La llegada de migrantes irregulares a España en 2025 descendió un 42,6%, principalmente debido a la reducción de entradas marítimas a Canarias.
La ruta argelina por el Mediterráneo occidental se ha consolidado como la principal vía de entrada, con un aumento significativo de ciudadanos argelinos llegando a Baleares, Ceuta y Melilla.
En 2025 se registraron 3.090 víctimas en las rutas migratorias hacia España, incluyendo más de mil fallecidos en las rutas atlántica y argelina.
España ha reforzado la cooperación policial y el control fronterizo en varios países africanos, provocando el desplazamiento de las rutas migratorias hacia zonas más remotas y peligrosas, según advierten ONG.
El número total de migrantes que accedieron a España en 2025 (36.775) se redujo un 42,6 por ciento respecto al año anterior (64.019), según el informe más reciente del Ministerio del Interior. La mayor disminución se registró en las entradas marítimas hacia las Islas Canarias, con un descenso del 62%.
La ruta atlántica experimentó una caída considerable, especialmente en la segunda mitad del año, coincidiendo con la implementación de nuevos controles migratorios en Mauritania.
Por otro lado, la ruta argelina del Mediterráneo occidental mostró un aumento sostenido en los flujos migratorios, consolidándose como el principal corredor hacia España, especialmente por el incremento de llegadas de ciudadanos argelinos.
Desde la represión del movimiento juvenil de protestas Hirak en Argelia durante 2019 y 2020, junto con las tensiones diplomáticas con España desde 2021, se ha incrementado el número de personas argelinas que transitan por esta ruta, tal como ha denunciado el colectivo Emergencias Frontera Sur.
Sin embargo, esta ruta permaneció invisibilizada a nivel institucional, ya que hasta hace tres meses no se reconocía oficialmente como una vía migratoria.
El Gobierno declaró el estado de emergencia migratoria en Baleares el 16 de septiembre de 2025, destinando una inversión de 6,75 millones de euros.
Situación similar ocurrió previamente con la ruta canaria: las autoridades españolas negaron sistemáticamente desde 2018 la existencia del tránsito migratorio desde el sur de Marruecos y el Sáhara Occidental, lo que provocó una crisis humanitaria en el archipiélago, con personas migrantes que permanecieron hacinadas durante meses en tiendas de campaña improvisadas en los puertos.
En cualquier caso, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) había alertado en varias ocasiones al Ministerio del Interior sobre esta situación.
En 2020, su delegación en Canarias emitió un comunicado advirtiendo de “una situación que requiere una pronta solución política”.
«Las redes de tráfico de personas han modificado sus rutas para el contrabando, provocando que más migrantes, especialmente desde Argelia, lleguen a nuestras costas en comparación con años anteriores”, señalaba la AUGC.
En meses recientes, la ruta de Alborán desde el norte de Marruecos hacia la península ha disminuido, aunque ha aumentado el número de jóvenes y adolescentes que intentan cruzar a nado en Ceuta, una de las formas más riesgosas que puede durar hasta siete u ocho horas.
La mayoría de estas personas son de nacionalidad marroquí, pero también se registran argelinos. Además, en 2025 se detectaron más intentos de acceso a nado a Melilla.
Más de tres mil víctimas
No obstante, el descenso en la llegada de migrantes a España en 2025 no ha supuesto una disminución de los riesgos que enfrentan durante su tránsito.
El informe ‘Monitoreo Derecho a la Vida 2025’ de Caminando Fronteras documenta 3.090 víctimas en las rutas migratorias hacia España durante 2025, entre las cuales hay 192 mujeres y 437 menores, provenientes de 30 países.
Los meses de enero y febrero concentraron la mayor cantidad de fallecidos, probablemente por las tormentas que afectaron las rutas largas y peligrosas. Además, se reportaron personas desaparecidas en 70 embarcaciones.
La ruta atlántica hacia las Islas Canarias continúa siendo la más peligrosa, junto con la conexión entre Argelia y las Islas Baleares, que ha aumentado en los años recientes. Ambas rutas sumaron más de mil muertos el año pasado.
El paso de Alborán hacia la costa andaluza o desde el noroeste marroquí a través del Estrecho permanece bajo un estricto control de las fuerzas de seguridad marroquíes, que reciben fondos de la Unión Europea a través de la Fundación para la Internalización de las Administraciones Públicas (FIAP) en España para labores de control migratorio.
Externalización de fronteras en el Sahel
En efecto, la externalización de las fronteras se ha desplazado hacia el Sahel, resultado de las políticas europeas y españolas.
España mantiene desplegados efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil en Mauritania, Senegal y Gambia, en colaboración con las fuerzas locales para combatir las mafias dedicadas al tráfico de personas.
En particular, actúan Equipos Conjuntos de Investigación (ECI), las Asociaciones Operativas Comunes (COP) y el GARSI Sahel, los cuales «han fortalecido las instituciones del Estado de derecho, combatido el tráfico ilegal de personas, vigilado las fronteras y enfrentado a la delincuencia organizada y el terrorismo» en estos países africanos, explicó el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante una reunión con Jozef Sikela, comisario europeo de Asociaciones Internacionales, en Madrid en mayo de 2025.
Además de apoyo económico y entrega de equipos, el ministro solicitó la presencia de Frontex en el terreno en dichos países y defendió modificaciones en el reglamento de la Agencia europea, cuya revisión está prevista para este año, con el fin de fortalecer su dimensión externa y dotarla con las herramientas necesarias para establecer acuerdos de cooperación con terceros países.
“La cooperación es esencial para garantizar la seguridad en África y, por extensión, en Europa”, aseguró Grande-Marlaska.
Estos enfoques represivos han provocado que las embarcaciones precarias partan desde países atlánticos africanos más distantes de Europa, como Mauritania, Senegal, Gambia y Guinea Conakry.
“La externalización de fronteras ha creado una red de cooperación internacional que convierte el control migratorio en un negocio transnacional, mercantilizando el derecho a la movilidad desde los países de origen hasta el destino final», denuncia la ONG Caminando Fronteras.
Estos sistemas, añade, «operan mediante una combinación de vigilancia, detenciones y explotación laboral, conformando un modelo que no solo restringe el derecho a la movilidad, sino que también obtiene beneficios políticos y económicos de esta limitación».