El Ayuntamiento de Pozuelo advierte que impondrá sanciones al Gobierno si mantiene operativa en enero la instalación para refugiados que cuenta con una orden de cierre.
La alcaldesa Paloma Tejero critica la intención del Ejecutivo de trasladar menores solicitantes de asilo a un centro sin la licencia necesaria y con capacidad excedida.
El Tribunal Supremo ha otorgado al Gobierno un plazo de 30 días para encargarse de los menores extranjeros no acompañados que actualmente están bajo la tutela de la Comunidad de Madrid.
El Consistorio sostiene que las condiciones del centro no cumplen con los requisitos legales para alojar a menores y no descarta dirigirse a la Fiscalía si hay traslados irregulares.
«Quisiera preguntarle a la ministra si ella pondría a su hija en una guardería que tiene orden de cierre por falta de permisos«.
Con esta frase, la alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, Paloma Tejero, resume la situación que, a su juicio, enfrentan más de un centenar de jóvenes solicitantes de asilo que, según el Gobierno de España, podrían ser trasladados al Centro de Recepción, Atención y Derivación (CREADE) de la localidad.
Esto ocurre tras el Tribunal Supremo conceder un plazo improrrogable de 30 días al Ejecutivo central para que asuma la responsabilidad sobre los menores extranjeros no acompañados solicitantes de asilo que están actualmente bajo tutela de la Comunidad de Madrid.
El Gobierno socialista no está de acuerdo con esta resolución, pero pretende utilizarla con fines políticos. De hecho, el Ministerio ha anunciado que trasladará a los jóvenes a un centro que cuenta con una orden de cierre definitiva que debe cumplirse antes de que finalice enero.
Para Tejero, esta actuación del Ejecutivo no solo carece de viabilidad legal, sino que es una actitud deliberadamente política. «Es otra provocación, una temeridad y una irresponsabilidad absoluta. Estamos repitiendo los mismos errores con ellos. Utilizan la misma estrategia que en verano: incumplen la ley y los derechos de los menores para perjudicar al PP», denuncia en una entrevista con EL ESPAÑOL.
El CREADE de Pozuelo fue habilitado en 2022 como una solución excepcional para atender emergencias humanitarias, principalmente derivadas del conflicto en Ucrania.
No obstante, el Ayuntamiento ordenó su cierre definitivo al considerar que las actividades que realiza no se ajustan a las autorizaciones vigentes. La resolución municipal otorgó un plazo de cuatro meses para su clausura, que expira el 17 de enero de 2026.
A pesar de esto, el Gobierno ha presentado ahora un recurso contencioso-administrativo, solicitando medidas cautelares, acción que el Ayuntamiento considera fuera de plazo. «Solicitaron el recurso cuando el plazo terminó el 17 de noviembre. Siempre llegan tarde», subraya la alcaldesa.
Desde el Consistorio reiteran que la orden de cierre no ha sido suspendida en ningún momento. «La instalación no cuenta con paralización del cierre bajo ninguna circunstancia. En menos de un mes deben desalojarla. Pero aún así, el Gobierno pretende, aprovechando la sentencia del Supremo, traer a los menores a Pozuelo», critica.
La alcaldesa también señala las condiciones del centro y la carencia de garantías legales.
«Nos informaron que el centro tiene autorización para 500 plazas, pero la licencia como centro educativo es para 150 habitaciones. No sabemos qué modificaciones han realizado para alojar a tanta gente», advierte. En su opinión, mezclar perfiles vulnerables en un espacio sin la habilitación adecuada representa un riesgo claro.
«Es una irresponsabilidad total alojar personas en una instalación sin licencia y, además, ubicar allí a menores solicitantes de asilo, mezclándolos con otros perfiles».
El Ayuntamiento sostiene que los requisitos residenciales para menores no acompañados son muy específicos y no se cumplen en el CREADE. «Los menores tienen necesidades muy concretas, diferentes a otros centros, y este no los satisface», recalca Tejero.
En este escenario, la alcaldesa lanza una advertencia directa al Ejecutivo central. «Las multas pueden alcanzar un millón de euros y no vacilaremos en aplicarlas. Primero será una sanción, luego otra. Hay un proceso y pueden llegar a ser muy elevadas. Vamos a llegar hasta el final», afirma.
El Consistorio tampoco descarta acudir a la Fiscalía si detecta traslados irregulares. «Ante cualquier indicio de que intenten traer a los menores, informaremos a la Fiscalía de Menores», avanza la regidora, que señala que el Ayuntamiento actúa para proteger su responsabilidad institucional.
«Si sucede algo, la primera pregunta será si el centro cuenta con licencia. Y el Ayuntamiento está garantizando que las instalaciones cumplan con la normativa vigente».
La tensión institucional se desarrolla paralelamente a la disputa política y judicial entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid. El Ejecutivo regional ha celebrado la decisión del Tribunal Supremo, que obliga al Estado a asumir una competencia que considera exclusivamente suya, tras dos años, según denuncian, de inacción en política migratoria.
Desde la Comunidad de Madrid recuerdan que actualmente en sus centros hay 106 menores en esa situación, tanto solicitantes de asilo como menores con protección internacional ya concedida, y enfatizan que ahora corresponde al Gobierno crear sus propios recursos para encargarse de la tutela y protección.
Para la alcaldesa de Pozuelo, en cambio, la intención de usar el CREADE como solución inmediata refleja «improvisación, falta de respeto a la legalidad y un uso político de los menores».
«¿De verdad alguien piensa que esto es protegerlos?», cuestiona. Y retorna a la imagen con la que inicia su denuncia: «Que respondan con sinceridad: ¿llevarían a su propio hijo a un centro que tiene una orden de cierre vigente?».