Miguel Ángel Gallardo conservará su escaño como diputado para mantener su aforamiento y que su caso sea tratado por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.
Gallardo enfrenta un proceso por presunta prevaricación administrativa y tráfico de influencias debido a la creación de una plaza para el hermano de Pedro Sánchez.
El juicio, inicialmente programado para febrero de 2026, se realizará finalmente entre el 28 de mayo y el 4 de junio de 2026.
Ferraz rechaza la propuesta del PSOE de abstenerse en la investidura de María Guardiola para impedir la entrada de Vox en el Gobierno de Extremadura.
Miguel Ángel Gallardo mantendrá su aforamiento. Tras el desplome electoral del domingo, el peor resultado histórico del PSOE en Extremadura, dimitió como líder regional de los socialistas, pero decidió no renunciar a su acta de diputado.
Al aferrarse a su escaño, será ahora el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura quien se encargue del proceso judicial en lugar de la Audiencia Provincial de Badajoz.
Gallardo ya intentó que el caso recayera en ese tribunal anteriormente, promoviendo la renuncia de varios diputados para que ascendiera en la lista y así pudiera obtener inmunidad, pero el TSJ anuló esta maniobra al detectarla como un «fraude de ley».
El político está acusado de presunta prevaricación administrativa y tráfico de influencias por crear un puesto destinado al hermano de Pedro Sánchez durante su mandato como presidente de la Diputación.
Actualmente, el aforamiento le llegará por procedimiento ordinario. Al obtener nuevamente el escaño como diputado autonómico, su defensa podrá pedir que el TSJ de Extremadura sea el tribunal competente.
Otra vía posible es que la Audiencia Provincial de Badajoz, tras conocerse los resultados electorales, informe a las partes involucradas en el caso Hermano que el político ha adquirido la condición de aforado.
En dicha circunstancia, la Fiscalía y las demás acusaciones tendrán que manifestar su postura.
La Audiencia Provincial de Badajoz ya dictó el auto de apertura de juicio oral. Inicialmente, el juicio estaba fijado para febrero de 2026, pero fue aplazado y finalmente se celebrará entre el 28 de mayo y el 4 de junio del mismo año.
Más allá de mantener su escaño, otra sorpresa tras la reunión de la Ejecutiva Regional del PSOE extremeño fue la participación de Juan Carlos Rodríguez Ibarra, expresidente autonómico desde 1983 hasta 2007 y figura destacada con seis mayorías absolutas conseguidas.
Ferraz descarta una abstención
Durante su intervención, Rodríguez Ibarra propuso que el PSOE se abstenga en la investidura de María Guardiola para impedir que Vox forme parte del Ejecutivo extremeño.
Ante esta posibilidad, Gallardo señaló que esa decisión corresponde a la gestora que será nombrada próximamente por la Secretaría de Organización del PSOE.
Sin embargo, desde Ferraz se muestran contundentes y descartan completamente esa abstención.
«En julio, el PSOE ofreció negociar los Presupuestos y Guardiola los rechazó, optando por convocar elecciones», aseguran fuentes cercanas a la dirección del partido.
Otros dirigentes señalan directamente a la presidenta en funciones.
«Será ella quien tenga que decidir sus próximos pasos tras fracasar en su intento de conseguir mayoría absoluta y fortalecer a la extrema derecha más que nunca», manifestó otra fuente de la Ejecutiva.
Esta no es la primera vez que Ferraz adopta una postura similar. En 2022, Óscar Puente, entonces alcalde de Valladolid, sugirió que el PSOE se abstuviera para impedir la entrada de Vox en el Gobierno de Castilla y León, que iba a ser la primera administración regional completamente dependiente de Abascal.
Ferraz no respaldó la propuesta de Puente y obligó a Alfonso Mañueco a buscar el apoyo de Vox a cambio de incluirlos en el Ejecutivo.