El propósito es «determinar la posible responsabilidad penal relacionada con un presunto delito de prevaricación administrativa por parte de autoridades y funcionarios del Ayuntamiento».
La jueza del Juzgado número 3 de Murcia, encargada de la instrucción del caso abierto por la muerte de 13 personas ocurrida en el incendio de las discotecas ‘Teatre’ y ‘Fonda Milagros’ el 1 de octubre de 2023, ha ordenado la apertura de diligencias previas «con el fin de esclarecer la posible responsabilidad penal derivada de un presunto delito de prevaricación administrativa por parte de autoridades y funcionarios del Ayuntamiento».
Esta resolución se encuentra reflejada en una providencia emitida el lunes, en la que la instructora dispone extraer testimonio de las querellas penales presentadas y comenzar un procedimiento penal específico e independiente para investigar los hechos vinculados a la presunta prevaricación administrativa.
De forma simultánea, el mismo juzgado ha autorizado una nueva prórroga para el plazo máximo de instrucción del proceso principal, estableciendo como fecha límite el 1 de abril de 2026.
Para el representante legal de las familias de algunas víctimas, José Manuel Muñoz Ortín, la apertura de diligencias previas por esta presunta prevaricación administrativa «constituye un avance especialmente significativo» para ellas «a la hora de determinar las posibles responsabilidades, incluyendo las de índole institucional».
Muñoz Ortín ha manifestado que «se trata de un paso fundamental para el esclarecimiento completo de los hechos, ya que posibilita investigar si la actuación de la Administración municipal se desarrolló conforme a la legalidad y a las obligaciones que le competen en materia de control y garantía de la seguridad ciudadana».