La nueva Ley de Vivienda de Andalucía entra en vigor el 24 de enero con el propósito de fomentar la construcción de viviendas protegidas y reducir los trámites burocráticos en el sector inmobiliario.
La normativa se enfoca en áreas donde el acceso a la vivienda resulta complicado, centralizando las ayudas para alquiler, compra y rehabilitación en estas regiones.
Se impulsa la cooperación entre los sectores público y privado, la creación de comisiones de seguimiento y el aumento de la eficiencia energética en las viviendas.
La ley simplifica las regulaciones actuales, fortalece la seguridad jurídica para prevenir ocupaciones ilegales y elimina cuatro leyes anteriores relacionadas con la vivienda en Andalucía.
La nueva Ley de Vivienda de Andalucía entrará en vigor el próximo 24 de enero. La norma, publicada este miércoles en el Boletín Oficial de la Junta (BOJA), impulsa la vivienda protegida y facilita la reducción de la burocracia en el proceso constructivo.
Asimismo, según la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, la nueva ley contempla dos aspectos esenciales: una mayor seguridad jurídica para impedir ocupaciones ilegales y la agilización del acceso a suelo disponible para la construcción.
El objetivo del Ejecutivo andaluz, según fuentes del departamento encabezado por Rocío Díaz, es «establecer las condiciones óptimas para acelerar la oferta de vivienda protegida tanto en venta como en alquiler».
En este sentido, la ley crea «áreas prioritarias, que son zonas donde se identifica una mayor dificultad para acceder a la vivienda». Allí, «se concentrarán los recursos administrativos en forma de ayudas para el alquiler, compra o incentivos para la construcción y rehabilitación», explican desde Fomento.
Según las mismas fuentes, la ley busca fomentar la colaboración público-privada para acelerar la construcción y ampliar la oferta habitacional.
Comisión
Con el fin de supervisar este aspecto, el Gobierno andaluz establecerá, a través de esta norma, una «comisión de colaboración público-privada».
La ley también pretende alcanzar un equilibrio en la oferta de vivienda tanto en venta como en alquiler, así como en los distintos usos residenciales, defendiendo el uso habitual y permanente de la vivienda.
Además, la norma optimizará la gestión del parque residencial creando un inventario único de viviendas públicas, ya sean propiedad de la Junta de Andalucía o de los municipios.
El texto legal pone énfasis en la rehabilitación de viviendas con iniciativas que permitirán la renovación de barrios y la erradicación de la infravivienda bajo criterios de sostenibilidad social, medioambiental y económica.
Asimismo, se mejora la calidad y eficiencia energética e hídrica de las propiedades, mediante la creación de una Comisión Técnica para la Calidad de la Vivienda en Andalucía, que fomentará, por ejemplo, la industrialización en la construcción. También incluye medidas para garantizar el buen uso del parque de viviendas, evitando la ocupación ilegal, la sobreocupación y protegiendo a los sectores más vulnerables.
En esa línea, se establece la creación de una Comisión de Coordinación para temas relativos a desahucios y la lucha contra la ocupación ilegal. La ley prevé mecanismos para asesorar e informar sobre desahucios y ocupaciones dentro de su ámbito de competencia.
La norma recoge varias medidas urgentes del Decreto-ley vigente, con excepción de aquellas temporales (por cinco años) como la posibilidad de incrementar la densidad y edificabilidad en parcelas bajo el compromiso de que sean protegidas.
Zonas de demanda
Un Decreto-ley al que ya se han adherido cerca de 80 municipios andaluces, que representan más del 50% de la población y que se localizan en las áreas con mayor demanda de viviendas.
Con esta ley, Andalucía se convierte en la primera comunidad autónoma en aprobar una regulación completa y actualizada tras la normativa estatal, que lleva dos años y medio vigente. El objetivo es corregir los efectos de la Ley Estatal de Vivienda, cuyo impacto ha sido el aumento de precios, la reducción de la oferta, la inseguridad jurídica del propietario y el incremento de ocupaciones.
Finalmente, la Ley de Vivienda de Andalucía contribuye a simplificar los procesos administrativos y a eliminar la dispersión normativa existente, al derogar cuatro leyes: la Ley de la Vivienda Protegida en Andalucía de 2005; la Ley del Derecho a la Vivienda de 2010; la Ley de Función Social de la Vivienda de 2013; y la Ley de Tanteo y Retracto de 2018.