La Audiencia Provincial de Madrid respalda la apertura de una investigación por posible malversación contra Begoña Gómez y su asistente Cristina Álvarez.
Cristina Álvarez, actuando en representación de Begoña Gómez, solicitó a Reale Seguros que mantuviera el financiamiento de una cátedra universitaria y participó directamente en la administración de sus recursos económicos.
El tribunal considera un indicio de malversación el hecho de que Álvarez, amiga cercana de Gómez, fuera designada para un cargo de confianza en lugar de un experto en protocolo.
La Audiencia subraya que las funciones de Álvarez superaban sus responsabilidades formales, lo cual podría ocasionar un daño al patrimonio público.
La Audiencia Provincial de Madrid confirma la decisión del juez Juan Carlos Peinado de investigar por un posible delito de malversación a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, y a Cristina Álvarez, su asistente en el Palacio de la Moncloa.
El tribunal recuerda que Álvarez, actuando en nombre de Gómez, solicitó a la empresa Reale Seguros continuar patrocinando la Cátedra universitaria que Gómez codirigía en ese momento en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
En abril de 2024, Álvarez se puso en contacto con la aseguradora mediante un correo electrónico, cuya existencia fue revelada por EL ESPAÑOL.
«Begoña me pide que te transmita que le gustaría que continuasen como patronos de la Cátedra, incluso si es con una cantidad menor. Estamos dispuestos a colaborar en lo que necesitéis», expresó a una directiva de Reale.
Esta no fue la única intervención que Álvarez realizó en beneficio de los asuntos privados de la esposa de Sánchez. Se registran otros 121 correos intercambiados entre Álvarez y la UCM. De hecho, Álvarez participó en la administración financiera de la cátedra y en los acuerdos con sus patrocinadores.
Un caso más: en febrero de 2022, envió un correo al entonces vicerrector Juan Carlos Doadrio detallando los términos de un acuerdo con una empresa.
En plural, la asistente explicaba: «Queremos algo que, sobre todo, deje constancia [de que], en caso de beneficios, Mindway debe entregar el 10% a la Cátedra».
Ni la defensa de Begoña Gómez, ni la Fiscalía ni el abogado de Cristina Álvarez reconocen estas actuaciones como un delito de malversación. Sin embargo, Peinado, el juez instructor, sí atribuye este delito a ambas mujeres.
La Audiencia de Madrid, que ejerce control sobre el instructor, ha ratificado que continúen siendo investigadas por este presunto delito. En el momento en que se convoque un posible juicio, Peinado tendrá que definir jurídicamente y con precisión los hechos objeto de investigación.
El tribunal enfatiza además que la resolución mediante la cual el juez citó a Gómez y Álvarez a declarar por malversación estaba debidamente fundamentada.
«Está justificada, exponiendo el instructor los indicios que, a su juicio, fundamentan la diligencia acordada, que no es más que escuchar la declaración de las investigadas, lo cual no supone una vulneración de derechos fundamentales, puesto que pueden acogerse a su derecho a no declarar, como ya han hecho en otras ocasiones», señala la Audiencia madrileña.
Basándose en los correos mencionados —en especial, el enviado a Reale Seguros—, el tribunal concluye que «existen indicios del posible exceso en las funciones de la asistente».
Por otra parte, destaca que el hecho de que Álvarez, «amiga íntima» de Gómez, fuera seleccionada en lugar de un especialista en protocolo, «resulta cuestionable» y podría constituir por sí solo un «primer indicio que sustente el delito de malversación».
La Audiencia recuerda que es «la primera ocasión, en este tipo de nominaciones, que no se encarga a un funcionario especializado en protocolo, para un desempeño óptimo», sino a una persona de «máxima confianza» de la esposa de un presidente del Gobierno.
«No para guiarla en el complejo ámbito de formalidades, ceremonias y actos oficiales, sino para garantizar el fiel cumplimiento del propósito aparentemente planteado, atendiendo a sus intereses personales, con el consiguiente daño al patrimonio público, lo que podría encajar en el delito de malversación», sostiene la Sección 23 de la Audiencia madrileña.
En una resolución de 13 páginas fechada el 5 de febrero y publicada este jueves, la Audiencia de Madrid recuerda que «el delito de malversación abarca todos los bienes y derechos con contenido patrimonial valorable económicamente que puedan pertenecer a las administraciones».
Este listado incluye, por ejemplo, billetes de lotería o el capital de sociedades públicas, así como «la fuerza de trabajo» cuando se utiliza a un empleado público en horarios destinados al servicio para la Administración.
Favores puntuales
En su declaración como investigada ante el juez Peinado, Begoña Gómez reconoció mantener una estrecha amistad con Álvarez desde hace más de 20 años. Por ello, la eligió en 2018, cuando Sánchez asumió la Moncloa, para desempeñarse como directora de Programas de la Presidencia del Gobierno, un cargo eventual de confianza.
La esposa del presidente del Ejecutivo admitió que la asistente le realizó «favores» calificándolos de puntuales, debido a este vínculo de larga data.
Sin embargo, estos favores incluyeron, entre otros asuntos, el intercambio de 121 correos electrónicos con responsables de la UCM, la participación en la gestión financiera de la cátedra y la propuesta a Reale Seguros de que continuase como patrocinadora.
Además, Indra, a requerimiento del juez Peinado, ha entregado otros 38 correos electrónicos intercambiados entre miembros de esta empresa y Álvarez, cuyo contenido aún es desconocido.
La compañía contribuyó de manera voluntaria con más de 150.000 euros para desarrollar un software adscrito a la mencionada cátedra.
El instructor también indaga si Begoña Gómez se apropió de esta herramienta digital, cuyos servicios se ofrecían —aunque de forma gratuita— en una web de su propiedad.
Gómez confirmó —y Álvarez lo ratificó— que el trabajo en Moncloa de esta última abarcaba las 24 horas del día, los siete días de la semana.
La Audiencia de Madrid alude a este aspecto en su fallo. El tribunal admite que, «probablemente», así fuera y que la asesora se mantuviera activa «durante las veinticuatro horas, los siete días de la semana, lo que, desde luego, parece excesivo».
Según la Sección 23, este comportamiento refleja más la actitud de «una amiga interesada en los asuntos lucrativos» de Begoña Gómez «que el desempeño frío de una responsable de agenda y asuntos protocolarios».