El Gobierno andaluz modifica las oposiciones en la región. En el renovado sistema de selección para el sector público, superar los exámenes que hasta ahora eran la principal vía de acceso a un puesto fijo ya no es suficiente. Se añade un periodo de prácticas de hasta seis meses tras el cual el opositor podría quedar fuera del proceso.
Asimismo, según fuentes del Ejecutivo andaluz, ya no se elegirá el mismo número de aprobados para unas oposiciones según las plazas que se pretenden cubrir. Se convocará un 20 por ciento más.
Esto implica que un 20 por ciento de los aspirantes aprobados quedarán fuera del proceso de selección y formarán parte de una especie de ‘lista de espera’ en la que estarán disponibles en caso de surgir alguna vacante en el cuerpo al que se presentaron y donde ingresarían automáticamente.
Estas son algunas de las modificaciones incluidas en el nuevo decreto de Planificación y ordenación del empleado público, el primer marco normativo derivado de la Ley de Función Pública aprobada por el Gobierno andaluz en 2023.
El texto revisa aspectos fundamentales como las oposiciones, además de los concursos de traslados, que resultan especialmente relevantes para quienes ya forman parte de la administración.
‘Lista de espera’
Entre los cambios principales destaca que los procesos de oposiciones convocarán un 120 por ciento de plazas respecto a las vacantes existentes en el cuerpo correspondiente.
Así, se cubrirán la totalidad de los puestos vacantes tanto actuales como futuros. Además, la Junta mantendrá una ‘lista’ de personas aprobadas que podrán incorporarse prioritariamente a un cargo si aparece oportunidad en los dos años posteriores a las pruebas.
Este sistema nuevo, que comenzará a aplicarse antes del verano con la convocatoria del cuerpo A1 de administración general en la especialidad de Justicia, modifica también la estructura de las oposiciones.
Hasta ahora comprendían pruebas teóricas y prácticas; ahora se incorpora una tercera etapa: prácticas de entre tres y seis meses que formarán parte del proceso de oposiciones. Estos serán de tres meses para los funcionarios C y B; cuatro para A2; y seis meses para A1, el nivel más alto en la administración.
Evaluaciones adicionales
Esos meses de prácticas, destacan desde la Junta, se consideran parte del proceso de oposiciones y, por tanto, tendrán una calificación que se adicionará a la de las otras pruebas. De este modo, se establecerá la orden final de los aspirantes.
Por ello, podrá ocurrir que algunos aspirantes trabajen durante seis meses en prácticas como futuros funcionarios en la Junta pero luego no superen la selección y pierdan la oportunidad de ocupar un puesto en la administración.
En ese escenario, acumulan la experiencia y el periodo servido, pero no adquieren derechos adicionales respecto a un empleo en la Junta de Andalucía.
Evaluación de habilidades sociales
Otra novedad fundamental del nuevo decreto consiste en que la administración evaluará las «habilidades blandas» de los candidatos. Esto incluye valorar si un opositor es apto para la atención al público en ventanilla o si sabe interactuar con otros para desempeñar tareas en equipo.
Además, la evaluación seguirá incluyendo componentes memorísticos. Sin embargo, se suman otras modalidades de valoración.
Se añade igualmente un perfil específico para los puestos dentro de la Junta. La intención es que los cargos sean ocupados por personas con formación adecuada, según fuentes del Gobierno andaluz. Por ejemplo, un abogado ocupará un cargo de asesor legal, en lugar de un universitario graduado en otra especialidad.
Transformación de cargos
Esto se debe, añaden, a que antes el candidato con más puntos obtenía la plaza porque el puesto formaba parte de un grupo general sin mayores especificaciones. También evolucionará porque, insisten desde el Gobierno andaluz, «los puestos solicitados en 1998 no son iguales a los de 2025».
Un asunto que preocupa actualmente a la Junta es la renovación generacional. Solo en la Función General –excluyendo Salud o Educación– se prevé la incorporación de hasta 15.000 empleados públicos antes de 2030.
Esto implica que los procesos de oposiciones en Andalucía deberán acelerarse. Se estima que a estos 15.000 cargos se sumen los correspondientes a Sanidad y Educación, los colectivos más numerosos en la función pública regional.
El objetivo es que estas convocatorias masivas estén reguladas bajo el paraguas de este decreto, que entrará en vigor el 28 de febrero, Día de Andalucía.