España mantiene una postura ambigua frente a la caída de Maduro, dando prioridad a la legalidad internacional y evitando mostrar un apoyo explícito al fin del régimen venezolano.
El Ejecutivo de Sánchez recibe críticas por su cautela diplomática y su ausencia de respaldo contundente hacia la oposición venezolana, mientras que la oposición española reclama mayor firmeza y coherencia.
La captura de Maduro en una operación estadounidense genera cuestionamientos acerca de la soberanía, el derecho internacional y el rol de España en el nuevo escenario global.
La vinculación de España con figuras como Zapatero y Delcy Rodríguez continúa generando sospechas y debates sobre las conexiones previas con el chavismo.
Desde Madrid, el presidente electo, Edmundo González, comunicaba a los «venezolanos» en la diáspora que él y María Corina Machado están «preparados para la gran tarea de reconstrucción de nuestra nación».
Por su parte, la ganadora del Nobel de la Paz anunciaba que ha llegado «la hora de la libertad» desde un lugar desconocido del mundo.
Se desconoce si ya estaba en territorio venezolano, a la espera de la decisión sobre la intervención militar estadounidense. Cabe señalar que fueron los propios estadounidenses quienes la sacaron de su refugio en Venezuela hace menos de un mes para acudir a Oslo.
Resulta irónico que Edmundo González haya estado en libertad para oponerse a Nicolás Maduro desde España, y que el mismo Gobierno que le concedió asilo hace dieciséis meses no haya felicitado a Machado por su premio.
Esta contradicción se hizo aún más patente el pasado 3 de enero, cuando Pedro Sánchez y José Manuel Albares intentaron maniobrar en sus primeras declaraciones sobre la operación militar de Donald Trump en Caracas.
El presidente español y su ministro de Asuntos Exteriores caminaron sobre terreno delicado, ofreciendo sus «buenos oficios» para una «desescalada»: ¿qué pesa más, la libertad o el Derecho internacional? ¿la democracia o los intereses? ¿la historia compartida o la que se está configurando en este nuevo orden internacional?
Un ex preso político venezolano, camino a la concentración convocada en Sol, interpretaba los mensajes del Gobierno que los acoge en este complejo análisis, repleto de interrogantes:
¿Cómo apoyar un ataque a otra soberanía si España defiende el multilateralismo… incluso para derribar a un régimen tiránico? ¿Y cómo condenarlo, aun cuando sea realizado por Trump?
¿Cómo no fomentar las investigaciones periodísticas o judiciales sobre Plus Ultra y las maletas de Delcy (y los viajes de Koldo para visitarla) sin dar la impresión de respaldar un régimen dictatorial? ¿Y cómo desvincularse del madurismo sin impulsar que Maduro busque justificarse o inventar relaciones inapropiadas en España?
¿Debemos centrarnos en la tradicional esfera de influencia hispana, latina, iberoamericana? ¿O mirar hacia los BRICS, como si España realmente pudiera actuar de intermediario entre las dos potencias emergentes globales? ¿Acaso no son casi iguales sus regímenes poco democráticos y la democracia en declive de EEUU?
En conclusión, añade un dirigente cercano a Machado:
España acoge a Edmundo, ganador legítimo en las urnas frente a un tirano acusado de crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional, pero el Gobierno español no lo reconoce como presidente electo…
España expide decenas (o cientos) de miles de visados a la diáspora venezolana, pero no celebra el Nobel de la Paz de la líder (y a veces mártir) María Corina, quien eligió permanecer para luchar desde la clandestinidad…
¿Se puede tener un pie en ambos lados del nuevo orden mundial?, es la interrogante que surge.
Fuentes del PP lamentan que, en un día como el sábado 3 de enero de 2026, la posición de España no haya importado ni a los atacantes, ni a los atacados; ni a los detractores, ni a los aliados; ni a los libertadores, ni a los liberados.
Sánchez y Albares respondieron a la captura de Maduro subrayando la defensa de la «legalidad internacional», por encima de cualquier celebración abierta del fin de una tiranía que manipuló las elecciones del 28 de julio de 2024.
Al tiempo, censuraron de manera implícita a Trump por atentar contra la soberanía venezolana, pero permanecieron en silencio ante las continuas violaciones de derechos humanos perpetradas por Maduro.
«Fue Hugo Chávez quien entregó nuestra soberanía primero a Cuba; luego a Rusia… y finalmente al terrorismo islámico», aclara Antonio Ledezma.
En su última entrevista, hace apenas dos semanas, ya manifestaba su descontento por el «cambio» de Sánchez, quien pasó de apoyar la democracia venezolana a alinearse con los cuestionables intereses de Zapatero.
Así, la cautela diplomática de Moncloa se transformó en una «coartada moral». Porque sin condenar a ninguna parte, el énfasis se colocó en cuestionar la operación de EEUU en lugar de recordar a las víctimas de un régimen que ha torturado y desaparecido sistemáticamente a disidentes hasta hace apenas días, durante tres décadas.
Los líderes opositores venezolanos encuentran una explicación a los desequilibrios en el discurso de Sánchez en los socios de su Gobierno.
Todos ellos, de hecho, acusaron directamente a EEUU. Algunos convocaron protestas frente a la embajada este domingo. Los más cercanos al chavismo omitieron el narcotráfico en Caracas (que fue la justificación de Washington) para acusar a Trump directamente de intentar «robar» el petróleo venezolano.
No obstante, sí se evidenció un cambio. En enero de 2019, Sánchez reconoció a Juan Guaidó como presidente encargado.
Pero un año después, Guaidó no fue recibido en Moncloa, y Delcy Rodríguez visitó Madrid. Ella es hoy la presidenta encargada, tras la captura de Maduro Moros.
En ese lapso, se prolongó la ambigüedad oficial frente al chavismo, con numerosos comunicados apoyando negociaciones auspiciadas por Zapatero, de las cuales la oposición democrática renegaba, como argumentó en estas páginas Julio Borges, testigo de los «innumerables engaños» de Maduro, Delcy y Diosdado Cabello.
Mientras Washington aplica su legislación interna para juzgar a Maduro en Nueva York, acusado de corrupción y narcotráfico, Moncloa prefirió centrarse en cuestiones formales en lugar de sustantivas.
Esto alimenta en la formación de Alberto Núñez Feijóo la sospecha de que el verdadero problema radica en la acumulación de compromisos, silencios y negocios durante una década de “comprensión” con el chavismo.
El PP fue mucho más claro, llamando a la «transición democrática» y a la «liberación de los presos políticos». Como explicaba Ledezma, no por ser oposición, sino por un compromiso genuino, ya lo hacían cuando gobernaba Mariano Rajoy.
Este mismo sábado, los populares participaron en la concentración por la liberación de Venezuela convocada en Sol al anochecer, y su directiva anunció a este diario la intención de añadir nuevas preguntas al ya elaborado interrogatorio para la comparecencia inminente de Zapatero en la comisión Koldo del Senado.
La extracción de Maduro y su esposa, Cilia Flores, de Caracas no fue «un hecho inesperado», según Miguel Ángel Martín, presidente del Tribunal Supremo venezolano en el exilio. Trump llevaba años preparando este desenlace.
No logró concretarlo en su primer mandato, pero esta vez no escapó a su control. «Lo ha hecho solo», explica el jurista a EL ESPAÑOL. «Ningún político venezolano está detrás; es él quien nos libera».
La cuestión clave es qué sucederá el día después: quién asumirá el orden en Caracas y cómo se ajusta jurídicamente algo que, bajo la perspectiva del derecho internacional, se asemeja demasiado a un secuestro estatal. Pese a ello, paradójicamente, puede estar amparado por la legislación interna estadounidense.
Un indicio está en la reunión que mantuvieron esa misma noche la heredera Delcy y Vladimir Padrino López, aún ministro de Defensa. «Hace tiempo que se ofrecen a Trump, vía Qatar, para dirigir la transición», explica Martín Tortabú.
Aunque Trump públicamente rechaza que el «chavismo persista», la operación requiere estabilización. Principalmente tras descartar él mismo a Edmundo y María Corina.
«Ella no fue mencionada en el comunicado» del sábado, cuenta Tortabú. «Trump los ha descartado, por así decirlo».
Respecto a la legitimidad del juicio contra Maduro en Nueva York, la estructura legal estadounidense permite que la Corte ignore la forma en que se efectuó la detención.
La doctrina Ker‑Frisbie, consolidada en ese momento, es radicalmente simple: al tribunal solo le importa que el acusado esté presente ante el juez, no cómo fue capturado. La jurisdicción no se ve afectada por la ilegalidad del arresto.
El precedente es el caso Alvarez‑Machain de 1992, cuando el Tribunal Supremo de Estados Unidos ratificó el enjuiciamiento de un médico mexicano secuestrado en Guadalajara por agentes de la DEA y trasladado al país.
Las protestas diplomáticas de México en aquel entonces, al igual que las que ahora expresan Caracas y sus aliados, como Gustavo Petro en Colombia, se manejan en otro ámbito, el político. Y ahí Trump no rinde cuentas a nadie.
Luego de extraditar a Maduro, el esquema se repite. Desde la visión interna de Estados Unidos, existen múltiples cargos por narcotráfico y narcoterrorismo con base en leyes extraterritoriales, sosteniendo la acusación.
«Saltan la legalidad internacional», señala un diplomático español con experiencia en Washington. «Pero cumplen la ley estadounidense estrictamente«. El debate se centrará en la evidencia, no en la operación.
De hecho, ordenar la entrada de tropas o comandos en terreno soberano extranjero para capturar al líder de facto es un precedente difícil de aceptar. El uso de la fuerza contra la integridad territorial y la independencia política de Venezuela puede ser celebrado en las calles, pero ¿en las diplomacias?
La Carta de la ONU, en su artículo 2.4, prohíbe precisamente ese uso de la fuerza salvo en dos casos: autodefensa contra un ataque armado, o bajo mandato del Consejo de Seguridad. Ninguno de los dos se ajusta fácilmente a una operación que oficialmente va contra un jefe de un cartel de drogas, el de Los Soles.
Solo un consentimiento explícito de un gobierno venezolano reconocido, como el de Edmundo González, y sin objeciones del poder efectivo, podría alterar este panorama.
El presidente electo no manifestó apoyo público a una intervención, pero tampoco la rechazó… y queda por conocer si Delcy Rodríguez actuará como gestora temporal mediante un acuerdo tácito.
Feijóo y la dirección del PP fueron claros al calificar el día de la caída de Maduro como un buen acontecimiento para la libertad en Venezuela y un mal día para quienes respaldaron al régimen.
«La imagen es similar a la de Sadam Husein», celebraba un opositor venezolano, «y eso tiene un valor simbólico».
Miguel Tellado, en un mensaje dirigido tanto a Caracas como a Ferraz, recordaba que el pueblo venezolano otorgó la victoria a la oposición y que Maduro se mantuvo en el poder de forma ilegítima, apoyado en fraude, persecución y colaboraciones externas.
Incluso destacó que «Sánchez sacó al presidente electo de Caracas y Trump sacó al usurpador Maduro».
El PP defiende una línea constante: años denunciando la «narcodictadura» y señalando a quienes la apoyaron desde dentro y fuera.
Además, acusa al Gobierno de Sánchez de cobardía y de eludir la responsabilidad histórica de España con Venezuela.
El contraste no es sólo jurídico, sino también moral y político, recuerdan los populares: «Zapatero debe estar más nervioso hoy, y Sánchez también».