La formación ha enviado al juez documentación referente a la persona considerada como la ‘fontanera’ del partido, quien ha sido militante desde 2006 y se dio de baja en junio pasado.
El PSOE ha presentado documentación ante el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid confirmando el desembolso bruto total de 15.612,04 euros a la ex militante socialista Leire Díez por sus labores periodísticas para el PSOE de Cantabria durante el año 2017.
Sin embargo, en la documentación, adelantada por Abc y a la que tuvo acceso Europa Press, el PSOE aclara que Díez «no mantuvo relación laboral ni consta que tuviera cargos orgánicos dentro del partido, aunque fue concejal en el Ayuntamiento de Vega del Pas (Cantabria) entre 2011 y 2015 como parte del Grupo Municipal Socialista en esa localidad».
Los papeles indican que Díez se registró como militante socialista el 18 de abril de 2006 en la agrupación de Portugalete (Vizcaya), trasladándose posteriormente a la agrupación de Vega de Pas, y que causó baja el 4 de junio de 2025.
El juez solicitó al PSOE que confirmara si Díez «es o fue afiliada al PSOE y, en tal caso, las fechas de alta y baja», además de si durante su afiliación «desempeñó alguna actividad interna y si recibió remuneración alguna por tal función».
También requirió a la Comisaría General de Policía Científica mejorar la calidad del audio de la grabación facilitada por el fiscal Ignacio Stampa sobre la reunión con Díez, indicando que «si técnicamente no es viable, se proceda a su transcripción».
En relación con la grabación de la reunión con el investigado en un caso relacionado con hidrocarburos, Alejandro Hamlyn, pidió además que se establezca «si fue realizada por alguno de los asistentes o por un tercero ajeno».
La Guardia Civil arrestó el 10 de diciembre a la ex militante del PSOE Leire Díez y al ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), Vicente Fernández, por posibles irregularidades en contrataciones públicas.
Esta operación sigue en curso y fue ejecutada por orden de la Audiencia Nacional, dentro de una investigación que dirige el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Antonio Piña, bajo secreto de sumario y en la que también toma parte la Fiscalía Anticorrupción.
Díez está igualmente investigada por supuestos delitos de tráfico de influencias y cohecho en una causa que tramita el titular del Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid. De hecho, el juez Arturo Zamarriego la interrogó el 11 de noviembre, por presuntamente ofrecer favores a cambio de información contra miembros del Instituto Armado y la Fiscalía Anticorrupción.
El magistrado instructor sostiene que la exmilitante y exconcejal socialista «lidera» una «actividad delictiva, continua y coordinada» junto al empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol, también investigados, para «recopilar información comprometedora o irregular» con el objetivo de «anular o perjudicar» investigaciones en «asuntos relevantes que afectan a políticos y empresarios».
Díez declaró el 17 de noviembre que sostuvo dos reuniones con el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, señalando que fue en calidad de periodista, sin vinculación con el partido ni ofrecimiento de favores.
Asimismo, en su declaración como imputada repasó su trayectoria laboral, mencionando que en 2018 pasó a la empresa pública, comenzando en la Empresa Nacional del Uranio (Enusa), vinculada a la Sepi, donde tras un «proceso de selección previo», ingresó como «técnico de comunicación». Estuvo en Enusa hasta 2021, cuando, según sus palabras, solicitó una excedencia voluntaria tras identificar una oportunidad laboral en Correos como jefa de Relaciones Institucionales.
En libertad bajo medidas cautelares
Tres días después de ser detenida, el juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña decidió otorgar libertad con medidas cautelares a Leire Díez, así como a Vicente Fernández y al empresario Antxon Alonso.
Entre las medidas, el juez impuso la retirada del pasaporte, la prohibición de viajar al extranjero y comparecencias judiciales quincenales.
Hace una semana, la Audiencia Nacional resolvió bloquear las cuentas bancarias de Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso, dentro de la investigación por la supuesta red de comisiones vinculada a ayudas y contratos públicos.
La medida fue adoptada por el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Antonio Piña, quien tomó la iniciativa dado que estaba de guardia al inicio de la causa, posteriormente asignada a Pedraz tras el reparto del asunto.
Díez, Fernández y Alonso fueron arrestados este mes por su presunta participación en una trama que habría recaudado 700.000 euros en comisiones, «involucrando en sus operaciones a empresas públicas y entidades dependientes de la Sepi» en cinco transacciones.
En la causa, promovida por la Fiscalía Anticorrupción, se investigan presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal.
De acuerdo con las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, los tres indiciados forman parte de un grupo autodenominado «Hirurok«, que «podría haber influido en diversos expedientes tramitados en la Administración pública, en beneficio propio o de terceros, aprovechando su posición, relaciones y capacidad de influencia sobre personas vinculadas a la función pública».