Se prevé que el primer juicio contra el ex ministro se celebre durante el primer trimestre de 2026, probablemente en marzo.
El último paso procesal del ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha sido solicitar al Tribunal Supremo ser juzgado mediante un jurado popular. Su defensa sostiene que «los delitos principales» por los que actualmente permanece en prisión preventiva son «competencia del jurado», y que por ello estos delitos «arrastran a los demás, nunca a la inversa».
Quien fuera ex secretario de Organización del PSOE y hombre de plena confianza del presidente Pedro Sánchez está imputado por delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos y uso de información privilegiada.
Actualmente, Ábalos espera que la Sala de lo Penal, presidida por el magistrado Andrés Martínez Arrieta, fije el juicio inicial al que se enfrentará dentro del llamado caso Koldo, donde el ex ministro estará en el banquillo por la compra de mascarillas durante la pandemia de Covid, la contratación de sus amigas cercanas en empresas públicas, la operación de alquiler del chalé de la Alcaidesa (La Línea de la Concepción, Cádiz), la estancia en un chalé vacacional en Marbella pagado por la trama y el contrato de arrendamiento de un piso con opción a compra en el Paseo de la Castellana de Madrid, entre otros hechos.
En el escrito enviado al TS, la defensa del ex número dos del PSOE remarcaba que «solo dos delitos del escrito de acusación no corresponden al conocimiento del jurado, concretamente, organización criminal y uso de información privilegiada. La mayoría de las imputaciones, por tanto, están dentro del ámbito de competencia del jurado popular». El abogado Carlos Bautista añadió que «dado que la presunta organización criminal se desarrolló para la comisión de delitos competencia del Tribunal de Jurado, la competencia para juzgar el delito de organización criminal queda absorbida por este».
No obstante, fuentes judiciales consultadas por EL MUNDO señalan que el delito de organización criminal, que consideran el «principal» entre los atribuidos a Ábalos, está fuera del ámbito de la Ley del Jurado. Estas fuentes indican también que, aunque la Fiscalía Anticorrupción no acusa de prevaricación, las acusaciones populares –PP, Vox, Manos Limpias, Hazte Oír, Liberum, Adade y Iustitia Europa– sí incluyen esta acusación. Este delito también está excluido en juicios con jurado, ya que el artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado establece que «en ningún caso podrá juzgarse por conexión el delito de prevaricación».
La defensa del ex dirigente socialista pidió al magistrado Leopoldo Puente anular los autos de procedimiento abreviado y de apertura de juicio oral para que se dicte un auto que inicie el procedimiento de jurado. Las fuentes consultadas en el caso consideran «muy poco probable» que el juez acceda a esta solicitud, interpretándola como una maniobra dilatoria para retrasar la celebración del juicio oral.
Por su parte, fuentes jurídicas estiman que el juicio al ex ministro tendrá lugar en el primer trimestre de 2026, con marzo como el mes más probable. Ábalos y su ex asesor Koldo García son los únicos presos investigados por el TS, por lo que esta causa de corrupción cuenta con prioridad en su tramitación.
Mientras tanto, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una condena de 24 años de prisión para Ábalos y 19 años y medio para García. Para el empresario Víctor de Aldama, el fiscal jefe Alejandro Luzón solicita siete años de prisión por delitos de organización criminal y cohecho.
En tanto, las acusaciones populares exigen una condena de 30 años para Ábalos por hasta seis delitos: organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, falsedad en documento oficial, prevaricación y malversación de fondos públicos.
El ex ministro y su ex asesor ingresaron en la prisión de Soto del Real el pasado 27 de noviembre. Además del caso de la trama de las mascarillas, ambos están implicados en otra pieza separada del caso Koldo: la investigación sobre presuntos amaños de obra pública en varias regiones del país. En este procedimiento está también imputado el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.
Tanto Ábalos como Koldo han mantenido su inocencia y, hasta ahora, se han negado a colaborar con la Justicia.