Pedro Sánchez y su Ejecutivo afrontan un mandato plagado de numerosos escándalos, desde la detención de Koldo García hasta irregularidades en la Sepi y rescates empresariales controvertidos.
Altos dirigentes del PSOE, entre ellos José Luis Ábalos y Santos Cerdán, han sido encarcelados por su implicación en redes de comisiones ilegales y manipulación de contratos públicos.
Los procesos judiciales también afectan al entorno familiar de Sánchez, con su esposa imputada y su hermano procesado por presuntas prácticas de prevaricación y tráfico de influencias.
El caso Plus Ultra y otros rescates gestionados desde la Sepi están bajo sospecha de lavado de dinero y recepción de comisiones ilícitas por parte de directivos y empresarios cercanos al Ejecutivo.
Desde febrero de 2024, poco después de su investidura, el presidente Pedro Sánchez no ha tenido un solo momento de respiro tras la detención de Koldo García, ex hombre de confianza de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes: fue sólo el inicio.
Desde entonces, las revelaciones escandalosas se han sucedido sin pausa en una legislatura marcada por la crisis.
Sánchez ha sido testigo del ingreso en prisión de sus dos secretarios de Organización del PSOE: José Luis Ábalos (actualmente comparte celda con Koldo en Soto del Real) y Santos Cerdán, quien había sido ratificado en su puesto en el Congreso del PSOE de diciembre de 2024.
La figura conocida como la fontanera de Ferraz, Leire Díez, ha generado numerosas sorpresas. El PSOE minimizó sus actividades (definiéndola como un Pequeño Nicolás) cuando salieron a la luz grabaciones en las que intentaba conseguir información comprometedora para desacreditar a jueces, fiscales y responsables de la UCO que seguían la pista a la corrupción en el Gobierno.
No obstante, este mes de diciembre fue arrestada por recibir comisiones ilegales (junto al expresidente de la Sepi, Vicente Fernández, y el empresario Antxon Alonso) a cambio de mediar en contratos públicos fraudulentos y rescates multimillonarios aprobados por el Ejecutivo.
A pesar de todo, y mientras su esposa y hermano se acercan cada vez más a sentarse en el banquillo, el presidente Pedro Sánchez atribuyó el pasado lunes los escándalos que afectan al Gobierno a “campañas de persecución personal, mentiras y ataques sucios”.
Simultáneamente, multiplica gestos para agradar a sus socios nacionalistas (como la inclusión de Cataluña y País Vasco en la Unesco, o una reunión con Junqueras para cerrar el acuerdo del cupo catalán), en un intento de prolongar la supervivencia de su Gobierno.
1. Arresto de Koldo García
Con descaro, los medios etiquetaron como caso Koldo la red destapada el 21 de febrero de 2024, cuando agentes de la UCO arrestaron en su domicilio a Koldo García, asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes.
Ábalos mostró sorpresa ante la noticia, afirmando que nunca pensó que Koldo estuviera envuelto en actividades ilegales.
La investigación inicial apuntaba a una trama de cobro de comisiones adulteradas en la venta de mascarillas durante la pandemia a varios ministerios y gobiernos autonómicos gobernados por el PSOE, como Canarias (bajo la presidencia del actual ministro Ángel Víctor Torres) y Baleares (Francina Armengol).
Sin embargo, las pesquisas demostraron después la existencia de una red compleja de influencias, que contaba con la colaboración de altos funcionarios del Ministerio de Transportes y jefes de gabinete de varios ministerios.
Aunque sorprendidos, Koldo García no era un desconocido para el PSOE. Acompañó al presidente Pedro Sánchez en su gira por España a bordo de un Peugeot, junto a Ábalos y Cerdán, durante las primarias del PSOE de 2017.
En su libro Manual de Resistencia, Sánchez relató haber confiado a Koldo la custodia de sus avales, como hombre de plena confianza en el partido. Posteriormente, ante el Senado, sostuvo que su relación con Koldo fue «absolutamente anecdótica«.
2. Reflexión de Sánchez tras la imputación de Begoña
En una reacción sin precedentes en las democracias occidentales, el presidente Pedro Sánchez anunció el 24 de abril de 2024 en una «carta a la ciudadanía» la suspensión de todos sus actos oficiales, tomando «cinco días para reflexionar» sobre si «vale la pena» continuar al frente del Gobierno.
Más tarde, se supo que ese mismo día, Moncloa recibió la notificación judicial en la que el juez Juan Carlos Peinado imputaba a la esposa del presidente, Begoña Gómez, tras una denuncia presentada por Manos Limpias.
Aunque la investigación de Peinado ha sufrido varios retrocesos y obstáculos, ya se le atribuyen cinco supuestos delitos: tráfico de influencias, corrupción en el ámbito privado, apropiación indebida, intrusismo profesional y malversación.
El rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, declaró ante el juez que fue citado para una reunión en la Moncloa donde se abordó la creación del máster que Begoña Gómez llegó a codirigir.
Si el proceso llega a juicio, Gómez tendrá que explicar si registró a su nombre el software valorado en más de 200.000 euros que empresas como Google, Indra y Telefónica habían donado a la Complutense.
Asimismo, deberá aclarar si utilizó a su asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, financiada con fondos públicos, para gestionar los patrocinios de su cátedra y máster, como evidencian varios correos electrónicos.
Por otro lado, la Audiencia Provincial de Madrid ha descartado otras líneas de investigación abiertas por Peinado, como la posible implicación de Gómez en el rescate de Air Europa, señalada por Víctor de Aldama y José Luis Ábalos.
El magistrado acudió al Palacio de la Moncloa el 29 de julio de 2024 para tomar declaración como testigo al presidente del Gobierno.
Posteriormente, Sánchez utilizó a la Abogacía del Estado para interponer una querella contra Peinado por prevaricación, a raíz de que no se le permitió declarar por escrito, opción que consideraba su derecho como presidente.
Este intento para apartar a Peinado fracasó: en octubre de 2024, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Madrid rechazó admitir la querella, calificándola de «especulativa» y sin indicios de prevaricación.
3. La pesadilla que representa Aldama
Víctor de Aldama se convirtió en un verdadero problema para el Gobierno el 21 de noviembre de 2024, cuando abandonó la prisión de Soto del Real comprometido a colaborar con la Justicia y lanzó a los medios una advertencia para Pedro Sánchez: «Si quiere pruebas, no tiene de qué preocuparse, las tendrá«.
Ha cumplido ambas promesas al declarar el 12 de enero ante el magistrado Leopoldo Puente en el Supremo, asegurando que durante más de un año pagó a Koldo García una mensualidad de 10.000 euros para obtener favores gubernamentales y manipular adjudicaciones de obras públicas.
Esta red contó con la complicidad de cargos del Ministerio de Transportes, entre ellos la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera y el exdirector general de Carreteras Javier Herrero.
Aldama también aseguró haber entregado dinero en efectivo a José Luis Ábalos en su despacho y residencia oficial.
Cuando Aldama publicó un listado de contratos amañados a cambio de comisiones, el ministro Óscar Puente difundió un informe que negaba irregularidades en esos procesos.
No obstante, los informes de la UCO han confirmado las declaraciones de Aldama, incluyendo alusiones al «cupo navarro«, una red paralela de comisiones de la que se beneficiaba Santos Cerdán.
Víctor de Aldama afirmó además que, gracias a la intervención de Koldo, tuvo acceso a los jefes de gabinete de tres ministros (Hacienda, Industria e Interior) para facilitar negocios y favores a diversas empresas.
También declaró haber entregado 25.000 euros al jefe de gabinete de María Jesús Montero, Carlos Moreno, a fin de obtener un aplazamiento fiscal.
La vicepresidenta inicialmente defendió públicamente a su jefe de gabinete, aunque después confirmó que éste se había reunido en cuatro ocasiones con Aldama.
4. El hermano de Sánchez ante la justicia
Al declarar como imputado, el músico David Sánchez, hermano del presidente, tuvo dificultades para explicar sus funciones como director de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz y la ubicación de esta entidad.
Afirmó que conoció la convocatoria del puesto buscando en Google mientras tomaba un café.
La instrucción de la juez Beatriz Biedma constata que, horas después de la publicación, varios funcionarios daban por hecho que el puesto sería para el «hermanísimo» del entonces secretario general del PSOE.
Asimismo, se detectaron posibles irregularidades en la valoración de los candidatos para el cargo.
Al trascender que Manos Limpias presentó una denuncia al respecto, la Diputación apresuró la habilitación de un despacho para el hermano del presidente.
David Sánchez, conocido artísticamente como David Azagra, estuvo residiendo fiscalmente en Portugal, donde la carga tributaria es considerablemente menor que en España.
La Fiscalía sostiene que durante el mandato del socialista Miguel Ángel Gallardo al frente de la Diputación de Badajoz se creó una plaza a medida para su asignación a David Sánchez (primero como coordinador de los conservatorios y luego como director de la Oficina de Artes Escénicas).
El pasado 25 de mayo, la juez Biedma dictó auto de procesamiento y envió a juicio a David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo, actual líder del PSOE en Extremadura, por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias.
Gallardo inició entonces una carrera contrarreloj para obtener el estatus de aforado como diputado autonómico, con el fin de ser juzgado exclusivamente por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJE).
Para ello, provocó la dimisión de un diputado del PSOE y de cuatro miembros más de su candidatura en una maniobra coordinada desde Moncloa.
La Audiencia Provincial de Badajoz consideró que dicha maniobra constituye un «fraude de ley«. El juicio está previsto inicialmente para febrero, aunque podría retrasarse si Gallardo es reelegido diputado en las elecciones de este domingo.
5. La fontanera Leire Díez
Leire Díez, la conocida fontanera de Ferraz, se presentó ante los medios durante media hora en una concurrida comparecencia sin preguntas el 4 de junio en un hotel de Madrid.
Justo entonces, salieron a la luz grabaciones donde se le veía tratando con empresarios imputados, a quienes ofrecía favores de la Fiscalía a cambio de información para desprestigiar a jueces, fiscales y jefes de la UCO que investigaban la corrupción en el PSOE.
Leire aseguró en esos encuentros (a menudo acompañada por el empresario Javier Pérez Dolset y el abogado Jacobo Teijelo) que su propósito era obtener datos para escribir un libro como «periodista de investigación«.
La rueda de prensa se convirtió en un espectáculo cuando irrumpió el empresario Víctor de Aldama, y Díez afirmó sentirse intimidada ante su presencia.
El PSOE quiso desvincularse de semejante personaje, calificándola de un simple militante y comparándola con un Pequeño Nicolás.
Sin embargo, Leire había ocupado cargos por designación gubernamental como directora de relaciones institucionales de Correos y ENUSA, empresa pública que suministra uranio a las centrales nucleares españolas.
Además, trabajó en Zaño Sociedad Consultora SL, la consultora de Gaspar Zarrías, exlíder del PSOE andaluz condenado por el caso de los ERE.
Como informó EL ESPAÑOL, Leire Díez mantuvo una reunión en Ferraz con Santos Cerdán mientras Pedro Sánchez cumplía su período de reflexión.
En ese encuentro también estuvieron el segundo de Cerdán, Juanfran Serrano; Antonio Hernando (actual secretario de Estado de Telecomunicaciones); Ion Antolín (exjefe de prensa del PSOE y secretario de Estado de Comunicación en Moncloa), la periodista Patricia López, y los mencionados Jacobo Teijelo y Pérez Dolset.
Durante la reunión se escuchó una grabación donde el comisario Villarejo mencionaba el negocio de saunas y prostíbulos de Sabiniano Gómez, suegro de Pedro Sánchez.
El juez Arturo Zamarriego investiga a Leire Díez por posible chantaje a los fiscales Anticorrupción José Grinda y Ignacio Stampa, a quienes prometió destinos y mejoras profesionales a cambio de información comprometedora sobre jueces, mandos de la UCO y colegas del Ministerio Público.
Estas conversaciones, grabadas por Stampa, mostraban a Leire como emisaria del PSOE y del Gobierno: «Yo soy la persona que el PSOE puso para conocer qué hay detrás de todo esto».
Está imputada por cohecho y tráfico de influencias.
Este medio reveló que Leire Díez visitó la redacción de EL ESPAÑOL y otros medios para ofrecer un vídeo sexual con la intención de desprestigiar al fiscal Grinda.
6. Cerdán entra en prisión
El juez Leopoldo Puente, del Supremo, ordenó el 30 de junio el ingreso en prisión del segundo secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, apenas quince días después de que la UCO presentara un informe cargado de indicios incriminatorios.
La investigación reveló un contrato privado por el que el empresario Antxon Alonso vendió a Santos Cerdán el 45% de las acciones de la constructora Servinabar, beneficiaria de contratos millonarios con el Ministerio de Transportes y el Gobierno de Navarra (normalmente en UTE con Acciona).
Entre los contratos destacados, el desdoblamiento de túneles de Belate por 76 millones de euros. Un técnico que denunció irregularidades en la licitación fue luego objeto de represalias por parte del Gobierno de María Chivite.
La constructora Servinabar realizó pagos a la esposa, hermana y cuñado de Cerdán, al expresidente de la Sepi Vicente Fernández y otros cargos socialistas.
Además, la empresa cubría el alquiler del ático que ocupaba Santos Cerdán en Madrid. Él y su esposa gastaron 33.574 euros usando una tarjeta a nombre de Servinabar, incluyendo vacaciones en Ibiza y Tenerife.
El empresario Antxon Alonso llegó a comentar en un chat: «A Paqui la conocen todas las vendedoras de El Corte Inglés«.
Tras recuperar la libertad, Cerdán compareció el 17 de diciembre ante la comisión de investigación del Senado por el caso Koldo y negó todos los cargos.
Afirmó ser víctima de una persecución por negociar el pacto de investidura de Sánchez con Bildu y Junts.
Era también el encargado de viajar a Suiza mensualmente para negociar las peticiones de Carles Puigdemont. Su socio, Antxon Alonso, facilitó el acercamiento del PSOE con PNV y Bildu.
Antes de abandonar el Senado, Cerdán desafió al portavoz del PSOE Alfonso Gil, quien le había reprochado: «¿Puede usted hacerme una crítica ética?»
7. Sánchez declara en el Senado
El presidente Pedro Sánchez compareció el 30 de octubre, tras petición del PP, ante la comisión de investigación del Senado para el caso Koldo.
Durante horas, respondió con tono desafiante a las preguntas de los senadores, jugueteando con unas gafas que no parecía necesitar, como si, paciente, intentara dar una lección a alumnos revoltosos.
«Los hábitos personales de Ábalos no solo me decepcionan, sino que me repugnan y los rechazo plenamente», afirmó al referirse a una grabación donde su exministro comentaba sobre prostitutas contratadas.
Negó que el PSOE haya recibido financiación ilegal y admitió haber cobrado algunas liquidaciones en efectivo por cantidades «anecdóticas».
«Estoy seguro de que alguna vez he liquidado gastos siempre respaldados por factura«, añadió.
También calificó como «absolutamente anecdótica» su relación con Koldo García, a pesar de que le acompañó en la gira en Peugeot junto a Ábalos y Cerdán, y que le confió la custodia de sus avales en las primarias.
Sin embargo, ante otras preguntas optó por evasivas y dijo desconocer si la campaña de primarias del PSOE recibió aportaciones de su suegro, vinculado a negocios de prostíbulos.
«No tengo información sobre si mi suegro, que ya falleció, pudo donar como particular», manifestó.
8. Condena al fiscal general
El Tribunal Supremo sentenció el 20 de noviembre al fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz a dos años de inhabilitación por filtrar información confidencial sobre la pareja de Ayuso.
Además, fue condenado a pagar 7.200 euros de multa y a indemnizar con 10.000 euros por daños morales a González Amador.
La sentencia señala indicios «sólidos, coherentes y concluyentes» de que García Ortiz, o alguien cercano con su conocimiento, filtró a la prensa un correo del 2 de febrero de 2024 en el que el abogado de González Amador admitía dos delitos fiscales.
El tribunal destaca que García Ortiz realizó un «borrado minucioso» de sus mensajes de WhatsApp el mismo día que se le notificó la imputación.
También eliminó su cuenta personal de Gmail, donde había solicitado que le enviaran el email del abogado.
Durante el juicio, varios periodistas de medios como El País, La Ser, El Diario y La Sexta declararon que García Ortiz era inocente y se negaron a revelar la fuente que les filtró el correo, amparándose en el secreto profesional.
En cualquier caso, el Supremo también condenó al exfiscal por difundir una nota de prensa (que reconoció haber dictado) que contenía datos fiscales protegidos del novio de Ayuso.
La Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la que pertenece García Ortiz, ha iniciado una recogida de firmas para solicitar al Gobierno un indulto.
Antes y después de la condena, el Gobierno ha mantenido que García Ortiz es inocente, y el presidente Pedro Sánchez sugirió que la sentencia será revisada por el Tribunal Constitucional.
9. La caída de Ábalos
El juez del Supremo Leopoldo Puente ordenó el 27 de noviembre la encarcelación del exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García, al considerarse un «alto riesgo de fuga».
Ambos enfrentan hasta 30 años de multa por la recepción de comisiones en la trama de las mascarillas.
Desde poco antes de ingresar en prisión, Ábalos y Koldo han amenazado con revelar toda la verdad ante el juez y han lanzado advertencias al Gobierno.
Ábalos afirmó que Begoña Gómez intervino para acelerar el rescate público a Air Europa, a petición de Javier Hidalgo, cuyo empresa Wakalua patrocinó el África Center cuando la dirigía la esposa del presidente.
El exministro confirmó además la información difundida por EL ESPAÑOL, según la cual Pedro Sánchez se reunió con Arnaldo Otegi en una casa rural de Vizcaya para negociar el apoyo de Bildu a la moción de censura contra Rajoy, encuentro que ambos negaron.
10. Los sobres con «chistorras»
En las grabaciones incautadas por la UCO, Koldo García utilizaba términos como «chistorras», «soles» y «lechugas» para referirse a billetes de 500, 200 y 100 euros entregados en sobres en la sede de Ferraz. Presuntamente, representaban la liquidación de gastos de Koldo y Ábalos.
El PSOE reconoció ante el juez del Supremo Leopoldo Puente que entre 2017 y 2024 retiró 940.388 euros en efectivo para pagos a sus dirigentes.
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno abrió una pieza secreta el 17 de diciembre para indagar en estos pagos, al sospechar que este procedimiento pudo haberse usado para que Ábalos blanqueara sobornos.
La empresaria Carmen Pano declaró que entregó 90.000 euros en efectivo, dentro de bolsas de plástico, en la sede del PSOE en Ferraz por encargo de Víctor de Aldama.
11. Los rescates dirigidos por la Sepi
Aún se desconoce el alcance total de la operación policial iniciada por la UCO el 10 de diciembre, cuando arrestó a Leire Díez, al expresidente de la Sepi Vicente Fernández y al empresario Antxon Alonso, socio de Cerdán en Servinabar.
Los tres quedaron en libertad el día 13, tras comparecer ante el juez Antonio Piña de la Audiencia Nacional.
Según EL ESPAÑOL, Díez, Alonso y Fernández ofrecían a empresarios la adquisición de edificios históricos de Correos con garantías de financiación pública, a cambio de comisiones.
La operación policial incluyó registros en la Sepi, Correos, Mercasa y los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica.
Asimismo, en otras sociedades como Florestalia y Mediaciones Martínez SL, empresa que supuestamente canalizaba el cobro de comisiones.
Esta consultora, sin empleados, recibió un pago de 114.950 euros de Tubos Reunidos, grupo rescatado por el Gobierno con 112,8 millones de euros mediante facturación presuntamente falsa.
El juez Piña también investiga una comisión de 400.000 euros que la mercantil Erri Berri habría pagado a la trama para obtener un contrato público en el Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA).
Además, se investiga un presunto pago de comisiones de Acciona, interesada en adjudicarse dos explotaciones de la empresa pública Enusa (donde Díez fue directora de comunicación): una incineradora en Melilla y un centro de residuos en Castellón.
12. Lavado de dinero en Plus Ultra
La UDEF detuvo el 11 de diciembre a Roberto Roselli y Julio Martínez Sola, CEO y presidente de Plus Ultra, aerolínea rescatada por el Gobierno con 53 millones de euros durante la pandemia.
Horas después arrestaron a otro empresario, Julio Martínez Martínez, también vinculado a la aerolínea.
Los tres quedaron en libertad con medidas cautelares el 13 de diciembre, tras declarar ante la juez Esperanza Collazos.
Según EL ESPAÑOL, la magistrada y la Fiscalía Anticorrupción investigan si habrían participado en delitos de blanqueo de capitales provenientes del tráfico de oro y petróleo de Venezuela, y del programa chavista de alimentos CLAP.
El PP anunció que citará al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ante la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo para esclarecer su supuesta intervención (según Víctor de Aldama) en el rescate de la compañía.