La empresa implicada en el ‘caso Leire’ intentó impulsar «con cuatro fotocopias» tres proyectos eólicos en Aragón, y el director de Industria de la Subdelegación del Gobierno fue despedido tras negarse a aprobarlos. La Guardia Civil está llevando a cabo una investigación al respecto.
Según testigos presenciales, aquello no era más que «cuatro fotocopias» que parecían «hechas por un becario». En lugar de un proyecto «como Dios manda», el funcionario recibió para su aprobación medioambiental algo que fue calificado como «una broma», «prácticamente nada».
Con este escaso material, apenas cuatro páginas «mal fotocopiadas», Forestalia, la empresa que «ocupa todo Teruel y la mitad de Zaragoza» con parques eólicos y fotovoltaicos, y que la semana anterior fue registrada durante seis horas por la Guardia Civil por posibles contratos públicos amañados en la trama conocida como Leire Díez, pretendía obtener permiso medioambiental para construir tres parques adicionales en la región.
El hecho tuvo lugar en enero de 2018. El funcionario, un ingeniero industrial de unos cincuenta años con amplia experiencia en la Administración, que también había trabajado en el sector privado y conocía bien «cómo funcionan estos procesos», según fuentes de su entorno laboral de la época, no dejaba de sorprenderse: Forestalia, el gigante aragonés en parques eólicos, que «a nivel nacional destacaba por lograr proyectos que otros no podían», pretendía obtener la autorización medioambiental para tres nuevos parques «con tres simples documentos» -lo que la empresa niega rotundamente, afirmando que entregó toda la documentación requerida-.
Por ello, se negó a otorgar ninguna aprobación.
Unos meses más tarde, en abril, el alto funcionario, director de Industria y Energía en la Subdelegación del Gobierno de Zaragoza, fue despedido. Un año después, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón obligó a la Administración a readmitirlo: su despido, provocado tras «acoso» y «presiones» de sus superiores para que aprobara los proyectos, según denunció él mismo, carecía de justificación.
Aunque no conste de forma oficial, fuentes aseguran que se le comunicó claramente el motivo de su despido: «Por no acelerar lo de Forestalia. Se plantó y le rompieron. Si no actúas como ellos quieren, te van y ponen a otro». La empresa rechaza categóricamente estas afirmaciones.
Su caso, ahora que la compañía está en el centro de la polémica tras el registro de seis horas en sus oficinas de Zaragoza, ejemplifica cómo el poder económico y la política -«sobre todo en estos años en que el oro verde ha sustituido al ladrillo», añaden fuentes-, hacen que prácticamente todo el espectro político ceda.
Aunque el despido correspondió al PP -las presiones y el cese procedieron, según ha confirmado este diario, tanto de la Delegación del Gobierno como del Ministerio de Energía en los últimos meses del Gobierno de Mariano Rajoy-, quien salió beneficiado fue uno de los líderes históricos del Partido Aragonés Regionalista (PAR), Alfredo Boné, exconsejero de Medio Ambiente con Marcelino Iglesias (PSOE). El PAR resultó clave para que Javier Lambán (PSOE) mantuviera el poder en 2019, poco tiempo después.
Una puerta giratoria que parece reproducirse en Forestalia, que mantiene como asesor al exministro popular José Manuel Soria -quien dimitió en 2016 tras ocultar su participación en sociedades offshore, evidenciada en los Papeles de Panamá– y ha involucrado a Antxon Alonso, socio de Cerdán en Servinabar, para mediar ante el Gobierno navarro, así como ha compartido sociedades según la Unidad Central Operativa (UCO) con la familia Sumelzo, vinculada a la actual secretaria de Estado para Iberoamérica de Pedro Sánchez, Susana Sumelzo (una aliada cercana del presidente y uno de sus pocos apoyos en su reconquista del PSOE).
Nombrado en 2012, el funcionario despedido «comprendía bien dónde se metía» al aceptar el puesto, relatan a EL MUNDO fuentes que presenciaron los hechos. Las empresas podían solicitar la autorización medioambiental tanto a la comunidad autónoma como al Gobierno central, pasando primero por Delegación, y «Forestalia tenía claro que contaba con su gente en el Gobierno, tanto al final del mandato de Rajoy como durante el de Sánchez».
EL MUNDO ha informado que empleados de la Subdirección General de Evaluación Ambiental denunciaron ante la Guardia Civil presiones en 2021 y 2022 por parte del entonces subdirector, Eugenio Domínguez, para validar proyectos de Forestalia, lo que provocó la salida de varios miembros del departamento -Domínguez lo ha negado rotundamente a este diario-.
En cualquier caso, el paso previo era Delegación, donde «Forestalia quería obtener los permisos sin necesidad de acudir a Madrid», afirman estas fuentes. Los tres proyectos llegaron al director de Industria y Energía en la Subdelegación, «y claramente eran insuficientes, con muy poca información sobre lo que se pretendía hacer. Parecía más un pegote».
La iniciativa procedía de Viados Gestión Integral de Proyectos SL, empresa vinculada a Forestalia y gestionada entonces por Alfredo Boné, el exconsejero de Medio Ambiente, acompañado de su exviceconsejero Luis Marruedo y su exjefa de gabinete, Ana Cristina Fraile, según informó El Periódico de Aragón. Una típica puerta giratoria, aunque en 2016 lo negaron al diario zaragozano.
El funcionario tenía la facultad de conceder una autorización provisional e inoperativa, una especie de patada hacia adelante para remitir el asunto a Madrid, o la autorización definitiva, y optó por la primera. El «acoso» fue constante, según testigos presenciales de esos meses. Primero recibió presiones del delegado y subdelegado, después del Ministerio de Energía, denunció más tarde. El 24 de enero de 2018 se le retiraron funciones asignando su trabajo a un funcionario de Teruel -que posteriormente fue denunciado por Paisajes de Teruel por favorecer a otra empresa en un trámite medioambiental-.
El 28 de marzo se le notificó el cese, y luego desapareció su correo electrónico. La orden de cese, según testigos, no le causó sorpresa por su condición de cargo de confianza -«pérdida de confianza» fue el argumento que dio la Administración en el proceso contencioso-. El delegado del Gobierno intentó impedir el despido, pero fue reprendido y terminó aceptando, ha sabido este diario.
El 8 de julio de 2019 el TSJ de Aragón declaró ilegal el despido y ordenó su reincorporación. El Supremo ratificó esta decisión posteriormente. EL MUNDO contactó años después con el funcionario, quien prefirió no hacer declaraciones pero pidió respetar su privacidad. La Guardia Civil mantiene la investigación a Forestalia por dos frentes: el caso Leire y presuntas irregularidades en varios proyectos eólicos en Aragón.