La juez María Tardón ha reactivado un proceso judicial contra la etarra Ainhoa Múgica, conocida como Olga, relativo a un atentado cometido en 2002, tras constatar su presencia en la Audiencia Nacional.
En 2004, Ainhoa Múgica fue procesada por tentativa de asesinato terrorista al desempeñar un rol de mando en ETA, pero el procedimiento fue archivado debido a un fallo en la notificación desde Francia.
Las autoridades francesas autorizaron en su momento el procesamiento contra Múgica por dicho atentado, aunque dicha comunicación no llegó correctamente a España, lo que ha posibilitado la reapertura del caso.
Actualmente interna en la prisión de Logroño, Múgica se presentó en la Audiencia Nacional para un juicio diferente, en el que admitió haber ordenado el asesinato de un concejal de UPN en 2001.
La juez María Tardón ha reactivado el expediente judicial contra la etarra Ainhoa Múgica (alias Olga) por un atentado perpetrado hace 23 años.
La magistrada tomó esta medida al descubrir, de forma fortuita, que esta líder de ETA se encontraba en la Audiencia Nacional, a solo unas plantas debajo de su oficina. La acusada asistía a un juicio por otros hechos en los que también estaba involucrada.
El 6 de noviembre pasado, Múgica fue juzgada por el asesinato del concejal de Unión del Pueblo Navarro (UPN), José Javier Múgica Astibia, ocurrido en 2001. En el tribunal, ella reconoció haber dado la orden para este ataque letal.
Aquel mismo día por la mañana, al llegar a la Audiencia Nacional, Tardón desconocía la presencia de Olga en las instalaciones. Sin embargo, se enteró de que la etarra aguardaba en los pasillos que conducen a las salas de juicio.
Entonces, la juez decidió reabrir un expediente que había sido archivado años antes, a causa de que las autoridades españolas no fueron notificadas, por un error, de la autorización otorgada por Francia para procesar a Múgica.
El desarrollo del caso es el siguiente. En 2004, el Juzgado Central de Instrucción 3, bajo la dirección de la juez María Teresa Palacios, procesó a Ainhoa Múgica y a otros cuatro miembros de ETA por un presunto delito de asesinato terrorista en grado de tentativa, ocurrido cuando Olga estaba al mando del aparato militar de ETA.
Estos hechos sucedieron en 2002, año en que comenzaron las investigaciones. Poco después del atentado, las autoridades francesas arrestaron a Múgica en su territorio.
Según una resolución judicial de hace más de veinte años, consultada por EL ESPAÑOL, el comando Txirrita, bajo la dirección de Olga, instaló explosivos en un vehículo estacionado frente a una sede de Repsol.
El atentado no causó muertes, aunque varios agentes de la Guardia Civil sufrieron heridas y se produjeron daños materiales.
En dicha resolución de 2004, la juez Palacios también emitió una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) para que algunos procesados localizados en el extranjero fueran encarcelados y extraditados a España.
En 2007, el mismo Juzgado Central de Instrucción 3, estando al frente el actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, solicitó a Francia que se autorizara el procesamiento de Ainhoa Múgica por aquel atentado en Madrid.
Francia respondió favorablemente, pero esa decisión nunca fue comunicada formalmente a las autoridades españolas. Por este motivo, la causa contra Múgica fue archivada provisionalmente.
Sin embargo, más de quince años después del archivo, el 6 de noviembre, al ser informada de la presencia de la etarra en la Audiencia Nacional, Tardón reabrió el procedimiento.
Tal decisión se tomó tras consultar con la actual magistrada enlace en Francia, quien confirmó que la autorización francesa para procesarla sí existía, aunque no había sido notificada correctamente.
Así, el caso ha sido reanudado. Tardón ya ha solicitado al fiscal José Perals que indique si se debe continuar con las diligencias contra Olga.
En esta ocasión, la Audiencia Nacional ha recibido y traducido la documentación oficial donde las autoridades francesas aceptan la entrega de la terrorista para ser juzgada por el atentado en Madrid.
En 2007, tras la petición formulada por Marlaska, la etarra se amparó en el principio de especialidad, que establece que el Estado miembro de la Unión Europea —en este caso, España— que quiera procesar o condenar a una persona por un delito distinto al que motivó su entrega por otro Estado —Francia— debe obtener el consentimiento de este último en relación a esos nuevos cargos.
Actualmente, Ainhoa Múgica se encuentra internada en la prisión de Logroño. No obstante, al acudir a la Audiencia Nacional para responder por el asesinato del concejal de UPN, gozaba del llamado autogobierno penitenciario, un permiso que le permite salir de la cárcel durante el día y regresar solo para dormir, evitando así su traslado a un centro penitenciario en Madrid.