Servinabar tenía en sus cuentas un saldo de 1.017.986 euros a finales de 2023, según su impuesto de Sociedades, de los 8,9 millones que llegaron a gestionarse a través de ella, según han verificado los investigadores.
Servinabar, la empresa en el centro de la supuesta corrupción del PSOE, nunca operó como una compañía real, sino que fue un mecanismo para canalizar y finalmente gastar comisiones ilegales, siendo esta última la parte más compleja: cómo disponer de los fondos sustraídos. Una especie de caja fuerte financiada por personas como Santos Cerdán, ex mano derecha de Pedro Sánchez.
Así lo interpreta la Guardia Civil, y los datos respaldan esta visión: la lucrativa sociedad instrumental que recibía mordidas, presentadas como comisiones legales, participaba especialmente en contratos con Acciona y facilitaba el cobro frecuente en especie de esas ganancias.
Pero eso no es todo. Servinabar 2000, cuya propiedad al 45% pertenece al ex número dos del PSOE según el contrato privado encontrado por la Guardia Civil, acumuló hasta 2024 (final del ejercicio 2023) más de un millón de euros en reservas disponibles para distribuir entre sus socios, según los datos extraídos por EL MUNDO del Impuesto de Sociedades.
En otras palabras: justo antes de ser detectada por los investigadores a finales de 2024, Servinabar guardaba internamente un millón listo para gastar, parte del botín integral de 8,9 millones ingresados.
Concretamente, la compañía dirigida por Antxon Alonso declaró en 2023 que mantenía en sus reservas 1.017.986 euros (757.000 más el capital social y otras reservas), lo que implica que a Cerdán le correspondían por aquel entonces 458.093 euros de ese total. Esa sería la parte que le tocaría al ex colaborador de Pedro Sánchez como socio si se hubiera efectuado el reparto en 2024.
¿Quiénes tendrían derecho a percibir esa suma? Según la información disponible, un 51% sería para Antxon, un 45% para Cerdán y un 4% para otro implicado que aparece en escena: supuestamente un hijo de Joseba Santamaría, periodista estrecho aliado de Alonso y director del Diario de Noticias de Navarra. Según medios navarros, dicho contrato privado se firmó cuando el joven aún era menor de edad. Su madre, por cierto, también trabaja en el Gobierno navarro, según confirmó este periódico.
Más allá del dinero líquido, Servinabar cubrió numerosos gastos de Cerdán durante este periodo, según la Unidad Central Operativa (UCO): renting de vehículos, consultorías, asesorías, arquitectos, despachos legales, ingenieros, combustible, alquileres y compras personales. Y no solo a él, sino también a su familia.
Su hermana, Belén, recibió de Servinabar 22.280 euros (y se estima que cobraba unos 1.800 euros mensuales de la cooperativa Erkolan, que recibía fondos transferidos por Servinabar, según los agentes). Su cuñado, Antonio Muñoz, percibió 61.673 euros. Su esposa, conocida Paqui Muñoz, considerada por la esposa de Antxon Alonso como «conocida por todas las vendedoras de El Corte Inglés», recibió de Noran, otra cooperativa vinculada a Servinabar, 9.500 euros.
En la desviación de fondos hacia esas cooperativas, que no tienen la obligación legal de presentar cuentas, estaría una parte sustancial. Noran recibió entre 2015 y 2024 un total de 730.000 euros desde Servinabar, mientras que Erkolan sumó 258.000 euros. La hipótesis de la UCO es que esos fondos tienen un posible origen ilícito: Servinabar gestionó 8,9 millones desde 2015, de los cuales 6,7 proceden de Acciona y los contratos investigados. Pero hay más. Servinabar también cubrió los 44.650 euros del ático en Chamberí donde vivió Cerdán durante apenas un año, un piso de 160 metros cuadrados que ahora se ha vuelto a poner en alquiler, con un precio elevadísimo de unos 3.000 euros mensuales. Y pagó los 7.200 euros del piso en Cardenal Cisneros, Madrid, donde residió antes. Además de los gastos en restaurantes y vacaciones en Ibiza y Tenerife, que él y su familia realizaron con la tarjeta, sumando 33.574 euros en total.
Cerdán, por su parte, ha afirmado ante el juez Leopoldo Puente que el contrato que le atribuye el 45% nunca se validó. La UCO lo encontró en el registro del domicilio de Antxon en Elorrio (Vizcaya), oculto en un maletín en el trastero: un documento que establece que el político habría comprado al empresario, el 1 de junio de 2016, un 45% de Servinabar —exactamente 1.350 de las 3.000 acciones— a cambio de 6.000 euros. Según Cerdán, «jamás se realizó el pago» ya que él consideró abandonar la política y su esposa, Paqui, le convenció de lo contrario.
Los descubrimientos de los investigadores contradicen su versión: el ex número dos de Pedro Sánchez estuvo vinculado a Servinabar, que cubrió sus gastos durante años sin recibir contraprestación. Por otra parte, Antxon cobró de Servinabar en esa década, bajo el concepto de «remuneración», 591.457 euros. Iván Santos, hijo del líder de UGT en Navarra, Jesús Santos, percibió 206.120 euros, cantidad similar a la que obtuvo Vicente Fernández Guerrero, ex presidente de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), aunque en apenas tres años.
Para la UCO, la caja de Servinabar es como una tienda de caramelos para un niño: todo lo que pasó por ella es considerado potencialmente irregular o criminal, razón por la cual se inició la trama Leire Díez, que condujo a prisión a la fontanera y al ex presidente de SEPI.
Servinabar fue creada el 4 de septiembre de 2015 por Antxon, quien ejerció como administrador y único accionista. Alonso, que durante los 15 años previos impulsó diversos negocios —entre ellos, sin éxito, una urbanización en Milagro, localidad de Santos Cerdán, y un polígono industrial en Cintruénigo, lugar de origen de la presidenta navarra, María Chivite—, inició la empresa con un solo empleado el primer año, para después contratar ocho más: el hijo del líder de UGT en Navarra, Jesús Santos.
Meses después, entró en el capital de la firma el entonces secretario general del Partido Socialista de Navarra, Santos Cerdán. Desde ese momento, Servinabar comenzó a recibir adjudicaciones públicas. La primera, según los mensajes de la trama, se estaba fraguando incluso antes de la constitución de Servinabar, y corresponde a las prospecciones en Mina Muga, ya en colaboración con Acciona. Aunque la empresa privada Geoalcali obtuvo el papel de la UTE en el proyecto —aún no explotado—, dependía de permisos públicos concedidos por los Gobiernos de Navarra y Aragón.
De repente, para sorpresa de los técnicos de Cohesión Territorial de Navarra, que observaron «la aparición de una empresa sin casi trabajadores ni experiencia, pero que estaba destinada a lo que estaba destinada», según han declarado funcionarios de ese departamento a EL MUNDO, Servinabar ganó importantes contratos.
En octubre de 2017, siempre junto a Acciona, obtuvo el contrato para la adecuación de las oficinas del Navarra Arena por 3,78 millones de euros. Ese mismo año se adjudicó la reforma del Archivo General de la comunidad foral, por 2,4 millones. Un año después se llevó el contrato para construir 62 viviendas de protección oficial en Erripagaña, cerca de Pamplona, por 6,8 millones de euros. Con apenas tres empleados en sus primeros años, Servinabar se convirtió en la llave para obtener esos contratos, logrando que en al menos dos UTEs Acciona pasara de tener el 75% al 99,9% del capital una vez conseguido el contrato. De hecho, entre 2015 y 2019, el objeto social de Servinabar se limitaba a «trabajos administrativos; archivo, digitalización y lectura de contadores, organización de congresos y servicios de portería».
No fue hasta 2019 cuando agregó oficialmente la construcción inmobiliaria a sus actividades, justo cuando había obtenido contratos por millones en Navarra. Sin embargo, el nombre de la empresa comenzó a levantar sospechas el 18 de marzo de 2024, cuando al menos dos altos funcionarios denunciaron irregularidades en la adjudicación del túnel de Belate, la obra más costosa en la comunidad en 15 años, a una firma «sin experiencia alguna para un proyecto tan complejo» —además de un particular que también presentó denuncia—.
Con el tiempo, las dudas sobre Belate se sumaron a las evidencias recopiladas por la UCO acerca de los contratos amañados relacionados con mascarillas que vincularían al ministro Ábalos y su colaborador Koldo con Cerdán y Antxon Alonso. Así, Servinabar quedó plenamente implicada. El círculo se cerró.