La aprobación del aumento del 2,5% en 2025 y del 1,5% fijo para 2026, con revisión vinculada al IPC, beneficiará a 3,5 millones de empleados públicos y pretende recuperar el poder adquisitivo tras años de ajustes
El año 2025 cerró con una noticia positiva para los empleados públicos españoles. Tras varias semanas de negociaciones entre el Ministerio de Función Pública y los sindicatos principales, y luego de la aprobación en el Consejo de Ministros, el Congreso respaldó el pasado 11 de diciembre una nueva mejora salarial para los funcionarios. Este acuerdo no solo produce efectos inmediatos en el cierre del año, sino que también define la evolución de las remuneraciones del sector público para los próximos años.
La convalidación del real decreto contó con un respaldo mayoritario en la Cámara Baja: 309 votos a favor, la objeción de Vox y la abstención de Junts. Incluso el Partido Popular, principal partido de la oposición, dio su apoyo a esta medida, que beneficia a cerca de 3,5 millones de trabajadores del sector público en todo el territorio nacional. A partir de este momento, el texto seguirá su proceso como proyecto de ley, aunque las siguientes etapas ya están establecidas.
El acuerdo ratificado establece un aumento del 2,5% para 2025, con efecto retroactivo desde el 1 de enero de ese año, y una subida adicional del 1,5% fijo para 2026, que se aplicará sobre los salarios actualizados. Además, incorpora un componente variable ligado a la evolución de los precios. Así, si la inflación en 2026 alcanza o supera el 1,5%, los salarios incrementarán un 0,5% adicional en enero de 2027, pudiendo elevar el aumento total correspondiente a 2026 hasta un 2% consolidado.
Qué modificaciones han percibido ya los funcionarios en su nómina
Este esquema forma parte de un marco plurianual acordado entre el Gobierno y los sindicatos UGT, CCOO y CSIF, que contempla un incremento acumulado aproximado del 11% entre 2025 y 2028. La finalidad expresada es doble: recuperar parte del poder adquisitivo perdido durante los últimos años y garantizar estabilidad salarial en un contexto económico aún marcado por la volatilidad inflacionaria.
El impacto más visible para los empleados públicos se reflejó en la nómina de diciembre de 2025. La normativa permite que los funcionarios del Estado perciban en esa liquidación tanto el aumento del 2,5% correspondiente a ese año como los atrasos acumulados desde enero. El monto variará según el grupo profesional, el nivel y los complementos respectivos.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, declaró que el acuerdo firmado el jueves entre el Gobierno, UGT y CSIF, que contempla un aumento salarial para los funcionarios del 11% entre 2025 y 2028, es un «muy buen acuerdo» y expresó su agradecimiento a las organizaciones sindicales firmantes por su trabajo y paciencia para alcanzar este pacto para 3,5 millones de trabajadores. (Fuente: La Moncloa)
Los funcionarios con mayores salarios habrán recibido un pago extra superior a los 1.600 euros, mientras que en categorías intermedias el aumento se tradujo en varios cientos de euros adicionales. En cualquier caso, representa un alivio económico para muchos funcionarios tras un año marcado por el aumento del costo de vida.
Por qué 2026 es un año crucial
Más allá del efecto inmediato en 2025, también es relevante lo que sucederá en 2026. El aumento fijo del 1,5% asegura un incremento consolidado en las nóminas, independientemente de la evolución económica. A esto se suma el mecanismo de revisión vinculado al índice de precios al consumo (IPC), que funciona como una garantía ante posibles repuntes inflacionarios.
Después de años de congelaciones salariales y ajustes derivados tanto de la crisis financiera como de la pandemia, el Gobierno busca mediante este sistema impedir que los sueldos públicos vuelvan a quedar rezagados respecto a los precios. Asimismo, pretende modernizar las retribuciones del sector público y hacerlas más competitivas en comparación con otros sectores, especialmente en un momento en que atraer y retener talento se ha convertido en un desafío para numerosas administraciones.
Salarios vinculados a la inflación
La incorporación de un componente variable es un aspecto fundamental. Pues, si el IPC de 2026 se sitúa en niveles elevados, los funcionarios verán reflejado ese incremento de precios en su salario, cobrando más en su nómina, aunque con un desfase de un año. Así, el acuerdo busca equilibrar la sostenibilidad de las finanzas públicas con la protección del poder adquisitivo de los empleados.
En términos prácticos, esto implica que las nóminas correspondientes a 2026 no están completamente definidas. Todo dependerá de cómo progrese la inflación a lo largo de ese año. Si los precios se mantienen estables, el aumento será del 1,5%; de lo contrario, el incremento será mayor y se consolidará en 2027.