Las investigaciones, la corrupción, los episodios de acoso y las elecciones son los factores que determinarán si el Gobierno se sostiene o cae.
En la carta que el Gobierno dirigirá a los Reyes Magos, seguramente una de las peticiones será la posibilidad de volver a redactar la lista de deseos desde La Moncloa en 2026. Es decir, lo que desean es un año adicional en el poder para intentar agotar la legislatura completa. El Ejecutivo concluye el año en una situación delicada, con debilidad tanto política como parlamentaria, pero con la determinación firme, hasta ahora, de Pedro Sánchez de no convocar elecciones anticipadas y llegar al 2027. A pesar de la pausa y las vacaciones, La Moncloa está reflexionando estos días sobre la estrategia y las medidas a implementar al regreso para recuperar la iniciativa política. Sin embargo, 2026 se perfila como una prueba crucial, con un calendario judicial y varias investigaciones que mantienen a los socialistas en alerta. «Está claro que no controlamos los tiempos», admiten fuentes gubernamentales, conscientes de que no tienen bajo su mando la agenda mientras dependan de decisiones judiciales y pesquisas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
«Falta mucho por lograr», indican los ministros en su intento por proyectar una imagen de estabilidad y continuidad. «Estamos a mitad de legislatura y eso siempre exige una reflexión», comentan en La Moncloa, aludiendo a que en este tramo final se suman factores clave como que los socios de gobernabilidad tenderán a marcar distancia para definir su propio perfil y autonomía de cara a solicitar el voto, un escenario que se ha intensificado por los casos de presuntas corrupciones y denuncias por acoso sexual que acechan al partido socialista. «El objetivo es impulsar un nuevo empuje más que reformar el Gobierno», señalan para justificar la negativa del jefe del Ejecutivo a ejecutar una remodelación profunda como reclamaba su socio minoritario, Sumar.
Esto se evidenció en el último Consejo de Ministros de 2025 y volverá a repetirse al inicio del próximo año: la agenda socioeconómica funcionará como palanca para intentar ganar protagonismo. En este marco se encuadra la intención de presentar unos Presupuestos expansivos en el primer trimestre de 2026, incluso reconociendo que parece una tarea improbable y que en el seno del Ejecutivo ya trabajan con el escenario más factible de no contar con Cuentas Públicas durante toda la legislatura.
La Moncloa se apoya en la buena evolución de la economía, respaldada por datos macroeconómicos —como crecimiento, creación de empleo y fondos europeos—, para intentar mantenerse a flote en medio de la crisis.
Sin embargo, el juicio a José Luis Ábalos por la trama de mascarillas durante la pandemia; la supuesta red corrupta de amaños de contratos dentro del PSOE y el Gobierno con Santos Cerdán al frente; el proceso judicial contra el hermano de Pedro Sánchez por un presunto caso de enchufismo en la Diputación de Badajoz; las investigaciones que involucran a la esposa del jefe del Ejecutivo; las pesquisas sobre los pagos en efectivo dentro del PSOE; la indagación de los posibles amaños y gestiones relacionadas con el caso Leire, conocida como la fontanera del PSOE; el movimiento Me Too dentro del partido socialista —que también afecta a figuras del PP— y unas elecciones, anticipadamente difíciles, dibujan un futuro incierto para los socialistas, que dependerá de la evolución de todos estos asuntos.
Este conjunto de investigaciones golpea dos pilares fundamentales en el discurso del PSOE: la lucha contra la corrupción y el feminismo. Ha instaurado un sentimiento de resignación dentro del partido y el Gobierno: «Solo queda seguir trabajando intensamente». «Enfrentamos la situación con estoicismo y tranquilidad», explica un alto cargo gubernamental. «Nuestra gente cree firmemente que robaban para beneficio propio», comentan desde el núcleo del partido, en un intento de delimitar los escándalos y mantener alejados a Ferraz y La Moncloa.
«Muchas investigaciones son indiscretas y prospectivas», lamentan miembros del Ejecutivo. «Existe una fuerte oposición vinculada a la derecha», reflexionan, profundizando en el conflicto con algunos jueces que, a su juicio, están «saliendo del ámbito judicial para hacer política». Ese grupo “numeroso” incluye políticos, medios, jueces… incluso obispos.
Aunque pueda sorprender o parecer contradictorio, desde el centro de poder en España admiten que suelen enterarse de las «informaciones y novedades a través de los medios de comunicación» sobre los casos que los rodean. «No creo mucho en las casualidades», señala un miembro del Gobierno.
Esta tormenta que afecta a los socialistas se suma a la ausencia de mayoría en el Congreso tras la ruptura con Junts, la distancia que ha establecido Podemos y las dudas de los socios sobre la salud de la legislatura y la posibilidad de llegar hasta 2027. La utopía de los Presupuestos refleja claramente esa fragilidad, aunque los socialistas contrarrestan esa percepción con cifras: en dos años han aprobado 52 leyes y han ganado el 91% de las votaciones en el Congreso. Pero, a pesar de mostrar fortaleza, también cabe destacar que gran parte de la acción gubernamental se realiza desde el Consejo de Ministros, evitando someterse al escrutinio de la Cámara Baja. «Hacemos y seguiremos haciendo muchas cosas que no requieren convalidación», afirma un ministro. «El Gobierno gobierna en el Consejo de Ministros, donde impulsamos medidas cada martes».
Aunque los resultados electorales en Extremadura han evidenciado su falta de efectividad, el Ejecutivo continúa apelando al temor hacia la derecha y la ultraderecha para cohesionar un bloque en el que sus socios buscan obtener beneficios políticos. Sánchez presenta a su Gobierno y al PSOE como un «dique» o «muro» contra el avance de Vox, pero tanto los datos demoscópicos como las urnas reflejan un crecimiento de la formación de Santiago Abascal. En La Moncloa y en Ferraz argumentan que, siete años después de llegar al poder, mantienen «la misma intención de voto que entonces». Y añaden: «Somos el único partido en la historia democrática que mantiene sus datos tras varios años». El PSOE consiguió el 31,7% de los votos en las generales de 2023. El promedio de las encuestas publicadas los sitúa cerca del 29%. El CIS de Tezanos los eleva al 31,4%. La última encuesta de Sigma Dos para EL MUNDO los deja en un 27,3%.
«La incertidumbre no reside ni en el PP ni en el PSOE. Está en la izquierda», sostienen fuentes gubernamentales. La preocupación en La Moncloa radica en cómo se reconfigurará el espacio liderado por Yolanda Díaz. Asumen que el entendimiento con Podemos será imposible. Su análisis indica que esa disputa y la existencia o no de una candidatura unitaria o de tres listas en una comunidad puede ser decisiva en más de una decena de provincias y en la competencia con Vox por quién ocupa el tercer lugar.
Pero ellos también enfrentan riesgos. 2026 será un año electoral con un calendario, supuestamente, desfavorable para el PSOE: Aragón, Castilla y León y Andalucía. En La Moncloa insisten en que el Ejecutivo «no caerá» por muy adverso que sea el resultado, pero con dos ministras candidatas como Pilar Alegría y María Jesús Montero un mal desenlace pondrá el foco en La Moncloa.
Dentro de ese calendario con fechas destacadas, el Gobierno considera que habrá dos hitos: la aplicación de la amnistía a Carles Puigdemont, que prevén «será un antes y un después» y facilitará retomar la relación con Junts; y la culminación del desembolso de los fondos europeos.