas —igualmente preocupantes debido a la inminencia de los juicios. Esta disparidad en el ritmo indica que, aunque no se llegue a las 14 estaciones, el proceso será extenso, abarcará el año que comienza y continuará en el siguiente.
PRIMER JUICIO EN EL TS. Sala Penal del Supremo, causa especial 20775/2020. La relevancia del Tribunal Supremo y la proximidad del juicio otorgan especial importancia a la investigación que lleva a cabo este tribunal sobre la red criminal vinculada a la compra de mascarillas durante la pandemia, primer indicio del caso. En febrero de 2024, la detención de Koldo García, mano derecha de José Luis Ábalos, anticipaba la posible implicación del entonces ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE. Actualmente, García permanece en prisión provisional y enfrenta un escrito de acusación por parte de Anticorrupción, además de la orden de apertura del juicio oral. Se espera que la primera audiencia del caso Koldo tenga lugar en febrero o marzo. La Fiscalía solicita 24 años de prisión por varios delitos: pertenencia a organización criminal, cohecho, malversación, uso de información privilegiada y dos delitos de tráfico de influencias. Estas acusaciones describen sus maniobras en la adquisición de mascarillas, sus favores al empresario Víctor de Aldama y los beneficios otorgados a sus amigas o parejas, como vivienda y empleo en una empresa pública. Para Koldo se piden 19 años y para Aldama, que enfrenta menos cargos y tiene la atenuante de colaboración, siete años.
OBRA PÚBLICA Y CERDÁN. Sala Penal del Tribunal Supremo, diligencias, pieza separada II. Las piezas separadas permiten distintos avances procesales; esta opción fue utilizada por el magistrado del TS Leopoldo Puente para avanzar con el juicio del bloque principal, a la vez que continuaba el análisis sobre otro aspecto señalado por Aldama: la manipulación en obras públicas, con la implicación de Santos Cerdán. La versión de Sánchez que minimizaba la confesión del empresario ha ido perdiendo fuerza, y actualmente el juez investiga una serie de licitaciones vinculadas a quien reemplazó a Ábalos en la secretaría de Organización. Esta línea, que involucra a varios empresarios y directivos de Acciona investigados, espera informes clave de la UCO y de la Intervención General del Estado (Igae).
EL CASO KOLDO EN LA AUDIENCIA NACIONAL. Juzgado Central de Instrucción 2, diligencias previas 65/2023. El juez inicial del caso Koldo, Ismael Moreno, perdió competencia sobre asuntos relacionados con el aforado Ábalos y lo imposible de disociar del diputado (Koldo y Aldama). El resto del proceso permanece en la Audiencia Nacional, donde están imputados otros involucrados en las supuestas operaciones delictivas. Esto incluye personas relacionadas con la empresa que vendió millones de mascarillas a Transportes (Soluciones de Gestión) así como participantes en la rama de obra pública: la ex presidenta de Adif Isabel Pardo de Vera y el ex director de Carreteras Javier Herrero. Además, la investigación se extiende a negocios en Baleares y Canarias, manteniendo la incertidumbre sobre la posible implicación de los ex presidentes autonómicos Francina Armengol y Ángel Víctor Torres.
LAS CUENTAS DEL PSOE. Diligencias previas 65/2003, pieza separada secreta. La investigación del Supremo ha revelado una pieza secreta en la Audiencia Nacional que examina los movimientos de efectivo en Ferraz, relacionada con una posible financiación ilegal del PSOE. La pesquisa se encuentra en sus primeras etapas. El juez del Supremo recomendó al juez del caso Koldo en la Audiencia Nacional indagar esta cuestión. A Puente no le convencieron las justificaciones sobre el control de pagos en efectivo aportadas por el director gerente durante la etapa de Ábalos. El juez Moreno proporcionó ya a la Guardia Civil una memoria portátil con todos los pagos en efectivo del partido. El PSOE se opuso a que fueran entregados en su totalidad y a su divulgación. Consiguió evitar la segunda, por lo que las acusaciones —PP, Vox, entre ellas— no tienen acceso a esa información. Sin embargo, la UCO está revisando «todos» los pagos, incluidos aquellos realizados a Pedro Sánchez. El partido encargó una auditoría externa que concluyó que todo estaba en orden, aunque ese informe carece de valor para la investigación judicial, que sigue pendiente del dictamen de la UCO.
‘CASO HIDROCARBUROS’. Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, diligencias previas 147/2024. Esta investigación sobre fraude fiscal en el IVA de hidrocarburos está vinculada al caso Koldo, dado que la red intentó comprar la influencia de Ábalos para obtener permisos para la venta mayorista. El último informe de la UCO destaca que la trama destinó «más de un kilo» para este fin, según conversaciones interceptadas. La UCO continúa pesquisando si hubo «contrapartidas» dirigidas a funcionarios del Ministerio de Industria y Transición Ecológica.
FONTANERA CONTRA LA UCO Y ANTICORRUPCIÓN. Juzgado de Instrucción 9 de Madrid, diligencias previas 1675/2025. La proliferación de causas que afectan al presidente provocó que Leire Díez, ex concejal socialista colocada en empresas públicas de la Sepi como Enusa y Correos, comenzara a recabar información destinada a desacreditar a la UCO y a Anticorrupción, principales focos de sus problemas. Conocida como la fontanera del PSOE, mantuvo videoconferencias con un empresario fugado vinculado a una trama de fraude en hidrocarburos. Díez buscaba información contra el teniente coronel de la UCO Antonio Balas. Posteriormente, contactó con dos fiscales de Anticorrupción solicitando datos a cambio de promesas de avances profesionales. En una de esas conversaciones afirmó que Sánchez había ordenado «limpiar» todo y que actuaba en nombre de Cerdán. Ante el juez, admitió haber participado en una reunión en Ferraz con Cerdán y Antonio Hernando —entonces en Moncloa— coincidiendo con los días de reflexión de Sánchez en el caso Begoña. La causa está en etapa inicial y el juez ha citado como testigos a Cerdán y Hernando.
LA ‘FONTANERA’ Y LA SEPI. Juzgado Central de Instrucción 6, causa secreta. La supuesta fontanera del PSOE enfrentó investigaciones en Madrid al momento de su detención por orden de la Audiencia Nacional. Existen también órdenes para el ex presidente de la Sepi, Vicente Fernández Guerrero, y el empresario vasco Antxon Alonso, socio de Cerdán en una constructora vinculada al caso Koldo. Anticorrupción les investiga por cinco operaciones relacionadas con el sector industrial del Gobierno. La más destacada es el rescate de Tubos Reunidos por 113 millones. La intervención pública aprobada por el Consejo de Ministros y la presunta vinculación con la señalada fontanera confieren una importancia política considerable al caso.
EL «HERMANÍSIMO». Audiencia Provincial de Badajoz. El juicio al hermano del presidente, David Sánchez, está previsto para el 28 de mayo de 2026. Le acompañará en el banquillo Miguel Ángel Gallardo, quien recientemente renunció a su liderazgo del PSOE en Extremadura, acusado de crear un puesto ad hoc para David en la Diputación de Badajoz. También se le atribuye la creación de otro puesto para su amigo y asistente Luis Carrero. Tanto Gallardo como David ya hablaban de la plaza que ocuparía el hermano de Sánchez antes de la formalización, al igual que los responsables de los conservatorios daban por segura esa posición para el «hermanísimo» —según uno de sus correos electrónicos— antes incluso de la convocatoria oficial. Otras ocho personas están acusadas por presuntas prevaricaciones y tráfico de influencias. El caso está en la Audiencia Provincial, sin embargo, con la reciente elección de Gallardo como diputado autonómico su condición de aforado podría transferir la causa al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. También se considera la opción de que sea senador autonómico, lo que trasladaría el caso al Tribunal Supremo. La acusación popular solicita tres años de prisión para ambos.
‘CASO BEGOÑA’. Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, diligencias previas 1146/24. Esta causa que llevó a Sánchez a meditar cinco días su renuncia a la Presidencia se abrió en abril de 2024 y ha tenido múltiples altibajos. Actualmente, se sigue investigando en tres líneas. La primera se centra en la relación entre Begoña Gómez y el empresario Juan Carlos Barrabés, para quien la esposa del presidente redactó cartas de recomendación (con posibles delitos de tráfico de influencias y corrupción empresarial) dirigidas a una sociedad pública (Red.es), cuyo liderazgo nombró su esposo. La segunda línea examina la cátedra de Gómez en la Universidad Complutense. Los cargos en este caso son apropiación indebida (del software gratuito elaborado para la cátedra y donado por empresas como Google, Telefónica e Indra) e intrusismo profesional (por ejercer funciones técnicas sin la titulación correspondiente). La tercera, más reciente, añade un quinto delito: malversación, por la supuesta dedicación de la asesora de Begoña Gómez en Moncloa a su actividad profesional privada. Este conjunto de hechos forma una causa que podría derivar en un juicio con jurado. Para ello, el juez Peinado debe concluir la instrucción —prevista para su jubilación en verano— y la Audiencia de Madrid debe autorizar la vista. Hasta ahora, el tribunal ha respaldado al juez en los aspectos principales, aunque ha corregido algunas decisiones (como la exclusión de la investigación sobre Air Europa).
EL RESCATE Y ZAPATERO. Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, causa secreta. La segunda fase de la investigación sobre la aerolínea rescatada Plus Ultra parece que tendrá mayor impacto político que la primera, que fue archivada por un error en los plazos procesales. Actualmente, se examina un posible blanqueo de dinero vinculados a una red criminal relacionada con Venezuela. Han sido detenidos el presidente de la aerolínea y su director general, así como Julio Martínez Martínez, empresario con estrechos vínculos con Venezuela y amigo de José Luis Rodríguez Zapatero, además de cliente de la agencia de comunicación de sus hijas. Él niega ser el «testaferro» del ex presidente. Cuando se levante el secreto judicial, podrá comprobarse si existe alguna vinculación con Zapatero, todavía una figura clave en el PSOE.
EX FISCAL GENERAL. Sala Penal del Tribunal Supremo, causa especial 20557/2024. Es el caso más avanzado contra Pedro Sánchez. La condena de dos años de inhabilitación, emanada del Tribunal Supremo, es ya firme. El desgaste político asociado ha ocurrido en gran medida, pero la ejecución de la sentencia y, sobre todo, la revisión por parte del Tribunal Constitucional podrían empeorar la situación. Tras completarse el trámite final en el Alto Tribunal, el TC presidido por Cándido Conde-Pumpido decidirá si ofrece amparo a Álvaro García Ortiz frente al Supremo. También se discute la delicada posibilidad política de conceder un indulto a una sentencia que el Gobierno ha rechazado públicamente.
Esperando a Luxemburgo
AMNISTÍA. Aunque esta cuestión no incida directamente sobre el presidente y su entorno, Sánchez está pendiente de la resolución del Tribunal de Justicia de la UE sobre la conformidad de la Ley de Amnistía con la legislación europea. Por ahora, el abogado general ha recomendado su aprobación con observaciones menores. Se espera el fallo para los primeros meses de 2026.
CLAVE. Un fallo en contra de esta ley, que permitió su investidura, supondría un golpe político para Sánchez. Si en cambio se mantiene la vigencia ante el TJUE, se abriría un nuevo ciclo judicial, probablemente con enfrentamientos adicionales entre el Constitucional —hasta ahora favorable al régimen— y el Supremo, que ha evitado aplicar la ley al delito de malversación que pesa sobre Carles Puigdemont.