Un conjunto de prórrogas y novedades busca frenar el coste de vida en un escenario de desaceleración económica y presión sobre las familias
El inicio del 2026 trae consigo un conjunto de nuevas disposiciones y extensiones de medidas vigentes que incidirán directamente en el presupuesto de los hogares españoles, especialmente en áreas esenciales como transporte, energía, vivienda y fiscalidad. En lugar de implementar reformas profundas, el Gobierno ha decidido consolidar y prolongar el denominado escudo social, aprobado mayoritariamente en el último Consejo de Ministros de 2025 y recogido en diversos reales decretos-ley publicados en el BOE.
La finalidad, según el Ejecutivo, es limitar el aumento del coste de vida en un contexto de desaceleración económica y presión elevada sobre las economías domésticas, manteniendo las ayudas ya activas e incorporando ciertas modificaciones que empezarán a aplicarse desde los primeros meses del año nuevo.
Entre las medidas más destacadas se encuentran las relacionadas con movilidad, energía y vivienda, además de varias decisiones fiscales que afectan tanto el bolsillo de las familias como sus compromisos administrativos en 2026.
Transporte asequible durante todo el año
Uno de los cambios más relevantes será la puesta en marcha del abono de transporte único estatal, anunciado por el presidente del Gobierno, que se implementará en la segunda mitad de enero de 2026. Este abono tendrá un coste de 60 euros al mes para adultos y 30 euros para menores de 26 años, facilitando viajes ilimitados en los servicios estatales de Cercanías, Rodalies Media Distancia y autobuses estatales, mientras que las redes autonómicas y locales se irán incorporando gradualmente al sistema.
Además, se prorrogarán durante todo 2026 las ayudas al transporte público, manteniendo la mayoría de los descuentos vigentes en 2025. En los servicios estatales, permanecerán, entre otras bonificaciones, los descuentos del 40% en bonos de 10 viajes y del 50% en abonos mensuales, con reducciones mayores para jóvenes, además de la gratuidad infantil en franjas de edad específicas.
En cuanto al transporte autonómico y local, el Estado continuará financiando parte de los descuentos, garantizando bonificaciones mínimas en los abonos y reducciones específicas para jóvenes, independientemente de si las comunidades autónomas o los ayuntamientos deciden extender esas ayudas con recursos propios.
Energía y suministros: el escudo social permanece vigente
El Gobierno ha decidido extender hasta todo 2026 las medidas de protección energética contempladas en el escudo social. El Real Decreto-ley 16/2025 amplía los descuentos reforzados del bono social eléctrico y mantiene los mecanismos de apoyo para los hogares en situación vulnerable, con el fin de evitar que el aumento del coste de la energía provoque exclusión social o cortes en el suministro.
Estas normas forman parte del paquete legal que ha sostenido las ayudas energéticas desde la pandemia y la crisis derivada de la guerra en Ucrania, y continuarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2026.
Extensión de la suspensión de desahucios
En el ámbito de la vivienda, el Ejecutivo ha aprobado prolongar la suspensión de desahucios y lanzamientos por impago de alquiler para familias vulnerables sin alternativa habitacional. Esta moratoria, vigente desde 2020 y renovada sucesivamente, se prolonga ahora hasta finales de 2026.
Maricarmen, de 87 años, tras la suspensión temporal del desahucio de su casa, en la que vive desde hace casi 70 años. (Marta Sierra/Infobae España)
El propósito es brindar un grado adicional de protección a los hogares más afectados, en un contexto de tensión en el mercado del alquiler y dificultades para acceder a viviendas alternativas para determinados grupos.
Beneficios fiscales para quienes apuestan por la eficiencia energética
Uno de los fundamentos del paquete que permanecerá vigente en 2026 son los incentivos fiscales vinculados a la eficiencia energética y movilidad sostenible. El Gobierno ha extendido las deducciones en el IRPF por obras de mejora energética en viviendas, con porcentajes que pueden llegar al 20%, 40% o 60%, dependiendo del tipo de intervención y del ahorro energético logrado.
También se mantendrán durante todo el año las deducciones de hasta el 15% en el IRPF por la compra de vehículos eléctricos y la instalación de puntos de recarga, tanto para particulares como para comunidades de propietarios.
Modificaciones en la declaración de la Renta para quienes reciben la prestación por desempleo
En el ámbito fiscal, el decreto aprobado a finales de año elimina la obligación de presentar la declaración del IRPF únicamente por recibir la prestación por desempleo, requisito que había generado preocupación entre los beneficiarios y que finalmente fue descartado. Sin embargo, esto no implica que quienes perciben el paro estén exentos de declarar si superan los límites de renta establecidos o concurren otras circunstancias, como contar con más de un pagador.